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{"title":"Ley-20201 31-Jul-2007","document_type":"documento","category":"general","chroma:document":"Ley 20201\nBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 18-Ene-2026\npágina 1 de 4\nLey 20201\nMODIFICA EL DFL Nº 2, DE 1998, DE EDUCACION, SOBRE SUBVENCIONES A\nESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y OTROS CUERPOS LEGALES\nMINISTERIO DE EDUCACIÓN\nFecha Publicación: 31-JUL-2007 | Fecha Promulgación: 06-JUN-2007\nTipo Versión: Única De : 31-JUL-2007\nUrl Corta: https://bcn.cl/2sdbn\nLEY NUM. 20.201\nMODIFICA EL DFL Nº 2, DE 1998, DE EDUCACION, SOBRE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS\nEDUCACIONALES Y OTROS CUERPOS LEGALES\n     Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al\nsiguiente\n     Proyecto de ley:\n     \"Artículo 1º.- Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del\nMinisterio de Educación, en el siguiente sentido:\n     1.- Agrégase, en la letra a) del artículo 6º, a continuación del guarismo\n\"21º\" y antes de la expresión \"de la ley Nº 18.962;\" el guarismo \"y 21° bis\".\n     2.- En el artículo 9º:\n     a) Sustitúyese, en el inciso primero, el apartado \"Educación General Básica\nEspecial Diferencial 4,8216\" por el de \"Educación Especial Diferencial 4,8216\".\n     b) Intercálase, en el inciso primero, entre el nuevo apartado \"Educación\nEspecial Diferencial 4,8216\" y el apartado \"Educación Media Humanístico Científica\n1,7631\", un nuevo apartado denominado \"Necesidades Educativas Especiales de Carácter\nTransitorio 4,8216\".\n     c) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto,\nséptimo y octavo, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser noveno y así\ncorrelativamente:\n     \"Para los efectos de esta ley, se entenderá por Necesidades Educativas\nEspeciales de Carácter Transitorio, aquellas no permanentes que requieran los\nalumnos en algún momento de su vida escolar a consecuencia de un trastorno o\ndiscapacidad diagnosticada por un profesional competente, y que necesitan de ayudas y\napoyos extraordinarios para acceder o progresar en el currículum por un determinado\nperíodo de su escolarización. El Reglamento determinará los requisitos,\ninstrumentos o pruebas diagnósticas para establecer los alumnos con necesidades\neducativas especiales que se beneficiarán de la subvención establecida en el inciso\nanterior, debiendo primero escuchar a los expertos en las áreas pertinentes. Con\ntodo el Reglamento considerará entre otras discapacidades a los déficit\natencionales y a los trastornos específicos del lenguaje y aprendizaje.\n     Se entenderá por profesional competente, el idóneo que se encuentre inscrito\nen la Secretaría Ministerial de Educación respectiva. En todo caso, será inhábil\n\nLey 20201\nBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 18-Ene-2026\npágina 2 de 4\npara realizar diagnósticos de ingresos y egresos, el profesional que tenga la\ncalidad de sostenedor de una escuela especial o de un establecimiento con proyectos\nde integración o el cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de\nconsanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, de un sostenedor de los mismos\nestablecimientos.\n     Se cancelará la inscripción, en la Secretaría Regional Ministerial de\nEducación, del profesional que efectúe diagnósticos con clara intención\nfraudulenta destinada a obtener la subvención, sin perjuicio de las acciones\njudiciales que correspondan.\n     Será considerada infracción grave a esta ley, el uso de parte del sostenedor\nde un diagnóstico fraudulento para obtener la subvención de que trata este\nartículo.\n     En caso de discrepancia, controversia o apelación, serán los profesionales del\nMinisterio de Educación, en consulta con organismos auxiliares competentes, los que\ndeberán decidir en última instancia.\n     Lo dispuesto en los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto de este artículo\nserá aplicable a los diagnósticos de los alumnos que perciban la subvención de\nEducación Especial Diferencial.\n     El monto de subvención para alumnos de Educación Especial Diferencial y/o con\nNecesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio fijado en el inciso\nprimero, cuando se trate de alumnos atendidos en la enseñanza regular, podrá\nfraccionarse y pagarse en relación a las horas de atención que efectivamente\nrequiera el alumno para la superación de su déficit, de acuerdo a lo establecido en\nel reglamento correspondiente. En las escuelas de educación especial que desarrollen\nen su totalidad el plan y programas de estudio correspondiente, en ningún caso se\naplicará este fraccionamiento.\".\n     d) Sustitúyese, en el inciso cuarto, que pasa a ser undecimo, la expresión\n\"educación general básica especial diferencial\" por la de \"educación especial\".\n     e) Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso sexto, que pasa a\nser décimotercero:\n     uno) Reemplázase la frase \"considerados de educación especial diferencial\" por\nla de \"considerados de educación especial\", y\n     dos) Sustitúyese la frase \"subvención de la Educación General Básica\nEspecial Diferencial.\" por la de \"subvención de la Educación Especial Diferencial o\nsubvención de Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio, según\ncorresponda.\".\n     f) Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso séptimo que ha\npasado a ser inciso décimocuarto:\n     uno) Sustitúyese la frase \"considerados de educación especial diferencial\" por\nla de \"considerados de educación especial\", y\n     dos) Reemplázase la frase \"subvención general básica especial diferencial\"\npor la de \"subvención de la Educación Especial Diferencial o subvención de\nNecesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio, según corresponda.\".\n     3. Sustitúyese el inciso primero del artículo 9º bis, por los siguientes:\n     \"Artículo 9° bis.- Sin perjuicio de lo establecido en las tablas del artículo\n\nLey 20201\nBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 18-Ene-2026\npágina 3 de 4\nprecedente, los establecimientos que atiendan alumnos con discapacidad visual,\nauditiva, disfasia severa, trastorno autista, deficiencia mental severa o con\nmultidéficit, que de acuerdo a las necesidades educativas especiales de dichos\nalumnos deban ser atendidos en cursos de no más de ocho estudiantes, percibirán por\nellos un incremento de la subvención establecida en el artículo anterior, en 4,00\nUnidad de Subvención Educacional (USE), y en 4,51 Unidad de Subvención Educacional\n(USE) si se encontraren adscritos al sistema de Jornada Escolar Completa Diurna, el\nque se pagará conforme a las normas generales establecidas para los montos de\nsubvención señalados en el artículo 9º.\n     El reglamento determinará los requisitos, instrumentos o pruebas diagnósticas\npara establecer los alumnos con discapacidades que se beneficiarán de lo dispuesto\nen el inciso anterior, debiendo primero escuchar a los expertos en las áreas\npertinentes.\".\n     4. Sustitúyese, en el inciso cuarto del artículo 14, la expresión \"Educación\nGeneral Básica Especial Diferencial\" por la siguiente \"Educación Especial\".\n     5. Intercálase, en el inciso primero del artículo 23, entre las expresiones\n\"educación general básica diurna\", y la frase \"y de educación media diurna\", la\nexpresión \", educación especial\".\n     6. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 36, la expresión\n\"educación general básica especial diferencial\" por la siguiente: \"educación\nespecial\".\n     7. En el artículo 37:\n     a) Sustitúyese, en el inciso primero el apartado \"Educación Básica Especial\nDiferencial 1,5674\", por el de \"Educación Especial Diferencial 1,5674\".\n     b) Agrégase, en el mismo inciso primero, entre el nuevo apartado \"Educación\nEspecial Diferencial 1,5674\" y el apartado \"Educación Media Humanístico-Científica\n0,5792\", el nuevo apartado \"Necesidades Educativas Especiales de Carácter\nTransitorio 1,5674\".\n     8. En el artículo 41:\n     a) Sustitúyese, en el inciso primero, el apartado \"Educación General Básica\nEspecial Diferencial $ 1.353\" por el de \"Educación Especial Diferencial $ 1.353\".\n     b) Intercálase, en el mismo inciso primero, entre el nuevo apartado \"Educación\nEspecial Diferencial $ 1.353 \" y el apartado \"Educación Media Científica-Humanista\n$ 561\", el nuevo apartado \"Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio\n$ 1.353\".\n     c) Sustitúyese, en el inciso segundo, el apartado \"Educación General Básica\nEspecial Diferencial $ 2.374\" por el de \"Educación Especial Diferencial $ 2.374\".\n     d) Agrégase, en el mismo inciso segundo, entre el nuevo apartado \"Educación\nEspecial Diferencial $ 2.374\" y el apartado \"Educación Media Científico-Humanista $\n985\", el nuevo apartado \"Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio $\n2.374\".\n     e) Sustitúyese, en el inciso sexto, el apartado \"Educación General Básica\nEspecial Diferencial $ 2.516,44\" por el de \"Educación Especial Diferencial $\n2.516,44\".\n     f) Intercálase, en el mismo inciso sexto, entre el nuevo apartado \"Educación\n\nLey 20201\nBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 18-Ene-2026\npágina 4 de 4\nEspecial Diferencial $ 2.516,44\" y el apartado \"Educación Media Científico-\nHumanista $1.044,10\", el nuevo apartado \"Necesidades Educativas Especiales de\nCarácter Transitorio $ 2.516,44\".\n     9. En el artículo quinto transitorio:\n     a) Sustitúyese, en el inciso segundo, el apartado \"Educación Básica Especial\nDiferencial 0,0813 USE\" por el de \"Educación Especial Diferencial 0,0813 USE\".\n     b) Agrégase, en el mismo inciso segundo, a continuación del nuevo apartado\n\"Educación Especial Diferencial 0,0813 USE\", el nuevo apartado \"Necesidades\nEducativas Especiales de Carácter Transitorio 0,0813 USE\".\n     Artículo 2º.- Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, en el artículo 16\nde la ley Nº 19.410, pasando el actual tercero a ser cuarto y final:\n     \"En la evaluación de desempeño de las escuelas especiales que no cuenten con\ninformación de niveles de logro provenientes de la aplicación del sistema de\nmedición de la calidad de la educación del artículo 19 de la ley Nº 18.962, no se\nconsiderarán los factores establecidos en las letras a) y b) de este artículo,\ndebiendo redistribuirse proporcionalmente los porcentajes asignados en el reglamento\npara estos factores en los porcentajes asignados por el mismo reglamento a los\nfactores c), d), e) y f) del mismo artículo.\".\n     Artículo 3°.- Reemplázase el artículo 31 de la ley 19.284, por el siguiente:\n     \"Artículo 31.- A los alumnos y alumnas del sistema educacional de enseñanza\npre básica, básica o media que padezcan de patologías o condiciones\nmédico-funcionales que requieran permanecer internados en centro especializados o en\nel lugar que el médico tratante determine o que estén en el tratamiento médico\nambulatorio, el Ministerio de Educación les proporcionará la correspondiente\natención escolar en el lugar que por prescripción médica deban permanecer, la que\nserá reconocida para efectos de continuación de estudios y certificación de\nacuerdo con las normas que establezca ese Ministerio.\".\".\n     Habiéndose rechazado el requerimiento interpuesto en su contra, y por cuanto he\ntenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto\ncomo Ley de la República.\n     Santiago, 6 de junio de 2007.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la\nRepública.- Yasna Provoste Campillay, Ministra de Educación.- Andrés Velasco\nBrañes, Ministro de Hacienda.\n     Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Pilar\nRomaguera Gracia, Subsecretaria de Educación.\n","source":"LEY-20201_31-JUL-2007.pdf"}


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Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 11-Abr-2017
             Tipo Norma               :Ley 20845
             Fecha Publicación        :08-06-2015
             Fecha Promulgación       :29-05-2015
             Organismo                :MINISTERIO DE EDUCACIÓN
             Título                   :DE INCLUSIÓN ESCOLAR QUE REGULA LA ADMISIÓN DE LOS Y LAS
                                       ESTUDIANTES, ELIMINA EL FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y PROHÍBE
                                       EL LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE RECIBEN
                                       APORTES DEL ESTADO
             Tipo Versión             :Última Versión     De : 28-01-2017
             Inicio Vigencia          :28-01-2017
             Id Norma                 :1078172
             Ultima Modificación      :28-ENE-2017 Ley 20993
             URL                      :https://www.leychile.cl/N?i=1078172&f=2017-01-28&p=
LEY NÚM. 20.845
      
DE INCLUSIÓN ESCOLAR QUE REGULA LA ADMISIÓN DE LOS Y LAS
ESTUDIANTES, ELIMINA EL FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y PROHÍBE
EL LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE RECIBEN
APORTES DEL ESTADO
      
     Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado
su aprobación al siguiente
      
     Proyecto de ley:
    
     "Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes
modificaciones en el decreto con fuerza de ley Nº2, de
2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº20.370
con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley
Nº1, de 2005:
      
     1) Modifícase el artículo 3º en el siguiente
sentido:
      
     a) Agrégase la siguiente letra b), nueva, pasando la
actual a ser c), y así sucesivamente:
     "b) Gratuidad. El Estado implantará progresivamente la
enseñanza gratuita en los establecimientos subvencionados o
que reciben aportes permanentes del Estado, de conformidad a
la ley.".
     b) Reemplázase la letra e), que ha pasado a ser f),
por la siguiente:
     "f) Diversidad. El sistema debe promover y respetar la
diversidad de procesos y proyectos educativos
institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa
y social de las familias que han elegido un proyecto diverso
y determinado, y que son atendidas por él, en conformidad a
la Constitución y las leyes.
     En los establecimientos educacionales de propiedad o
administración del Estado se promoverá la formación
laica, esto es, respetuosa de toda expresión religiosa, y
la formación ciudadana de los estudiantes, a fin de
fomentar su participación en la sociedad.".
     c) Agrégase en la letra f), que ha pasado a ser g), el
siguiente párrafo segundo nuevo:
     "Asimismo, el sistema educativo deberá promover el
principio de la responsabilidad de los alumnos,
especialmente en relación con el ejercicio de sus derechos
y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos,
ciudadanos y sociales. Este principio se hará extensivo a
los padres y apoderados, en relación con la educación de
sus hijos o pupilos.".
     d) Reemplázase la letra h), que ha pasado a ser i),

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por la siguiente:
     "i) Flexibilidad. El sistema debe permitir la
adecuación del proceso a la diversidad de realidades,
asegurando la libertad de enseñanza y la posibilidad de
existencia de proyectos educativos institucionales
diversos.".
     e) Reemplázase la letra j), que ha pasado a ser k),
por la siguiente:
     "k) Integración e inclusión. El sistema propenderá a
eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que
impidan el aprendizaje y la participación de los y las
estudiantes.
     Asimismo, el sistema propiciará que los
establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre
los y las estudiantes de distintas condiciones
socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de
nacionalidad o de religión.".
     f) Sustitúyese la letra k), que ha pasado a ser l),
por la que sigue:
     "l) Sustentabilidad. El sistema incluirá y fomentará
el respeto al medio ambiente natural y cultural, la buena
relación y el uso racional de los recursos naturales y su
sostenibilidad, como expresión concreta de la solidaridad
con las actuales y futuras generaciones.".
     g) Agréganse las siguientes letras n) y ñ), pasando
la actual letra l) a ser m):
     "n) Dignidad del ser humano. El sistema debe orientarse
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del
sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto,
protección y promoción de los derechos humanos y las
libertades fundamentales consagradas en la Constitución
Política de la República, así como en los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes.
     ñ) Educación integral. El sistema educativo buscará
desarrollar puntos de vista alternativos en la evolución de
la realidad y de las formas múltiples del conocer,
considerando además, los aspectos físico, social, moral,
estético, creativo y espiritual, con atención especial a
la integración de todas las ciencias, artes y disciplinas
del saber.".
      
     2) Modifícase el artículo 4º en el siguiente
sentido:
      
     a) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo,
pasando los actuales incisos segundo a décimo, a ser
incisos tercero a undécimo, respectivamente:
     "Es deber del Estado propender a asegurar a todas las
personas una educación inclusiva de calidad. Asimismo, es
deber del Estado promover que se generen las condiciones
necesarias para el acceso y permanencia de los estudiantes
con necesidades educativas especiales en establecimientos de
educación regular o especial, según sea el interés
superior del niño o pupilo.".
     b) Intercálase en su inciso tercero, que ha pasado a
ser cuarto, entre las palabras "acceso" y "a", la frase
"equitativo, inclusivo y sin discriminaciones arbitrarias".
     c) Reemplázase, en su inciso quinto, que ha pasado a
ser sexto, la frase "la inclusión social y la equidad" por
"la inclusión social, la equidad, la libertad y la
tolerancia".
      
     3) Modifícase el artículo 5º en el siguiente
sentido:
      
     a) Reemplázase la expresión "la educación" por la
frase "una educación inclusiva".
     b) Intercálase, entre el adjetivo "arbitraria;" y el
verbo "estimular" la oración "fomentar el desarrollo de una
cultura cívica y laica, esto es, respetuosa de toda

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expresión religiosa; y que promueva la participación
activa, ética y solidaria de las personas en la sociedad,
con fundamento en los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran
vigentes;".
      
     4) Modifícase el artículo 10 en el siguiente sentido:
      
     a) Reemplázase, en el párrafo primero de la letra a),
la frase "adecuada y oportuna" por "y educación adecuada,
oportuna e inclusiva".
     b) Suprímese, en el párrafo primero de la letra a),
la frase ", conforme al reglamento interno del
establecimiento", y agrégase, como penúltima oración, la
siguiente: "Asimismo, tienen derecho a que se respeten las
tradiciones y costumbres de los lugares en los que residen,
conforme al proyecto educativo institucional y al reglamento
interno del establecimiento.".
     c) Intercálase, en el párrafo primero de la letra b),
entre las expresiones "a" y "ser", la primera vez que
aparecen, la frase "asociarse libremente, con la finalidad
de lograr una mejor educación para sus hijos, a".
     d) Agrégase, en el párrafo primero de la letra b), a
continuación de la frase "informados por" la expresión "el
sostenedor y".
     e) Agrégase, en el párrafo primero de la letra b), a
continuación de las palabras "sus hijos", la expresión "o
pupilos".
     f) Incorpórase en el párrafo primero de la letra b),
a continuación de la palabra "académicos", la frase ", de
la convivencia escolar".
     g) Reemplázase el párrafo segundo de la letra b), por
el siguiente:
     "Por su parte, son deberes de los padres, madres y
apoderados educar a sus hijos, informarse, respetar y
contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las
normas de convivencia y a las de funcionamiento del
establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus procesos
educativos; cumplir con los compromisos asumidos con el
establecimiento educacional; respetar su normativa interna y
brindar un trato respetuoso a los integrantes de la
comunidad educativa.".
      
     5) Modifícase el artículo 11 en el siguiente sentido:
      
     a) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión
"En los establecimientos que reciben aporte estatal," por
"En los establecimientos educacionales reconocidos
oficialmente por el Estado,".
     b) Sustitúyese, en el inciso quinto, la expresión
"subvencionados" por "reconocidos oficialmente por el
Estado".
     c) Elimínase, en el inciso quinto, la frase "entre el
primer nivel de transición de la educación parvularia y
hasta sexto año de educación general básica,".
     d) Reemplázase, en el inciso sexto, la palabra
"Asimismo", por la expresión "Sin embargo" y la palabra
"subvencionados", por "reconocidos oficialmente por el
Estado".
      
     6) Sustitúyese el artículo 12 por el siguiente:
      
     "Artículo 12.- En los procesos de admisión de los
establecimientos subvencionados o que reciban aportes
regulares del Estado, en ningún caso se podrá considerar
el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante.
Asimismo, en dichos procesos no será requisito la
presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia
del postulante, tales como nivel de escolaridad, estado
civil y situación patrimonial de los padres, madres o
apoderados.

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     Los procesos de admisión de estudiantes a los
establecimientos educacionales se realizarán por medio de
un sistema que garantice la transparencia, equidad e
igualdad de oportunidades, y que vele por el derecho
preferente de los padres, madres o apoderados de elegir el
establecimiento educacional para sus hijos.
     Lo señalado en los incisos anteriores es sin perjuicio
de lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº2, de
1998, del Ministerio de Educación.".
      
     7) Modifícase el artículo 13 en el siguiente sentido:
      
     a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:
     "Artículo 13.- Sin perjuicio de lo señalado en el
artículo anterior, los procesos de admisión de alumnos y
alumnas deberán ser objetivos y transparentes, publicados
en medios electrónicos, en folletos o murales públicos. En
ningún caso se podrán implementar procesos que impliquen
discriminaciones arbitrarias, debiendo asegurarse el respeto
a la dignidad de los alumnos, alumnas y sus familias, de
conformidad con las garantías reconocidas en la
Constitución y en los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Chile, en especial aquellos
que versen sobre derechos de los niños y que se encuentren
vigentes.".
     b) Agrégase, en el inciso segundo, a continuación de
la palabra "informar" la frase ", en los casos que
corresponda y de conformidad a la ley".
     c) Agrégase un inciso tercero, del siguiente tenor:
     "Los directamente afectados por una acción u omisión
que importe discriminación arbitraria en el ámbito
educacional podrán interponer la acción de no
discriminación arbitraria establecida en la ley Nº20.609,
sin perjuicio de lo establecido en la Convención Relativa a
la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la
Enseñanza.".
      
     8) Agréganse, en el artículo 45, los siguientes
incisos quinto y sexto:
     "Un establecimiento educacional que haya comenzado el
proceso de reconocimiento oficial sólo podrá iniciar
actividades una vez concluido plenamente el acto
administrativo de reconocimiento oficial referido en el
inciso primero del presente artículo.
     El incumplimiento del requisito descrito en el inciso
anterior se considerará una infracción grave, según lo
dispuesto en el artículo 76 de la ley Nº 20.529.".
      
     9) Modifícase el artículo 46 en el siguiente sentido:
     a) Intercálase, en el párrafo primero de la letra a),
a continuación de la palabra "creadas", la expresión "o
reconocidas".
     b) Reemplázase el párrafo segundo de la letra a), por
el siguiente:
     "Todos los sostenedores que reciban subvenciones o
aportes regulares del Estado no podrán perseguir fines de
lucro, y deberán destinar de manera íntegra y exclusiva
esos aportes y cualesquiera otros ingresos a fines
educativos. Asimismo, deberán rendir cuenta pública
respecto de su uso y estarán sujetos a la fiscalización y
auditoría de la Superintendencia de Educación.".
     c) Sustitúyese, en el párrafo tercero de la letra a),
a continuación de la expresión "requisitos:", la palabra
"Estar" por "estar", y agrégase, a continuación del punto
y coma que sigue a la frase "de Educación", la siguiente
oración: "no haber sido condenado, en más de una ocasión
dentro de los últimos cinco años, por un tribunal de la
República por haber ejercido prácticas antisindicales, por
haber incumplido la ley Nº19.631 en cuanto al pago de las
cotizaciones previsionales de sus trabajadores, o en virtud
de acciones de tutela laboral por vulneración de derechos

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fundamentales de los trabajadores;".
     d) Agrégase, en el párrafo tercero de la letra a),
después de la palabra "condenado", lo siguiente: ", como
autor, cómplice o encubridor,".
     e) Intercálase, en el párrafo tercero de su letra a),
entre la palabra "ley" y el punto aparte, la siguiente
oración ", y no haber sido condenado con la pena de
inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos,
oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o
que involucren una relación directa y habitual con personas
menores de edad a que se refiere el artículo 39 bis del
Código Penal".
     f) Agrégase, en su letra b), a continuación del punto
aparte, que pasa a ser una coma, la siguiente oración "el
que, en todo caso, deberá resguardar el principio de no
discriminación arbitraria, no pudiendo incluir condiciones
o normas que afecten la dignidad de la persona, ni que sean
contrarios a los derechos humanos garantizados por la
Constitución y los tratados internacionales ratificados por
Chile y que se encuentren vigentes, en especial aquellos que
versen sobre los derechos de los niños.".
     g) Agrégase, en el párrafo final de la letra g),
entre la palabra "intrafamiliar" y el punto final, la frase
", ni a la pena de inhabilitación establecida en el
artículo 39 bis del Código Penal".
 
     Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes
modificaciones en el decreto con fuerza de ley Nº2, de
1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza
de ley Nº2, de 1996, sobre Subvención del Estado a
Establecimientos Educacionales:
      
     1) Modifícase el artículo 1º en el siguiente
sentido:
      
     a) Intercálase, entre el adjetivo "gratuita" y el
verbo "recibirá", la frase "y sin fines de lucro".
     b) Agrégase el siguiente inciso segundo:
     "El financiamiento estatal a través de la subvención
que regula la presente ley, tiene por finalidad asegurar a
todas las personas el ejercicio del derecho a una educación
de calidad, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política de la República y por los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes, en especial aquellos que versen sobre los derechos
de los niños.".
      
     2) Modifícase el artículo 2º en el siguiente
sentido:
      
     a) Agrégase, en el inciso tercero, en el numeral iii),
antes del punto aparte, la siguiente oración: ", ni haber
sido condenado con la pena de inhabilitación absoluta
perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones
ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una
relación directa y habitual con personas menores de edad a
que se refiere el artículo 39 bis del Código Penal".
     b) Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase "las
letras b) y c)" por la frase "los numerales ii) y iii)".
      
     3) Agréganse los siguientes artículos 3º, 3º bis,
3º ter y 3º quáter, del siguiente tenor:
      
     "Artículo 3º.- El sostenedor, como cooperador del
Estado en la prestación del servicio educacional,
gestionará las subvenciones y aportes de todo tipo para el
desarrollo de su proyecto educativo. Estos recursos estarán
afectos al cumplimiento de los fines educativos y sólo

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podrán destinarse a aquellos actos o contratos que tengan
por objeto directo y exclusivo el cumplimiento de dichos
fines.
     Para estos efectos se entenderá que el financiamiento
recibido se destina a fines educativos en el caso de las
siguientes operaciones:
     i) Pago de una remuneración a las personas naturales
que ejerzan, de forma permanente y efectiva, funciones de
administración superior que sean necesarias para la
gestión de la entidad sostenedora respecto de el o los
establecimientos educacionales de su dependencia, que se
encuentren claramente precisadas en el contrato de trabajo
respectivo. Dichas funciones no podrán ser delegadas, en
todo o en parte, a personas jurídicas. Se entenderán
comprendidas en este numeral las remuneraciones pagadas a
las personas naturales que presten servicios en la
administración superior de la entidad sostenedora.
     ii) Pago de remuneraciones, honorarios y beneficios al
personal docente que cumpla funciones directivas, técnico
pedagógicas o de aula, y de los asistentes de la
educación, que se desempeñen en el o los establecimientos
respectivos.
     iii) Gastos de las dependencias de administración del
o los establecimientos educacionales.
     iv) Costos de aquellos servicios que estén asociados
al funcionamiento y administración del o los
establecimientos educacionales.
     v) Adquisición de toda clase de servicios, materiales
e insumos para el buen desarrollo de la gestión educativa,
así como recursos didácticos e insumos complementarios que
sean útiles al proceso integral de enseñanza y aprendizaje
de los y las estudiantes.
     Tratándose de servicios de personas o entidades
técnicas pedagógicas, a que se refiere el artículo 30 de
la ley Nº20.248, sólo podrán ser contratadas si sus
servicios se encuentran certificados por el Ministerio de
Educación y han sido adjudicados por medio de licitación o
concurso público, según corresponda. En caso de concursos
públicos, deberán ser publicados, a lo menos, en un diario
de circulación regional. Los honorarios de dichas personas
o entidades serán pagados con la subvención escolar
preferencial establecida por la ley Nº20.248.
     vi) Inversión en activos no financieros necesarios
para la prestación del servicio educativo.
     Inversión en activos financieros de renta fija,
siempre que los intereses o réditos sean utilizados para
los fines educacionales dispuestos en este artículo y no se
afecte de forma alguna la prestación de servicio educativo.
     vii) Gastos asociados a la mantención y reparación de
los inmuebles y muebles a que se refieren los numerales
anteriores.
     viii) Pago de obligaciones garantizadas con hipotecas,
contraídas con el solo propósito de adquirir el o los
inmuebles en el cual funciona el establecimiento educacional
de su dependencia, de conformidad a la letra a) quáter del
artículo 6º de esta ley.
     ix) Pago de créditos bancarios o mutuos cuyo objeto
único y exclusivo sea el de invertir el dinero de dicho
crédito o mutuo en mejoras necesarias o útiles, sean de
infraestructura, equipamiento u otros elementos que sirvan
al propósito del proyecto educativo del establecimiento
educacional. En caso de que el sostenedor sea propietario de
dicha infraestructura, tales créditos o mutuos podrán
encontrarse garantizados mediante hipotecas.
     Si dichas mejoras superan las 1.000 unidades
tributarias mensuales se deberá consultar por escrito al
Consejo Escolar.
     x) Gastos que guarden directa relación con la mejora
de la calidad del servicio educativo del o los
establecimientos educacionales.
     xi) Gastos consistentes con el proyecto educativo del o

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los establecimientos educacionales.
     Tratándose de las remuneraciones señaladas en el
numeral i) del inciso segundo, éstas deberán ser pagadas
en virtud de un contrato de trabajo que establezca la
dedicación temporal y especifique las actividades a
desarrollar, y ser razonablemente proporcionadas en
consideración a la jornada de trabajo, el tamaño y
complejidad del o los establecimientos educacionales, a las
remuneraciones que normalmente se paguen en contratos de
semejante naturaleza respecto de gestiones educativas de
similar entidad, y a los ingresos del establecimiento
educacional por concepto de subvención y aportes del
Estado, con el objeto de asegurar los recursos para una
adecuada prestación del servicio educacional.
     La Superintendencia de Educación, mediante
instrucciones de carácter general, regulará lo dispuesto
en el inciso precedente y fiscalizará su cumplimiento.
     Sin perjuicio de lo anterior, los sostenedores deberán
informar a la Superintendencia de Educación cuál o cuáles
de sus directores ejercerán las funciones indicadas en el
numeral i) del inciso segundo. Por su parte, dicha
Superintendencia, en uso de sus atribuciones, podrá
solicitar información respecto de la acreditación del
cumplimiento de dichas funciones.
     Las operaciones que se realicen en virtud de los
numerales iii), iv), v), vi), vii), viii), ix), x) y xi) del
inciso segundo, estarán sujetas a las siguientes
restricciones:
     a) No podrán realizarse con personas relacionadas con
los sostenedores o representantes legales del
establecimiento, salvo que se trate de personas jurídicas
sin fines de lucro o de derecho público que presten
permanentemente servicios al o los establecimientos
educacionales de dependencia del sostenedor en materias
técnico pedagógicas, de capacitación y desarrollo de su
proyecto educativo. El sostenedor deberá informar sobre
dichas personas a la Superintendencia de Educación.
     b) Deberán realizarse de acuerdo a las condiciones de
mercado para el tipo de operación de que se trate en el
momento de celebrar el acto o contrato. Tratándose de
operaciones a título oneroso, el precio de la transferencia
no podrá ser superior a aquél que prevalece en el mercado.
     En ejercicio de sus facultades generales de
fiscalización y auditoría, la Superintendencia de
Educación, tratándose de las operaciones que se
desarrollen en virtud de los numerales iii), iv), v), vi),
vii), viii), ix), x) y xi) del inciso segundo, podrá
solicitar al Servicio de Impuestos Internos que realice las
tasaciones que correspondan de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 64 del Código Tributario.
     Se prohíbe a los directores o representantes legales
de la entidad sostenedora realizar cualquiera de las
siguientes acciones:
     1) Inducir a los administradores o a quienes ejerzan
cargos análogos a rendir cuentas irregulares, presentar
informaciones falsas u ocultar información.
     2) Tomar en préstamo dinero o bienes de la entidad
sostenedora o usar en provecho propio o a favor de personas
relacionadas con ellos los bienes, servicios o créditos de
la entidad sostenedora.
     3) Usar en beneficio propio o de personas relacionadas
a ellos, con perjuicio para la entidad sostenedora, las
oportunidades comerciales de que tuvieren conocimiento en
razón de su cargo.
     4) En general, practicar actos contrarios a los
estatutos o al fin educacional de la entidad sostenedora o
usar su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o
para personas relacionadas con ellos en perjuicio de la
entidad sostenedora y su fin.
     La infracción de lo dispuesto en este artículo será
considerada infracción grave en los términos del artículo

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76 de la ley Nº20.529.
     Un reglamento del Ministerio de Educación, que deberá
ser firmado por el Ministro de Hacienda, regulará las
materias de que trata este artículo, sin perjuicio de las
normas de carácter general que respecto de estas materias
deberá dictar la Superintendencia de Educación.
     Artículo 3º bis.- Para efectos de lo señalado en el
artículo anterior, se entenderán por personas relacionadas
las siguientes:
     a) Los miembros o asociados, fundadores, directivos,
administradores o representantes legales de la entidad
sostenedora y los directivos del establecimiento
educacional, de acuerdo a lo dispuesto en la letra a) del
artículo 46 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009,
del Ministerio de Educación.
     b) Los cónyuges y parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad o afinidad de cualquiera de las personas
indicadas en la letra a).
     c) Las personas jurídicas en que cualquiera de las
personas indicadas en las letras a) y b) anteriores posean
directa o indirectamente el 10% o más del capital de ésta,
la calidad de directivo o de administrador.
     d) Las personas naturales o jurídicas que tengan con
cualquiera de las personas indicadas en las letras a) y b)
negocios en común en cuya propiedad o control influyan en
forma decisiva.
     Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia de
Educación podrá establecer, mediante normas de carácter
general, que es relacionada a un sostenedor toda persona
natural o jurídica que por relaciones patrimoniales, de
administración, de parentesco, de responsabilidad o de
subordinación, haga presumir que:
     i) Sus negocios con la entidad sostenedora son de tal
importancia o vinculación estratégica, que originan
conflictos de intereses con ésta;
     ii) Su administración es influenciada
determinantemente por la entidad sostenedora, y viceversa, o
     iii) Por su cargo o posición está en situación de
disponer de información de la entidad sostenedora y de su
administración, que no haya sido divulgada públicamente
por los medios que franquea la ley, y que sea capaz de
influir en las decisiones de esa entidad.
     Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo,
se aplicarán supletoriamente las normas del Título XV de
la ley Nº18.045.
     Artículo 3º ter.- El que, administrando a cualquier
título los recursos públicos u otros que perciba el
sostenedor en su calidad de tal, los sustraiga o destine a
una finalidad diferente de los fines educativos señalados
en el artículo 3º, estará obligado a reintegrarlos al
establecimiento educacional, debidamente reajustados
conforme a la variación expresada por el Índice de Precios
al Consumidor (IPC) en el período comprendido entre el mes
anterior a aquel en que se hizo la sustracción o desvío y
el mes anterior en que se produjere la restitución.
Comprobada la infracción, ésta será sancionada por la
Superintendencia de Educación, conforme a las normas del
Título III de la ley Nº20.529, con una multa del 50% de la
suma sustraída o desviada. Dichos montos en ningún caso
podrán ser descontados ni pagados con cargo a cualquiera de
los recursos públicos u otros que perciba el sostenedor en
su calidad de tal.
     Las infracciones cometidas en el uso de los recursos a
que se refiere el inciso primero del presente artículo
generarán, además, las responsabilidades civiles y penales
que el ordenamiento jurídico dispone. En este caso, la
Superintendencia o el Servicio de Impuestos Internos
deberán denunciar al Ministerio Público los hechos de que
tomen conocimiento para los fines correspondientes.
     Artículo 3º quáter.- Los recursos de la subvención
escolar y demás aportes que perciba el sostenedor en su

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calidad de tal podrán distribuirse entre los distintos
establecimientos educacionales subvencionados de su
dependencia, con el objeto de facilitar el funcionamiento en
red de dichos establecimientos, sin perjuicio de lo
dispuesto en leyes especiales.".
      
     4) Modifícase el artículo 5º en el siguiente
sentido:
      
     a) Elimínase en su inciso primero la expresión ",
derechos de matrícula, derechos de escolaridad".
     b) Reemplázase su inciso segundo por el siguiente:
     "Anualmente, los sostenedores deberán entregar la
información que le solicite la Superintendencia de
Educación, de conformidad a las normas generales que ésta
disponga, en lo relativo a:
     a) El gasto, desagregado, en remuneraciones de los
directivos y,o administradores de la entidad sostenedora.
     b) Un listado actualizado con la individualización
completa de sus miembros o asociados y directivos, dentro de
los treinta días siguientes al término de cada año
calendario. Sin perjuicio de lo anterior, los sostenedores
deberán informar inmediatamente a la Superintendencia
cualquier modificación ocurrida respecto de la información
contenida en el último listado anual.
     c) Información desagregada respecto a la lista de las
Agencias de Asistencia Técnica Educativa que postularon a
la licitación.
     d) Copia del pago íntegro y oportuno de las
cotizaciones previsionales de todo su personal.
     e) La demás información o antecedentes que requiera
la Superintendencia y que ésta determine en una norma de
carácter general.".
     c) Modifícase su inciso tercero en los siguientes
términos:
     i) Reemplázase la locución inicial "Para fines de la
rendición de cuentas a que se refiere el párrafo 3º del
Título III de la ley que crea el Sistema Nacional de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación,", por la
expresión "Además,".
     ii) Sustitúyese la frase "el estado anual de
resultados que dé cuenta de todos los ingresos y gastos del
período", por la siguiente: "los estados financieros y
demás antecedentes que formen parte del proceso de
rendición de cuentas a que se refiere el Párrafo 3º del
Título III de la ley que crea el Sistema Nacional de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación".
     d) Reemplázase, en su inciso cuarto, la expresión "El
incumplimiento de la obligación indicada en el inciso
segundo será sancionado como falta, en los términos del
artículo 73, letra b), de la ley que crea el Sistema
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. En
tanto, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en
el inciso tercero constituirá infracción grave del
artículo 50 de la presente ley", por la expresión "El
incumplimiento de lo señalado en los incisos anteriores
será considerado infracción grave en los términos del
artículo 76 de la ley Nº20.529".
     e) Agrégase el siguiente inciso final:
     "La información señalada en la letra a) del inciso
segundo, deberá estar a disposición permanente del
público, de forma física o a través del sitio
electrónico del establecimiento educacional, si lo
hubiere.".
      
     5) Modifícase el artículo 6º en el siguiente
sentido:
      
     a) Reemplázase su letra a) por la siguiente:
     "a) Que tengan el reconocimiento oficial del Estado por
haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo

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46 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del
Ministerio de Educación. Tratándose de sostenedores
particulares, éstos deberán estar constituidos como
corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de
lucro de acuerdo al Título XXXIII del Libro I del Código
Civil, como personas jurídicas de derecho público, como
corporación o entidad educacional en los términos de esta
ley o como otras personas jurídicas sin fines de lucro
establecidas por leyes especiales.
     No podrán formar parte de las entidades señaladas en
el párrafo precedente quienes se desempeñen a jornada
completa, bajo cualquier modalidad de contratación, en el
Ministerio de Educación y en las instituciones sujetas a su
dependencia.".
     b) Intercálase el siguiente literal a) bis, nuevo,
pasando la letra a) bis a ser a) ter:
     "a) bis.- Que destinen de manera íntegra y exclusiva
el financiamiento que obtengan del Estado a fines
educativos. En ningún caso los sostenedores que opten por
recibir el financiamiento que regula este cuerpo legal
podrán perseguir fines de lucro mediante la prestación del
servicio educacional.".
     c) Reemplázase, en el párrafo primero de la letra a)
bis, que ha pasado a ser a) ter, la frase "presenten
condiciones de vulnerabilidad socioeconómica", por la
expresión "sean prioritarios conforme a la ley Nº20.248".
     d) Elimínase el párrafo segundo de la letra a) bis,
que ha pasado a ser a) ter.
     e) Agrégase un literal a) quáter, nuevo, del
siguiente tenor:
     "a) quáter.- Que la entidad sostenedora acredite que
el inmueble en que funciona el establecimiento educacional
es de su propiedad y se encuentra libre de gravámenes, o lo
usa a título de comodatario en conformidad a las reglas
siguientes:
     1º. El contrato respectivo deberá estar inscrito en
el Conservador de Bienes Raíces correspondiente.
     2º. Deberá celebrarse con una duración de, a lo
menos, ocho años. Tal plazo se renovará automáticamente
por igual período, salvo que el comodante comunique su
voluntad de no renovar el contrato antes que resten cuatro
años para el término del plazo. Con todo, el comodatario
sólo estará obligado a restituir el inmueble una vez que
se cumpla el plazo pactado.
     3º. No regirán las restricciones sobre personas
relacionadas, establecidas en la letra a) del inciso sexto
del artículo 3º y lo dispuesto en el artículo 3º bis.
     4º. En ese contrato las partes podrán individualizar
el retazo del inmueble en que se encuentra emplazada la
infraestructura en que funciona el establecimiento
educacional.
     Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero de
este literal, el sostenedor que, por primera vez, impetre la
subvención respecto de un establecimiento educacional
podrá gravar con hipoteca el inmueble en que funciona,
siempre que la obligación que cauciona se haya contraído
para adquirir dicho inmueble. Con todo, para continuar
impetrándola deberá acreditar su alzamiento dentro del
plazo de veinticinco años, contado desde la notificación
de la resolución que le otorga la facultad de impetrar la
subvención.
     Del mismo modo, el inmueble en que funciona el
establecimiento educacional podrá estar gravado con
servidumbre, siempre que no afecte la prestación del
servicio educativo. No obstante lo anterior, tratándose de
servidumbres voluntarias, estas deberán ser autorizadas por
resolución fundada de la Secretaría Regional Ministerial
de Educación respectiva.
     Cuando, a consecuencia de un caso fortuito o fuerza
mayor, se afecte de manera tal el inmueble utilizado por el
establecimiento educacional, que imposibilite la adecuada

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prestación del servicio educativo, el sostenedor, con el
solo objeto de asegurar la continuidad de dicho servicio,
podrá celebrar contratos de arrendamiento por el tiempo
imprescindible para superar la situación de excepción, sin
que le sean aplicables las restricciones sobre personas
relacionadas, establecidas en la letra a) del inciso sexto
del artículo 3º y lo dispuesto en el artículo 3º bis.
Estos contratos deberán ser autorizados mediante
resolución fundada de la Secretaría Regional Ministerial
de Educación respectiva.
     Lo dispuesto en este literal no será exigible a
aquellos sostenedores a los que, por impedimento legal o por
las características del servicio educativo que prestan,
tales como aulas hospitalarias o escuelas cárceles, no les
sea posible adquirir la propiedad del inmueble en que
funciona el establecimiento educacional o celebrar contratos
de comodato, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero.
El Ministerio de Educación llevará un registro de dichos
sostenedores y sus establecimientos educacionales, de
conformidad a los artículos 18 y siguientes de la ley
Nº18.956.".
     f) Agrégase un literal a) quinquies, del siguiente
tenor:
     "a) quinquies.- Que no sometan la admisión de los y
las estudiantes a procesos de selección,
correspondiéndoles a las familias el derecho de optar por
los proyectos educativos de su preferencia.
     Para estos efectos, los establecimientos desarrollarán
los procedimientos de postulación y admisión según lo
dispuesto en los artículos 7º bis y siguientes.".
     g) Intercálase, en la segunda oración del párrafo
primero de la letra d), a continuación de la palabra
"establecimiento", la siguiente frase: ", que deberán
incluir expresamente la prohibición de toda forma de
discriminación arbitraria".
     h) Reemplázanse los párrafos tercero, cuarto y quinto
de la letra d), por los siguientes:
     "Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas
disciplinarias contenidas en el reglamento interno, las que,
en todo caso, estarán sujetas a los principios de
proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, y a lo
dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza de ley
Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación.
     No podrá decretarse la medida de expulsión o la de
cancelación de matrícula de un o una estudiante por
motivos académicos, de carácter político, ideológicos o
de cualquier otra índole, sin perjuicio de lo dispuesto en
los párrafos siguientes.
     Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula
sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén
claramente descritas en el reglamento interno del
establecimiento y, además, afecten gravemente la
convivencia escolar.".
     i) Intercálanse, en la letra d), los siguientes
párrafos séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y
duodécimo:
     "Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de
cancelación de matrícula, el director del establecimiento
deberá haber representado a los padres, madres o
apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo
la posible aplicación de sanciones e implementado a favor
de el o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o
psicosocial que estén expresamente establecidas en el
reglamento interno del establecimiento educacional, las que
en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y
gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el
interés superior del niño o pupilo. No se podrá expulsar
o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del
año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en
otro establecimiento educacional.
     Lo dispuesto en el párrafo precedente no será

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aplicable cuando se trate de una conducta que atente
directamente contra la integridad física o psicológica de
alguno de los miembros de la comunidad escolar, de
conformidad al Párrafo 3º del Título I del decreto con
fuerza de ley Nº2, de 2009, del Misterio de Educación. En
ese caso se procederá con arreglo a los párrafos
siguientes.
     Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula
sólo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo,
racional y justo que deberá estar contemplado en el
reglamento interno del establecimiento, garantizando el
derecho del estudiante afectado y,o del padre, madre o
apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la
reconsideración de la medida.
     La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un
estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del
establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos,
deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y
a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes
podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de
quince días de su notificación, ante la misma autoridad,
quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.
El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener
a la vista el o los informes técnicos psicosociales
pertinentes y que se encuentren disponibles.
     Los sostenedores y,o directores no podrán cancelar la
matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por
causales que se deriven de su situación socioeconómica o
del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de
necesidades educativas especiales de carácter permanente y
transitorio definidas en el inciso segundo del artículo
9º, que se presenten durante sus estudios. A su vez, no
podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier
forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten
dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o
apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento
en razón de dichas dificultades. En caso que el o la
estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado
en el inciso sexto del artículo 11 del decreto con fuerza
de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación.
     El director, una vez que haya aplicado la medida de
expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de
aquella a la Dirección Regional respectiva de la
Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco
días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el
cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos
anteriores. Corresponderá al Ministerio de Educación velar
por la reubicación del estudiante afectado por la medida y
adoptar las medidas de apoyo necesarias.".
     j) Reemplázase el párrafo primero de la letra e) por
el siguiente:
     "e) Que entre las exigencias de ingreso, permanencia o
participación de los estudiantes en toda actividad
curricular o extracurricular relacionada con el proyecto
educativo, no figuren cobros ni aportes económicos
obligatorios, directos, indirectos o de terceros, tales como
fundaciones, corporaciones o entidades culturales
deportivas, o de cualquier naturaleza. Sin perjuicio de lo
anterior, los padres y apoderados podrán acordar y realizar
aportes de carácter voluntario, no regulares, con el objeto
de financiar actividades extracurriculares. Los aportes que
al efecto se realicen no constituirán donaciones.".
     k) Reemplázanse los párrafos segundo y tercero de la
letra e) por el siguiente:
     "Asimismo, la exigencia de textos escolares o
materiales de estudio determinados, que no sean los
proporcionados por el Ministerio de Educación, no podrá
condicionar el ingreso o permanencia de un estudiante, por
lo que, en caso que éste no pueda adquirirlos, deberán ser
provistos por el establecimiento.".
     l) Agrégase una letra f) bis del siguiente tenor:

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     "f) bis.- Que se establezcan programas especiales de
apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo rendimiento
académico que afecte su proceso de aprendizaje, así como
planes de apoyo a la inclusión, con el objeto de fomentar
una buena convivencia escolar, sin perjuicio de lo
establecido en la ley Nº20.248.".
     m) Agrégase una letra f) ter del siguiente tenor:
     "f) ter.- Que el reglamento interno a que hace
referencia la letra d) de este artículo reconozca
expresamente el derecho de asociación, tanto de los y las
estudiantes, padres y apoderados, como también del personal
docente y asistente de la educación, de conformidad a lo
establecido en la Constitución y la ley. En ningún caso el
sostenedor podrá obstaculizar ni afectar el ejercicio de
este derecho, sin perjuicio de las normas sobre derechos y
deberes de la comunidad escolar que se establecen en el
decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de
Educación.".
     n) Agrégase una letra f) quáter del siguiente tenor:
     "f) quáter.- Que cuenten con un Consejo Escolar, de
conformidad a lo dispuesto en la ley Nº19.979.
Excepcionalmente, por resolución fundada del respectivo
Secretario Regional Ministerial de Educación, se podrá
eximir a un establecimiento educacional del cumplimiento de
esta obligación para efectos del pago de la subvención
educacional, cuando no sea posible su constitución.
     El director y, en subsidio, el sostenedor del
establecimiento, velarán por el funcionamiento regular del
Consejo Escolar y porque éste realice, a lo menos, cuatro
sesiones en meses distintos de cada año académico.
Asimismo, deberán mantener a disposición de los
integrantes del Consejo, los antecedentes necesarios para
que éstos puedan participar de manera informada y activa en
las materias de su competencia, de conformidad a la ley
Nº19.979.
     En ningún caso el sostenedor podrá impedir o
dificultar la constitución del Consejo, ni obstaculizar, de
cualquier modo, su funcionamiento regular.".
      
     6) Agréganse los siguientes artículos 7º bis, 7º
ter, 7º quáter, 7º quinquies, 7º sexies y 7º septies:
      
     "Artículo 7º bis.- El proceso de admisión de los y
las estudiantes que desarrollen los establecimientos que
reciben subvención o aportes del Estado se realizará
conforme a los principios de transparencia, educación
inclusiva, accesibilidad universal, equidad y no
discriminación arbitraria, considerando especialmente el
derecho preferente de los padres a elegir el establecimiento
educacional para sus hijos.
     Dicho proceso comprende una etapa de postulación y
otra de admisión propiamente tal.
     La etapa de postulación se realizará directamente en
los establecimientos educacionales de preferencia de los
padres, madres o apoderados a través de un registro que
pondrá a disposición del público el Ministerio de
Educación. Sin perjuicio de lo anterior, los padres, madres
o apoderados también podrán postular a dicho registro de
forma remota. Las entrevistas que se realicen en esta etapa
deberán ser solicitadas por los padres o apoderados, serán
de carácter voluntario y tendrán una finalidad únicamente
informativa y de conocimiento del proyecto educativo. Por
consiguiente, se prohíbe que éstas constituyan una
exigencia o requisito dentro de la etapa de postulación. Se
prohíbe la exigencia de pruebas de admisión de cualquier
tipo, u otro antecedente vinculado a su desempeño
académico, condición socioeconómica o familiar, así como
cualquier cobro por la postulación de los estudiantes.
     Los padres, madres y apoderados podrán solicitar
información a los establecimientos educacionales sobre su
proyecto educativo y el proceso de admisión.

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     Los padres, madres y apoderados deberán inscribir a
los postulantes en el registro señalado en el inciso
tercero de este artículo. El sistema de registro entregará
un comprobante a aquellos.
     Los padres, madres y apoderados postularán a más de
un establecimiento educacional, pudiendo hacerlo en
cualquiera de los lugares de postulación y deberán
manifestar el orden de su preferencia en el registro
señalado en el inciso tercero. Será condición necesaria
para proceder a la postulación la adhesión y compromiso
expreso por parte del padre, madre o apoderado al proyecto
educativo declarado por el establecimiento y a su reglamento
interno.
     El sistema de registro contendrá información relativa
a la cantidad de cupos disponibles en los establecimientos
para cada curso o nivel del año escolar correspondiente,
así como información relativa al proyecto educativo y el
reglamento interno de cada uno de ellos. Deberá
especificar, además, si los establecimientos están
adscritos al régimen de subvención escolar preferencial y
cuentan con proyectos de integración escolar vigentes.
Dicha información deberá ser entregada por cada sostenedor
al Ministerio de Educación, en los plazos que señale el
reglamento respectivo. El registro incorporará también la
información de la ficha escolar del establecimiento
educacional, regulada en el artículo 17 de la ley
Nº18.956.
     Con el objeto de promover el conocimiento y la
adhesión de los padres, madres o apoderados a los proyectos
educativos de los establecimientos a los que postulan, los
sostenedores de éstos podrán organizar encuentros
públicos de información, previo a los procesos de
postulación, en los que presentarán a la comunidad sus
proyectos educativos. Los sostenedores deberán remitir al
Ministerio de Educación información respecto a estas
actividades, para que éste las difunda.
     Una vez finalizado el proceso de postulación, y para
realizar el proceso de admisión que se señala en el
artículo siguiente, el Ministerio de Educación informará
a los establecimientos educacionales los criterios
señalados en el inciso tercero del artículo 7º ter con
los que cumple cada uno de los postulantes.
     Artículo 7º ter.- La etapa de admisión propiamente
tal será realizada por los establecimientos educacionales.
     Todos los estudiantes que postulen a un establecimiento
educacional deberán ser admitidos, en caso de que los cupos
disponibles sean suficientes en relación al número de
postulaciones.
     Sólo en los casos de que los cupos disponibles sean
menores al número de postulantes, los establecimientos
educacionales deberán aplicar un procedimiento de admisión
aleatorio definido por éstos, de entre los mecanismos que
ponga a su disposición el Ministerio de Educación, que
deberán ser objetivos y transparentes. Dicho procedimiento
de admisión deberá considerar los siguientes criterios de
prioridad en orden sucesivo, para su incorporación directa
a la lista de admisión del establecimiento:
     a) Existencia de hermanas o hermanos que postulen o se
encuentren matriculados en el mismo establecimiento.
     b) Incorporación del 15% de estudiantes prioritarios,
de conformidad al artículo 6º, letra a) ter.
     c) La condición de hijo o hija de un profesor o
profesora, asistente de la educación, manipulador o
manipuladora de alimentos o cualquier otro trabajador o
trabajadora que preste servicios permanentes en el
establecimiento educacional.
     d) La circunstancia de haber estado matriculado
anteriormente en el establecimiento educacional al que se
postula, salvo que el postulante hubiere sido expulsado con
anterioridad del mismo.
     Si aplicando el procedimiento señalado en el inciso

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anterior, se presentara el caso que el número de
postulantes que cumple con un mismo criterio es superior al
número de vacantes que informa el establecimiento, se
aplicará respecto de dichos postulantes el sistema de
admisión aleatorio definido por el establecimiento.
     El Ministerio de Educación pondrá a disposición de
los establecimientos educacionales un mecanismo para
realizar el proceso de admisión, según lo dispuesto en el
inciso anterior. Su uso será voluntario.
     Los establecimientos educacionales deberán informar al
Ministerio de Educación el mecanismo aleatorio que
aplicarán de conformidad a lo dispuesto en este artículo,
así como el día, hora y lugar en que se desarrollará el
proceso de admisión. Asimismo, deberán remitir copia de
estos antecedentes a la Superintendencia. Una vez realizado
dicho proceso, los establecimientos deberán informar, en
listas separadas, el total de postulantes en el orden que
cada uno de éstos ocupó en el proceso respectivo, de
conformidad a lo establecido en el inciso tercero.
Corresponderá especialmente a la Superintendencia de
Educación la fiscalización de los procesos de admisión,
pudiendo, al efecto, visitar los establecimientos
educacionales durante las distintas etapas del proceso.
     Una vez recibida la información señalada en el inciso
anterior, el Ministerio de Educación revisará que no se
presenten admisiones de un mismo estudiante en distintos
establecimientos educacionales y velará porque los cupos se
vayan completando acorde a las prioridades de los padres,
madres o apoderados, optimizando de manera que los
postulantes queden en su más alta preferencia.
     En caso que el Ministerio de Educación tome
conocimiento de antecedentes que puedan constituir una
infracción, informará a la Superintendencia de Educación
para que ejerza sus atribuciones de conformidad a la ley
Nº20.529.
     La Superintendencia de Educación iniciará un
procedimiento sancionatorio si el orden asignado a los
estudiantes hace presumir razonablemente que el
procedimiento de admisión ha sido realizado incurriendo en
discriminaciones arbitrarias.
     Se considerará infracción grave, en los términos del
artículo 76 de la ley Nº20.529, que el sostenedor informe
un número de cupos menor que el de los estudiantes
formalmente matriculados.
     Si durante el proceso de revisión de las listas de
admisión de los establecimientos educacionales, el
Ministerio de Educación constata que un postulante no
hubiere sido admitido en ninguna de las opciones escogidas,
procederá a registrar a dicho estudiante en el
establecimiento educacional más cercano a su domicilio que
cuente con cupos disponibles, salvo que hubiere sido
expulsado de dicho establecimiento educacional, caso en el
cual será registrado en el siguiente más cercano a su
domicilio, y así sucesivamente. Con todo, los padres,
madres o apoderados que se encuentren en esta situación
siempre podrán acogerse a lo dispuesto en el inciso
decimocuarto.
     Finalizado el procedimiento señalado en el presente
artículo, el Ministerio de Educación enviará a los
establecimientos educacionales sus listas de admisión
finales para efectos que éstos comuniquen a los padres,
madres y apoderados de la aceptación de los postulantes. En
dicha comunicación se establecerá el plazo que tienen para
manifestar su aceptación y matricular a los postulantes.
     Un reglamento del Ministerio de Educación regulará el
sistema de registro señalado en el artículo precedente y
establecerá el procedimiento de postulación y admisión de
los y las estudiantes, así como la determinación de los
cupos dentro del establecimiento educacional, considerando
las debidas reservas para aquellos o aquellas que pudieran
repetir de curso. En particular, definirá la forma en que

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se registrarán las postulaciones, los procesos mediante los
cuales se irán completando las distintas listas de espera y
los plazos para las distintas etapas. Asimismo, dicho
reglamento establecerá la forma en que los establecimientos
comunicarán al Ministerio de Educación y a los padres,
madres y apoderados, la información requerida para el
proceso de admisión y el resultado de dichos procesos.
     En caso de que los padres, madres o apoderados no hayan
participado en los procesos de postulación, por cualquier
causa, podrán solicitar a la Secretaría Regional
Ministerial de Educación correspondiente que informe sobre
los establecimientos educacionales que, luego de haber
realizado el proceso de admisión regulado en el presente
artículo, cuenten con cupos disponibles. Los padres, madres
y apoderados deberán postular directamente en dichos
establecimientos y éstos deberán cumplir con lo dispuesto
en el inciso primero y quedarán sujetos a la prohibición
señalada en el inciso tercero, ambos del artículo 7º bis.
     Estos establecimientos deberán registrar estas
postulaciones e informarlas al Ministerio de Educación.
     Artículo 7º quáter.- Los establecimientos
educacionales siempre podrán implementar entrevistas con
los padres y apoderados de los estudiantes ya matriculados,
con la finalidad de entregar operatividad real a la
adhesión y compromiso con el proyecto educativo prescrito
en el inciso sexto del artículo 7º bis.
     Artículo 7º quinquies.- El Ministerio de Educación
excepcionalmente autorizará para establecer procedimientos
especiales de admisión, a partir de 7º año de la
educación general básica o el equivalente que determine la
ley, a aquellos establecimientos educacionales cuyos
proyectos educativos tengan por objeto principal desarrollar
aptitudes que requieran una especialización temprana, o a
aquellos cuyos proyectos educativos sean de especial o alta
exigencia académica, siempre y cuando acrediten:
     a) Que cuentan con planes y programas propios
destinados específicamente a la implementación de su
proyecto educativo, el cual está destinado al desarrollo de
aptitudes que requieran de una especialización temprana, o
para la especial o alta exigencia académica.
     b) Que cuentan con una trayectoria y prestigio en el
desarrollo de su proyecto educativo y resultados de
excelencia. En el caso de establecimientos de especial o
alta exigencia, se considerará el rendimiento académico
destacado dentro de su región, su carácter gratuito y
selectividad académica.
     c) Que cuentan con los recursos materiales y humanos
necesarios y suficientes para el desarrollo de su proyecto
educativo.
     d) Que cuentan con una demanda considerablemente mayor
que sus vacantes.
     La referida autorización sólo podrá otorgarse para
un 30% de sus vacantes, según sus características, de
conformidad a lo dispuesto en los incisos siguientes.
     En el caso de los establecimientos de especial o alta
exigencia, serán autorizados para desarrollar el
procedimiento de admisión señalado en los artículos
precedentes de entre aquellos postulantes que pertenezcan al
20% de los alumnos de mejor desempeño escolar del
establecimiento educacional de procedencia, en la forma que
determine el reglamento.
     Para el caso de los establecimientos educacionales cuyo
proyecto educativo desarrolle aptitudes que requieran una
especialización temprana, la mencionada autorización se
pronunciará específicamente sobre las pruebas que pretenda
aplicar el establecimiento, las que evaluarán
exclusivamente las aptitudes señaladas y no medirán,
directa o indirectamente, características académicas.
     Con todo, los antecedentes o pruebas a que se refieren
los incisos anteriores no podrán considerar, directa o
indirectamente, otras características, sean

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socioeconómicas, religiosas, culturales o de otra índole,
que puedan implicar alguna discriminación arbitraria.
     Para obtener la autorización, el sostenedor interesado
deberá presentar una solicitud fundada ante la Secretaría
Regional Ministerial de Educación correspondiente,
acompañando los antecedentes que la justifiquen, hasta el
último día hábil de marzo del año anterior a aquel en
que pretenda darle aplicación.
     La Secretaría Regional Ministerial de Educación dará
curso a la solicitud presentada en tiempo y forma, enviando
sus antecedentes y el informe que recaiga sobre ella al
Ministerio de Educación. De no darse curso, el interesado
tendrá un plazo de cinco días para rectificar la solicitud
o acompañar los antecedentes correspondientes.
     Con el mérito de la solicitud, sus antecedentes y el
informe de la Secretaría Regional Ministerial de
Educación, el Ministerio de Educación resolverá la
solicitud, mediante resolución fundada, en el plazo de
noventa días. Dicha resolución será revisada en el plazo
de noventa días por el Consejo Nacional de Educación.
     Se entenderá aceptada una solicitud cuando ésta fuere
aprobada por el Ministerio de Educación y ratificada dicha
decisión por la mayoría absoluta de los miembros en
ejercicio del Consejo Nacional de Educación.
     Estando firme la resolución aprobatoria para adoptar
un proceso de admisión especial, ella deberá ser renovada
en el plazo de seis años, mediante el mismo procedimiento
señalado previamente, manteniéndose su vigencia mientras
se sustancie el respectivo procedimiento. Para el caso de
los establecimientos educacionales de especial o alta
exigencia, deberán demostrar especialmente que han
continuado exhibiendo los estándares de excelencia en el
rendimiento académico que justificaron la autorización.
     Los establecimientos educacionales señalados en este
artículo deberán promover la integración y desarrollo
armónico de todos sus estudiantes y no podrán, en caso
alguno, generar diferencias en la composición de los cursos
o niveles sobre la base del resultado del procedimiento de
admisión de éstos.
     Artículo 7º sexies.- La infracción de lo establecido
en los artículos 7º bis, 7º ter y 7º quinquies, será
sancionada con multa de 50 UTM. En caso de reincidencia, el
establecimiento deberá dar aplicación, en lo sucesivo, al
mecanismo de admisión aleatorio y transparente que, al
efecto, le proporcione el Ministerio de Educación.
     Artículo 7º septies.- Lo dispuesto en los artículos
7º bis, 7º ter, 7º quáter, 7º quinquies y 7º sexies no
será aplicable a los establecimientos de educación
especial diferencial ni a los establecimientos educacionales
regulares con proyectos de integración escolar, respecto a
sus cupos para niños integrados. Ambos tipos de
establecimientos considerarán en sus procesos de admisión
lo dispuesto en los artículos 9º y 9º bis.
     Dichos establecimientos, respecto a los estudiantes con
necesidades educativas especiales, tendrán un procedimiento
de admisión determinado por ellos, el cual será
desarrollado por cada establecimiento. Un reglamento
expedido por el Ministerio de Educación determinará la
coordinación entre los procesos de admisión realizados por
dichos establecimientos educacionales y el proceso de
admisión para los establecimientos de educación general.".
      
     7) Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 8º:
      
     a) Intercálanse los siguientes incisos segundo,
tercero y cuarto, nuevos:
     "Tratándose de un establecimiento educacional que por
primera vez solicite el beneficio de la subvención, el
Ministerio de Educación aprobará, por resolución fundada
dentro del plazo señalado en el inciso anterior, la

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solicitud sólo en caso de que exista una demanda
insatisfecha por matrícula que no pueda ser cubierta por
medio de otros establecimientos educacionales que reciban
subvención o aporte estatal, o que no exista un proyecto
educativo similar en el territorio en el que lo pretende
desarrollar. Dichos establecimientos deberán tener el
carácter de gratuitos.
     Se entenderá aceptada una solicitud cuando ésta fuere
aprobada por el Ministerio de Educación y ratificada dicha
decisión por la mayoría absoluta de los miembros en
ejercicio del Consejo Nacional de Educación.
     Un reglamento del Ministerio de Educación, que deberá
llevar la firma del Ministro de Hacienda, determinará el
ámbito territorial a que hace referencia el inciso segundo
y establecerá los procedimientos y requisitos para el
cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.".
     b) Sustitúyense, en el inciso final, las palabras
"dicho plazo" por "el plazo señalado en el inciso primero
del presente artículo".
      
     8) Derógase el artículo 16.
      
     9) Derógase el artículo 17.
      
     10) Modifícase el artículo 18 en el siguiente
sentido:
      
     a) Elimínase en su inciso primero, a continuación de
la expresión "subvención", la expresión ", salvo que
ellas se establezcan como exigencias de ingreso o
permanencia en los términos indicados en la letra e) del
artículo 6º".
     b) Agrégase en su inciso primero, a continuación del
punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente
oración "En ningún caso las donaciones o aportes
voluntarios a los establecimientos podrán ser considerados
como requisito de ingreso o permanencia de los estudiantes.
Asimismo, los bienes o servicios adquiridos en virtud de
aquéllas deberán estar a disposición de toda la comunidad
educativa.".
     c) Reemplázase en su inciso final, a continuación de
la expresión "deportivas," la oración "se considerarán
derechos de escolaridad y se sujetarán a lo dispuesto en
los artículos 16 y 17 de esta ley" por la siguiente
"tendrán el mismo tratamiento de la subvención en lo
referente a su uso y rendición de cuentas. Asimismo, el 40%
del total de dicha recaudación será descontado del monto
total de las subvenciones que le corresponda percibir. En el
caso de los establecimientos educacionales técnico
profesionales, este descuento será del 20%. Con todo,
cuando este monto mensual no supere el 10% de lo que le
corresponde percibir en el mismo período por concepto de
subvención, no procederá ningún descuento".
      
     11) Derógase el artículo 20.
      
     12) Derógase el artículo 21.
      
     13) Derógase el Título II.
      
     14) Elíminase el inciso séptimo del artículo 37.
      
     15) Reemplázase en el artículo 43 la expresión "de
la ficha CAS" por la frase "del instrumento de
caracterización social que la autoridad competente
determine".
      
     16) Introdúcese el siguiente Párrafo 9º en el
Título III:
      
     "PÁRRAFO 9º

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     Aporte por Gratuidad
      
     Artículo 49 bis. Créase un aporte por gratuidad,
destinado a aquellos establecimientos educacionales
gratuitos y sin fines de lucro, que se impetrará por los
alumnos que estén cursando primer y segundo nivel de
transición de educación parvularia, educación general
básica y enseñanza media, incluida la educación especial
y de adultos.
     Para los establecimientos regidos por la presente ley
que impartan enseñanza regular diurna en el primer y
segundo nivel de transición de educación parvularia,
educación general básica y enseñanza media, será
requisito para impetrar este aporte, estar adscrito al
régimen de subvención escolar preferencial de la ley
Nº20.248. Este requisito no será exigible para las
modalidades de educación especial y de adultos.
     El aporte por gratuidad tendrá el valor unitario
mensual por alumno de 0,45 unidades de subvención
educacional.
     Su monto se determinará conforme a los artículos 13,
14 y 15 de esta ley.
     Tratándose de aquellos establecimientos educacionales
regidos por el decreto ley Nº3.166, de 1980, del Ministerio
de Educación, se estará a sus respectivos convenios para
el pago del aporte por gratuidad.
     Este aporte estará afecto a los fines educativos de
conformidad al artículo 3º de esta ley.".
      
     17) Modifícase el artículo 50 en el siguiente
sentido:
      
     a) Elimínase su inciso primero.
     b) Elimínase, en la letra a) del inciso tercero, que
pasa a ser segundo, la palabra "dolosamente".
     c) Reemplázase la letra c) de su inciso tercero, que
pasa a ser segundo, por la siguiente letra c), nueva:
     "c) La exigencia por parte del sostenedor de cualquier
contraprestación en dinero o especie por la prestación del
servicio educacional;".
     d) Elimínase, en su inciso tercero, que pasa a ser
segundo, la letra i), la primera vez que aparece, y
reemplázase la letra i) la segunda vez que aparece por la
siguiente, nueva:
     "i) No dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009,
del Ministerio de Educación.".
     e) Agrégase la siguiente letra j):
     "j) Incumplir la obligación de informar prevista en el
artículo 64.".
      
     18) Introdúcese el siguiente Título V nuevo, pasando
el actual Título V a ser Título VI:
      
     "Título V
     De las Corporaciones Educacionales
      
     Artículo 58 A. Son corporaciones educacionales las
personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro
constituidas por dos o más personas naturales, debidamente
registradas ante la autoridad, cuyo objeto único sea la
educación, y que se regirán por las disposiciones de esta
ley y, de manera supletoria, por las disposiciones del
Título XXXIII del Libro I del Código Civil.
     Estas corporaciones serán sostenedoras de
establecimientos educacionales y podrán impetrar las
subvenciones y aportes estatales con fines educativos de
conformidad a la ley.
     Artículo 58 B. Las corporaciones educacionales se
constituirán por medio de escritura pública o por
instrumento privado reducido a escritura pública en la que

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conste el acta de constitución y los estatutos por los
cuales deben regirse. El Ministerio de Educación pondrá a
disposición de los interesados estatutos tipo para la
constitución de una corporación educacional.
     Se deberá depositar, en la Secretaría Regional
Ministerial de Educación que corresponda, copia autorizada
del instrumento constitutivo y dos copias de los estatutos
de la nueva persona jurídica en el registro especial que se
llevará al efecto. La corporación educacional gozará de
personalidad jurídica por el solo hecho del depósito, para
cuyo efecto dicha Secretaría deberá autorizar una copia en
la cual se acreditará fecha del depósito y la inserción
en la misma del respectivo número del registro.
     La Secretaría Regional Ministerial de Educación no
podrá negar el registro a una corporación educacional. Con
todo, tendrá el plazo de noventa días, contado desde el
respectivo depósito, para realizar observaciones a la
constitución de la corporación, si faltare algún
requisito para constituirla o si los estatutos no se
ajustaren a lo prescrito por esta ley o a sus normas
complementarias.
     La corporación educacional deberá subsanar las
observaciones formuladas por la Secretaría Regional
Ministerial de Educación, dentro del plazo de sesenta días
contado desde su notificación, bajo apercibimiento de tener
por caducada su personalidad jurídica, por el solo
ministerio de la ley, procediendo dicha Secretaría a
eliminarla del registro respectivo.
     En dicho registro se consignarán, además, los
representantes y miembros de la corporación educacional,
las modificaciones estatutarias, la disolución y la
pérdida de la personalidad jurídica cuando correspondiere.
Para dar cumplimiento a lo anterior, en caso de
modificaciones de los estatutos, aprobadas según los
requisitos que éstos establezcan y que sean reducidas a
escritura pública, deben ser registradas en el Ministerio
de Educación dentro del plazo de treinta días contado
desde la fecha de la escritura pública de modificación
respectiva.
     Un reglamento fijará la forma y modalidad en que
deberá llevarse el registro, junto con la periodicidad y
manera de su actualización.
     Artículo 58 C. La administración y dirección de la
corporación educacional recaerá en uno o más miembros de
ésta, quienes serán sus directores. Se deberá elegir
entre los miembros del directorio a un presidente, quien
será el representante judicial y extrajudicial de la
corporación educacional y tendrá las demás atribuciones
que fijen los estatutos.
     Artículo 58 D. Los directores de la corporación
educacional no serán remunerados, salvo en los casos
establecidos en los numerales i) y ii) del inciso segundo
del artículo 3º, debiendo aplicarse a estas remuneraciones
lo señalado en los incisos tercero y siguientes del mismo
artículo.
     Artículo 58 E. El Ministerio de Educación dispondrá
la cancelación de la personalidad jurídica de las
corporaciones educacionales o las entidades individuales
educacionales en aquellos casos en que la Superintendencia,
en uso de sus atribuciones, constate incumplimientos graves
a sus estatutos o a las disposiciones del presente Título.
     Se cancelará, de pleno derecho, la personalidad
jurídica si, transcurrido el plazo de un año contado desde
la fecha de obtención de ésta, la nueva corporación
educacional no hubiere dado cumplimiento a los requisitos
exigidos por la ley para que su o sus establecimientos
educacionales obtengan el reconocimiento oficial.
     Las corporaciones y entidades individuales
educacionales que sean sancionadas con la cancelación de su
personalidad jurídica serán excluidas del registro al que
hace mención el artículo 58 B.

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     Artículo 58 F. Disuelta una corporación educacional,
sus bienes deberán ser transferidos a otra persona
jurídica sin fines de lucro cuyo fin sea la educación, de
conformidad a lo que dispongan sus estatutos, o al Estado,
en ambos casos para el cumplimiento del mismo fin. Lo
anterior, sin perjuicio de las garantías constituidas sobre
dichos bienes y de los derechos de los acreedores de la
corporación educacional, de conformidad a la ley.
     Artículo 58 G. Las corporaciones educacionales, en
tanto sostenedoras de establecimientos educacionales, serán
fiscalizadas por la Superintendencia de Educación.
     Artículo 58 H. Una persona natural podrá constituir
entidades individuales educacionales, que serán personas
jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, con
personalidad jurídica y patrimonio propio distinto de la
persona natural que la constituye, cuyo objeto único sea la
educación. Estas entidades serán sostenedoras de
establecimientos educacionales y podrán impetrar las
subvenciones y aportes estatales con fines educativos, de
conformidad a la ley.
     Estas entidades se constituirán de conformidad a lo
señalado en el artículo 58 B de la presente ley.
     Respecto a las menciones de sus estatutos, deberán
incorporar, además de las reguladas en el artículo 548-2
del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, la
individualización de la persona natural que la constituye,
en particular, el nombre, apellidos, nacionalidad, estado
civil, edad y domicilio.
     Será aplicable a estas entidades, en lo pertinente, lo
dispuesto en los artículos 8º, 9º, 10 y 12 de la ley
Nº19.857, que autoriza el establecimiento de empresas
individuales de responsabilidad limitada. En todo lo demás
se aplicarán las normas reguladas en este Título y,
supletoriamente, las normas del Título XXXIII del Libro I
del Código Civil, que resulten aplicables a las
corporaciones, con las adecuaciones o excepciones derivadas
de su naturaleza unipersonal.".
   
  
     Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes
modificaciones en la ley Nº20.529, que establece un Sistema
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia,
Básica y Media y su Fiscalización:
      
     1) Modifícase el artículo 1º de la manera que sigue:
      
     a) Intercálase, en el inciso cuarto, a continuación
de la palabra "nacional", la expresión "y local".
     b) Agrégase el siguiente inciso final:
     "Una educación de calidad siempre comprenderá los
principios educativos de carácter integral.".
      
     2) Modifícase el artículo 49 en el siguiente sentido:
      
     a) Modifícase la letra b) del inciso primero, de la
siguiente forma:
     i) Reemplázase la frase "a través de procedimientos
contables simples" por "conforme a los principios de
contabilidad".
     ii) Elimínase, a continuación del primer punto
seguido, la oración "Dichas rendiciones consistirán en un
estado anual de resultados que contemple, de manera
desagregada, todos los ingresos y gastos de cada
establecimiento.".
     b) Reemplázase la letra c) del inciso primero, por la
siguiente:
     "c) Realizar auditorías o autorizar a instituciones
externas para que las efectúen a solicitud del sostenedor,
siempre que existan, en ambos casos, sospechas fundadas
respecto a la veracidad y exactitud de la información que

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se le haya proporcionado a la Superintendencia. Cuando las
auditorías sean realizadas por instituciones externas, el
financiamiento de éstas lo asumirá el propio sostenedor y
será la Superintendencia quien las designe de entre una
terna propuesta por el sostenedor que, en todo caso, deberá
estar compuesta solo de aquellas instituciones registradas
para tales efectos en la Superintendencia de Valores y
Seguros, de conformidad al Título XXVIII de la ley
Nº18.045.".
     c) Intercálase en su letra d), en el párrafo segundo,
a continuación de la palabra "Estado" la expresión "o del
título preliminar del decreto con fuerza de ley Nº2, de
2009, del Ministerio de Educación".
     d) Reemplázase, en el párrafo primero de la letra e),
la frase inicial "Acceder a cualquier documento", por
"Acceder y solicitar cualquier documento".
     e) Agrégase, en la letra e), un párrafo segundo,
nuevo, pasando el actual párrafo segundo a ser tercero:
     "La Superintendencia deberá mantener un registro de
todas las cuentas bancarias en el que consten los ingresos
que se destinen al cumplimiento de los fines educativos del
establecimiento, de conformidad al artículo 3º del decreto
con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de
Educación, pudiendo requerir, mediante resolución fundada,
los movimientos de estas operaciones en dichas cuentas
bancarias y los antecedentes que los respalden. En relación
a esta última facultad, ante la negativa del titular de la
cuenta, la Superintendencia podrá solicitar al juez
competente la entrega de dicha información.".
     f) Intercálase en su letra f), en el párrafo segundo,
a continuación de la palabra "Estado" la expresión "o del
título preliminar del decreto con fuerza de ley Nº2, de
2009, del Ministerio de Educación".
      
     3) Intercálase en el artículo 50, a continuación de
la expresión "República", la frase "y al Servicio de
Impuestos Internos".
      
     4) Reemplázase el artículo 54 por el siguiente:
      
     "Artículo 54.- Los sostenedores de establecimientos
educacionales subvencionados o que reciban aportes regulares
del Estado deberán rendir, anualmente, cuenta pública del
uso de todos sus recursos, conforme a los principios de
contabilidad generalmente aceptados, respecto de la entidad
sostenedora y de cada uno de sus establecimientos
educacionales.
     Los recursos recibidos durante el año calendario
anterior, se rendirán hasta el 31 de marzo del año
siguiente.
     Asimismo, como parte del proceso de rendición de
cuentas, los sostenedores de establecimientos educacionales
subvencionados o que reciban aportes regulares del Estado,
deberán administrar todos los recursos destinados al
cumplimiento de los fines educativos del establecimiento, de
conformidad al artículo 3º del decreto con fuerza de ley
Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación, en cuentas
bancarias exclusivas, informadas a la Superintendencia de
Educación.".
      
     5) Agrégase el siguiente artículo 54 bis:
      
     "Artículo 54 bis.- Los establecimientos educacionales
que reciben aportes del Estado deberán, además, presentar
una declaración con la información que requiera el
Servicio de Impuestos Internos, en la forma y plazo que
éste establezca mediante resolución. En dicha
declaración, el Servicio podrá solicitar, entre otros
antecedentes, un desglose de los ingresos tributables,
rentas exentas e ingresos no constitutivos de renta
obtenidos por estas entidades, así como también de todos

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los costos, gastos y desembolsos asociados a cada una de las
categorías de rentas e ingresos antes mencionados.
     El retardo u omisión en la presentación de la
referida declaración jurada se sancionará conforme a lo
dispuesto en el inciso primero del Nº1 del artículo 97 del
Código Tributario. Si la declaración presentada conforme a
este número fuere maliciosamente falsa, se sancionará
conforme a lo dispuesto por el inciso primero, del Nº4, del
artículo 97 del Código Tributario.".
      
     6) Reemplázase el artículo 55, por el siguiente:
      
     "Artículo 55.- Las rendiciones de cuenta consistirán
en estados financieros que contengan la información de
manera desagregada, según las formas y procedimientos que
establezca la Superintendencia de Educación, con especial
consideración de las características de cada
establecimiento educacional, y exigiendo, según sea el
caso, procedimientos que sean eficientes y proporcionados a
la gestión de cada sostenedor y sus respectivos
establecimientos. Para tal efecto, la Superintendencia
deberá tener en consideración factores tales como la
ruralidad, número de estudiantes matriculados y nivel
socioeconómico de cada establecimiento y sostenedor.
     Adicionalmente, los sostenedores que posean más de un
establecimiento educacional subvencionado o que reciba
aportes del Estado, deberán entregar un informe consolidado
del uso de los recursos respecto de la totalidad de sus
establecimientos.
     La Superintendencia pondrá a disposición de los
sostenedores formatos estandarizados e instrumentos que sean
necesarios para llevar a cabo de forma eficiente los
procesos de rendición de cuentas. Se procurará, asimismo,
facilitar programas computacionales u otros mecanismos que
apoyen a los sostenedores en el registro de sus operaciones
y la confección de los libros que se les exijan.
     El análisis de la rendición de cuentas sólo
implicará un juicio de legalidad del uso de los recursos y
no podrá extenderse al mérito del uso de los mismos.".
      
     7) Sustitúyese el artículo 56, por el siguiente:
      
     "Artículo 56.- Dentro del marco de sus atribuciones, y
con el objeto de dar cumplimiento a los fines que la ley
impone a cada uno de estos organismos, la Superintendencia
de Educación, el Ministerio de Educación y el Servicio de
Impuestos Internos, actuarán coordinadamente y se
remitirán recíprocamente la información que sea necesaria
para el correcto ejercicio de sus funciones de
fiscalización. El contenido, plazo y forma en que se
enviará esta información, se determinará en un reglamento
que deberá dictarse conjuntamente por los Ministerios de
Hacienda y Educación.
     Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, el
Servicio de Impuestos Internos se encontrará eximido del
secreto tributario establecido en el inciso segundo del
artículo 35 del decreto ley Nº830, del Ministerio de
Hacienda que fija el texto del Código Tributario. La
información que entregue el Servicio de Impuestos Internos
a partir del presente artículo podrá ser utilizada
únicamente para los fines propios de las instituciones que
la reciban y bajo estrictos deberes de reserva y
confidencialidad.".
      
     8) Agrégase en el artículo 76 la siguiente letra i):
      
     "i) Incumplir las normas señaladas en los artículos
3º, 3º bis y 6º del decreto con fuerza de ley Nº2, de
1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza
de ley Nº2, de 1996, sobre subvención del Estado a

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Establecimientos Educacionales.".
      
     9) Intercálase en el artículo 77 la siguiente letra
e) nueva, pasando la letra e) a ser letra f):
      
     "e) Tratándose de los establecimientos que reciben
subvención o aportes del Estado, realizar maliciosamente
publicidad que induzca a error respecto de la naturaleza del
proyecto educativo del establecimiento, o que inhiba
arbitrariamente la postulación de determinados estudiantes
al establecimiento educacional de que se trate.".
     Artículo 4º.- Introdúcense las siguientes
modificaciones en la ley Nº20.248, que establece una ley de
Subvención Escolar Preferencial:
     1) Intercálase en el artículo 1º, entre la frase
"alumnos prioritarios" y la expresión "que estén
cursando", la frase "y alumnos preferentes".
     2) Agrégase el siguiente artículo 2º bis:
     "Artículo 2º bis.- Para los efectos de la aplicación
de la subvención escolar preferencial se entenderá por
alumnos preferentes a aquellos estudiantes que no tengan
calidad de alumno prioritario y cuyas familias pertenezcan
al 80% más vulnerable del total nacional, según el
instrumento de caracterización social vigente.
     La calidad de alumno preferente será determinada
anualmente por el Ministerio de Educación, directamente o a
través de los organismos de su dependencia que éste
determine.
     La determinación de la calidad de alumno preferente,
así como la pérdida de la misma, será informada
anualmente por el Ministerio de Educación a la familia de
dicho alumno y al sostenedor del establecimiento en que
éste se encuentre matriculado.
     Un reglamento del Ministerio de Educación, que deberá
ser firmado por el Ministro de Hacienda, determinará la
metodología para la identificación de los alumnos a los
que se refiere este artículo.".
     3) Reemplázase, en el artículo 3º la expresión "el
artículo 2º" por la frase "los artículos 2º y 2º bis".
     4) Reemplázase, en el artículo 4º, la frase
"prioritarios matriculados en dichos establecimientos,
según lo establecido en los artículos 14 y 15" por la
expresión "prioritarios y preferentes matriculados en
dichos establecimientos, según lo establecido en los
artículos 14, 14 bis y 15".
     5) Modifícase el artículo 6º en el siguiente
sentido:
     a) Reemplázase su letra a) por la siguiente:
     "a) Eximir a los alumnos prioritarios de todo tipo de
cobro que condicione la postulación, ingreso o permanencia
del alumno en ese establecimiento.".
     b) Sustitúyese su letra d) por la siguiente:
     "d) Retener en el establecimiento a los y las
estudiantes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo
11 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del
Ministerio de Educación.".
     6) Sustitúyese la tabla del artículo 14 por la
siguiente:
      
                    Desde 1º nivel     5º y        7º y  
    Desde 1º
                    de transición      6º año       8º  
     hasta 4º
                    hasta 4º año de    básico     básico
     año de
                    la educación                           
  enseñanza
                    básica                                 
  media

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A.
Establecimientos
educacionales 
autónomos             2,0328           2,0328     1,3548   
  1,3548
B.
Establecimientos 
educacionales 
emergentes            1,0164           1,0164     0,6774    
 0,6774
      
     7) Agrégase el siguiente artículo 14 bis:
     "Artículo 14 bis.- La subvención escolar preferencial
para los alumnos preferentes será equivalente a la mitad
del valor unitario mensual para los alumnos prioritarios,
expresado en unidades de subvención educacional, según lo
señalado en el artículo 14.".
     8) Modifícase el artículo 15 en el siguiente sentido:
     a) Reemplázase en el inciso primero la oración que se
inicia con las palabras "Su monto se determinará", por la
siguiente "Su monto se determinará multiplicando el valor
que corresponda, conforme a los artículos 14 y 14 bis, por
la asistencia media promedio de los alumnos prioritarios y
preferentes, según corresponda, durante los tres meses
precedentes al pago.".
     b) Agrégase en su inciso segundo, a continuación de
la expresión "alumnos prioritarios", la frase "y
preferentes".
     c) Sustitúyese en su inciso tercero, la frase
"conforme al artículo 14, por el número de alumnos
prioritarios," por la oración "conforme a los artículos 14
y 14 bis, por el número de alumnos prioritarios y
preferentes, según corresponda,".
     d) Agrégase en su inciso cuarto, a continuación de la
expresión "alumnos prioritarios", la frase "y preferentes".
     9) Agrégase en el numeral 3º del artículo 19, a
continuación de la expresión "alumnos prioritarios", la
frase "y preferentes".
     10) Modifícase el artículo 20 en el siguiente
sentido:
     a) Agrégase en su inciso primero, a continuación de
la frase "a que se refiere la letra B del artículo 14", la
expresión "y el artículo 14 bis".
     b) Agrégase en su inciso segundo, a continuación de
la oración "por la aplicación de la letra B del artículo
14", la frase "y el artículo 14 bis".
     c) Agrégase en su inciso segundo, a continuación de
la frase "será equivalente a lo que le correspondería
recibir al mismo establecimiento" la oración ", por alumnos
prioritarios y preferentes,".
     d) Incorpórase en su inciso tercero, a continuación
de la palabra "alumnos", todas las veces que ella aparece,
la palabra "prioritarios".
     e) Sustitúyense, en el inciso tercero, el guarismo
"0,847" por "1,0164", y el guarismo "0,5645", las dos veces
que aparece, por "0,6774".
     f) En el inciso tercero, suprímese la conjunción "y"
que sucede al último punto y coma, e incorpórase, a
continuación de las palabras "enseñanza media", la frase
", y ascenderá a la mitad de dichos montos por los alumnos
preferentes que cursen los niveles que correspondan".
     11) Reemplázase en el artículo 24 la expresión "el
artículo 14" por la frase "los artículos 14 y 14 bis".
     12) Modifícase el artículo 27 en el siguiente
sentido:
     a) Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente:
     "La suma anual de este aporte extraordinario será
equivalente al monto que le correspondería al
establecimiento educacional si se le aplicara la subvención
establecida en la letra A del artículo 14 y la subvención

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establecida en el artículo 14 bis, por el promedio de los
alumnos prioritarios y preferentes, según corresponda,
matriculados en los niveles correspondientes en el primer
trimestre del año escolar, considerando el porcentaje de la
asistencia media efectiva de los alumnos prioritarios y
preferentes, según corresponda, registrada en los meses del
año escolar inmediatamente anterior.".
     b) Intercálase en el inciso quinto, a continuación de
la expresión "alumno prioritario", la frase "o preferente".
     13) Agrégase una nueva letra a) en el artículo 30,
pasando la actual letra a) a ser b) y así sucesivamente,
del siguiente tenor:
     "a) Estar constituidas como personas jurídicas de
derecho privado sin fines de lucro.".
 
 
     Artículo 5º.- Autorízase a los sostenedores que den
cumplimiento a lo dispuesto en el literal a) del artículo
6º del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del
Ministerio de Educación, y que sean propietarios del
inmueble en que funciona el establecimiento educacional, a
acceder al Fondo de Garantía para los Pequeños Empresarios
que establece el decreto ley Nº3.472, del Ministerio de
Hacienda, de 1980, para garantizar los créditos que las
instituciones financieras públicas y privadas otorguen a
dichos sostenedores, con el objeto de realizar mejoras
útiles y,o necesarias a los inmuebles en que opera el
establecimiento educacional.
     Para acceder a dichas garantías, los establecimientos
educacionales de los respectivos sostenedores no podrán
generar ingresos anuales superiores al monto dispuesto en el
inciso primero del artículo 3º del mencionado decreto ley.
     Corresponderá al Administrador del Fondo especificar,
en las bases de licitación, las condiciones generales bajo
las cuales las instituciones participantes y los
sostenedores a que se refiere el inciso primero podrán
acceder a la garantía y hacer uso de los derechos de
garantía licitados.
     La Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras deberá fiscalizar las operaciones y dictar la
reglamentación correspondiente.
     El monto de subvención escolar que se impute
mensualmente de conformidad a lo dispuesto en el presente
artículo deberá ser razonablemente proporcionado en
consideración a los ingresos del establecimiento
educacional por concepto de subvención y aportes del
Estado, con el objeto de asegurar una adecuada prestación
del servicio educativo.
     En todo lo no regulado por el presente artículo, se
aplicarán las normas del decreto ley Nº3.472, del
Ministerio de Hacienda, de 1980.
  
 
     Artículo 6º.- Introdúcense las siguientes
modificaciones en la ley Nº19.979, que modifica el régimen
de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales:
      
     1) Agrégase el siguiente artículo 7º bis:
      
     "Artículo 7º bis.- Cada Consejo Escolar deberá
convocar al menos a cuatro sesiones al año. El quórum de
funcionamiento será la mayoría de sus miembros.
     En cada sesión, el Director deberá realizar una
reseña acerca de la marcha general del establecimiento,
procurando abordar cada una de las temáticas que deben
informarse o consultarse al Consejo, según lo dispuesto en
los incisos segundo y tercero del artículo siguiente. Con
todo, podrá acordarse planificar las sesiones del año para
abocarse especialmente a alguna de ellas en cada

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oportunidad. Deberá referirse, además, a las resoluciones
públicas y de interés general sobre el establecimiento
que, a partir de la última sesión del Consejo, hubiera
emitido la entidad sostenedora de la educación municipal,
si fuera el caso, y el Ministerio de Educación o sus
organismos dependientes o relacionados, tales como la
Agencia de Calidad de la Educación, la Superintendencia y
el Consejo Nacional de Educación.
     En la primera sesión siguiente a su presentación a la
Superintendencia de Educación, el Director deberá aportar
al Consejo una copia de la información a que se refiere el
inciso tercero del artículo 5º del decreto con fuerza de
ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación, sobre
Subvención del Estado a los Establecimientos
Educacionales.".
      
     2) Reemplázase el inciso tercero del artículo 8º por
los siguientes incisos tercero y cuarto, pasando el actual
inciso cuarto a ser inciso quinto:
      
     "El Consejo será consultado, a lo menos, en los
siguientes aspectos:
     a) El proyecto educativo institucional.
     b) Las metas del establecimiento y los proyectos de
mejoramiento propuestos.
     c) El informe escrito de la gestión educativa del
establecimiento que realiza el Director anualmente, antes de
ser presentado a la comunidad educativa. La evaluación del
equipo directivo y las propuestas que hará el Director al
sostenedor deben ser dialogadas en esta instancia.
     d) El calendario detallado de la programación anual y
las actividades extracurriculares, incluyendo las
características específicas de éstas.
     e) La elaboración y modificaciones al reglamento
interno del establecimiento, sin perjuicio de la aprobación
del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. Con
este objeto, el Consejo organizará una jornada anual de
discusión para recabar las observaciones e inquietudes de
la comunidad escolar respecto de dicha normativa.
     Respecto de las materias consultadas en las letras d) y
e) del inciso precedente, el pronunciamiento del Consejo
deberá ser respondido por escrito por el sostenedor o el
Director, en un plazo de treinta días.".
  
 
     Artículo 7º.- El mayor gasto fiscal que represente la
aplicación de la presente ley se financiará con cargo a
los recursos que contemple anualmente la ley de Presupuestos
del Sector Público, en la Partida 09 del Ministerio de
Educación.
    
     ARTICULOS TRANSITORIOS
  
    
     Artículo primero.- La presente ley entrará en
vigencia el 1 de marzo de 2016, sin perjuicio de las reglas
especiales establecidas en los artículos siguientes.
     A los establecimientos educacionales que, a la fecha de
entrada en vigencia de esta ley, funcionen en inmuebles
gravados o hipotecados a favor del Fisco, no se les
aplicará el requisito de estar el inmueble libre de
gravámenes, que establece la letra a) quáter del artículo
6º del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del
Ministerio de Educación. Esta excepción cesará una vez
que se cumpla el período que reste para alzar los
gravámenes o hipotecas señalados.
     Párrafo 1º
     De la prohibición del lucro en los establecimientos

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educacionales que reciben aportes del Estado
 
     
     Artículo segundo.- Hasta el 31 de diciembre de 2017,
los sostenedores particulares que no estén organizados como
una persona jurídica sin fines de lucro y que estén
percibiendo la subvención del Estado que regula el decreto
con fuerza de ley Nº2, del año 1998, del Ministerio de
Educación, podrán transferir la calidad de sostenedor a
una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro,
sin que les sea aplicable lo señalado en el artículo 46,
letra a), párrafo quinto, del decreto con fuerza de ley
Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación.
     El sostenedor que haya adquirido su calidad de tal en
conformidad al inciso anterior será el sucesor legal de
todos los derechos y obligaciones que la persona
transferente haya adquirido o contraído, con ocasión de la
prestación del servicio educativo, manteniendo los
establecimientos educacionales respecto de los cuales se
traspasa la condición de sostenedor, el reconocimiento
oficial con que contaren.
     Quien haya transferido su calidad de sostenedor y la
persona jurídica sin fines de lucro que la haya adquirido,
serán solidariamente responsables por todas las
obligaciones laborales y previsionales, contraídas con
anterioridad a la transferencia.
     En ningún caso la transferencia de la calidad de
sostenedor alterará los derechos y obligaciones de los
trabajadores, ni la subsistencia de los contratos de trabajo
individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo que
los rijan, los que continuarán vigentes con el nuevo
empleador, para todos los efectos legales, como si dicha
transferencia no se hubiese producido.
     Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo,
sólo se transferirán las obligaciones que se hayan
contraído para la adquisición de bienes esenciales para la
prestación del servicio educacional.
     El sostenedor que haya adquirido su calidad de tal en
conformidad a este artículo deberá informar y remitir
copia a la Superintendencia de Educación de todos los actos
y contratos celebrados de conformidad a lo dispuesto en el
inciso anterior.
     Desde la entrada en vigencia de la presente ley, y
hasta el 31 de diciembre de 2017, las modificaciones al uso
de los recursos de los establecimientos educacionales
establecidos en el numeral 3) del artículo 2º de la
presente ley regirán para los sostenedores que no estén
organizados como persona jurídica sin fines de lucro
respecto de los recursos públicos de que sean
beneficiarios.
    
     Artículo tercero.- El sostenedor que haya adquirido
tal calidad de conformidad a lo dispuesto en el artículo
anterior deberá dar cumplimiento a lo establecido en el
literal a) quáter del artículo 6º del decreto con fuerza
de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación, dentro
del plazo de seis años contado desde el 30 de junio de
2017.                                                           Ley 20993
     Asimismo, aquel sostenedor que a la fecha de               Art. 2 N° 1 a)
publicación de esta ley se encuentre organizado como una        D.O. 28.01.2017
persona jurídica sin fines de lucro, tendrá el plazo de
seis años, contado desde el 30 de junio de 2017, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el literal a) quáter del
artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998,
del Ministerio de Educación.                                    Ley 20993
     Con todo, en caso de que el sostenedor, a la fecha de      Art. 2 N° 1 b)
publicación de esta ley mantenga gravado con hipoteca o         D.O. 28.01.2017
adquiera el inmueble en que funciona el establecimiento

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educacional al inicio del año escolar 2014, deberá
acreditar, si correspondiere, el alzamiento de la hipoteca
que garantizaba la obligación contraída para adquirirlo en
el término de veinticinco años contado desde el plazo que
señalan los incisos precedentes, según corresponda. Sin
perjuicio de lo anterior, en el evento de que no se haya
podido alzar la hipoteca en el plazo señalado previamente,
y siempre que se haya extinguido completamente la
obligación garantizada con ésta, el sostenedor dispondrá
de dos años para formalizar el alzamiento.
 
    
     Artículo cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo anterior, los sostenedores que usen el inmueble en
que funciona el establecimiento educacional en cualquiera de
las calidades contempladas en el literal i) del artículo 46
del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio
de Educación, podrán continuar ocupando dicho inmueble de
conformidad a los incisos siguientes.
     Los sostenedores que tengan contratos de arrendamiento
vigentes al inicio del año escolar 2014, podrán continuar
con ellos en las mismas condiciones en ellos señaladas
hasta el plazo establecido en los incisos primero y segundo
del artículo tercero transitorio, según corresponda. En
caso que dichos contratos expiren durante el referido plazo,
sólo podrán ser renovados por el tiempo que reste para su
cumplimiento, con un canon de arrendamiento que no podrá
exceder del 11% del avalúo fiscal del inmueble dividido en
doce mensualidades.
     Los demás sostenedores podrán celebrar o continuar
con sus contratos de arrendamiento, según corresponda, con
un canon de arrendamiento que no podrá exceder del 11% del
avalúo fiscal del inmueble dividido en doce mensualidades
hasta por el mismo plazo a que se refiere el inciso
anterior.                                                       Ley 20993
     Solamente los sostenedores organizados como personas       Art. 2 N° 2 a)
jurídicas sin fines de lucro a la fecha de publicación de       D.O. 28.01.2017
esta ley, así como aquellos organizados como tales en
virtud del artículo segundo transitorio, antes del 1 de
julio de 2017, podrán extender dichos contratos hasta por
cuatro años adicionales al plazo establecido en los incisos
primero y segundo del artículo tercero transitorio, según
corresponda. Vencido el plazo anterior, les será exigible
el cumplimiento de lo dispuesto en el literal a) quáter del
artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998,
del Ministerio de Educación.                                    Ley 20993
     Los contratos de arrendamiento a que se refieren los       Art. 2 N° 2 b)
incisos anteriores estarán exceptuados de las restricciones     D.O. 28.01.2017
respecto de personas relacionadas a que se refiere la letra
a) del inciso sexto del artículo 3º y el artículo 3º bis
del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio
de Educación.
     Vencidos los plazos anteriormente señalados, dichos
sostenedores podrán celebrar nuevos contratos de
arrendamiento, los que deberán sujetarse a las siguientes
reglas:
     1º No podrán celebrarse con personas relacionadas, de
acuerdo a las reglas establecidas en la letra a) del inciso
sexto del artículo 3º y en el artículo 3º bis del
decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de
Educación, salvo que el arrendador sea una persona
jurídica sin fines de lucro o una persona jurídica de
derecho público.
     2º Deberán estar inscritos en el Conservador de
Bienes Raíces correspondiente.
     3º Deberán celebrarse con una duración de, a lo
menos, ocho años. Tal plazo se renovará automáticamente
por igual período, salvo que el arrendador comunique su
voluntad de no renovar el contrato antes que resten cuatro

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años para el término del plazo. Con todo, el arrendatario
sólo estará obligado a restituir el inmueble una vez que
se cumpla el plazo pactado.
     4º La renta máxima mensual de estos contratos no
podrá exceder del 11% del avalúo fiscal del inmueble
arrendado dividido en 12 mensualidades. Esta renta deberá
ser razonablemente proporcionada en consideración a los
ingresos del establecimiento educacional por concepto de
subvención y aportes del Estado, con el objeto de asegurar
una adecuada prestación del servicio educativo.
     5º Para efectos de impetrar la subvención
educacional, en dichos contratos se deberá estipular de
forma expresa que los gastos relativos a mejoras útiles o
necesarias del inmueble arrendado son de cargo del dueño
del inmueble y deberán ser descontados del canon de
arriendo, no pudiendo establecerse estipulación en
contrario.
     El pago de rentas de los contratos de arrendamiento a
que se refiere este artículo, se considerará una
operación que cumple con los fines educacionales, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 3º del decreto
con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de
Educación.
     El propietario podrá solicitar al Servicio de
Impuestos Internos la revisión del actual avalúo fiscal
del inmueble en donde funciona el establecimiento
educacional.
     La Superintendencia de Educación, en uso de sus
atribuciones, fiscalizará el cumplimiento de lo dispuesto
en este artículo.
 
   
     Artículo quinto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo tercero transitorio, los sostenedores regidos por
el decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio
de Educación, que, al inicio del año escolar 2014,
gestionen establecimientos educacionales con una matrícula
no superior a 400 estudiantes considerado el total de
establecimientos de su dependencia, podrán acogerse al
régimen excepcional que establecen los incisos siguientes.
     Inciso Eliminado.                                          Ley 20993
     Inciso Eliminado.                                          Art. 2 N° 3 a)
     Inciso Eliminado.                                          D.O. 28.01.2017
     Finalizados los plazos referidos en los incisos
segundo, tercero o cuarto del artículo cuarto transitorio
respectivamente, los sostenedores podrán celebrar un
"contrato de uso de infraestructura para fines
educacionales" del bien inmueble en que funciona el
establecimiento educacional. Este contrato deberá cumplir
con las siguientes reglas:                                      Ley 20993
     a) El propietario del bien inmueble se obliga a            Art. 2 N° 3 b)
entregar el uso de éste al sostenedor sin fines de lucro y      D.O. 28.01.2017
a solventar los gastos relativos a mejoras útiles o
necesarias de dicho inmueble. En ningún caso, ni directa o
indirectamente, dichos gastos podrán ser solventados por el
sostenedor con cargo a la subvención escolar u otros
aportes que reciba en su calidad de tal.
     b) El sostenedor se obliga a compensar la depreciación
de la propiedad pagando una suma que no podrá exceder del
4,2% del avalúo fiscal del inmueble dividido en doce
mensualidades, debiendo imputar dicho gasto al numeral vii)
del artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº2, de
1998, del Ministerio de Educación.
     c) Este contrato se mantendrá vigente durante el
tiempo que se preste el servicio educacional por parte del
sostenedor. Con todo, el propietario podrá,
unilateralmente, poner término a dicho contrato informando
al sostenedor con una anticipación de cinco años.
     d) En estos contratos estará siempre incluida la

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obligación del propietario de, al poner término al
contrato, ofrecer el inmueble para su adquisición, de forma
preferente, y en orden sucesivo, al sostenedor que lo está
usando y al Estado.
     El propietario deberá comunicar a través de una carta
certificada al sostenedor, el término del contrato y la
oferta del inmueble para su adquisición. Dicha oferta
deberá ser aceptada o rechazada dentro de un plazo de
ciento ochenta días desde la recepción de la carta y, en
caso que el sostenedor no se manifieste, se entenderá que
rechaza la oferta.
     Si el sostenedor acepta la oferta y adquiere el
inmueble, se entenderá que lo pagado corresponde a una
operación que cumple con los fines educacionales
establecidos en el artículo 3º del decreto con fuerza de
ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación. El inmueble
adquirido quedará afecto a fines educativos.
     Por su parte, si es rechazada la oferta por el
sostenedor, el propietario deberá, dentro de los ciento
ochenta días anteriores al término del contrato de uso,
comunicar al Estado la oferta de venta del inmueble. La
compra por el Estado se regirá por las reglas del artículo
decimoctavo transitorio.
     e) Este contrato deberá estar inscrito en el
Conservador de Bienes Raíces correspondiente.
     En caso que el Ministerio de Educación determine que,
durante dos años consecutivos, la matrícula total de el o
los establecimientos educacionales señalados en el inciso
primero supera los 400 estudiantes, el sostenedor tendrá el
plazo de dos años contado desde la notificación del
Ministerio de Educación, para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la letra a) quáter del artículo 6º del
decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de
Educación.
     El propietario podrá solicitar al Servicio de
Impuestos Internos la revisión del actual avalúo fiscal
del inmueble en donde funciona el establecimiento
educacional.
     Dicho contrato estará exceptuado de las restricciones
respecto de las personas relacionadas a que se refiere la
letra a) del inciso quinto del artículo 3 y el artículo 3
bis del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del
Ministerio de Educación.                                        Ley 20993
                                                                Art. 2 N° 3 c)
                                                                D.O. 28.01.2017
   
     Artículo sexto.- El sostenedor a quien se le haya
transferido tal calidad de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo segundo transitorio o que, a la fecha de
publicación de esta ley, se encuentre organizado como una
persona jurídica sin fines de lucro, podrá adquirir con
cargo a la subvención, y dentro del plazo señalado en el
inciso primero o en el inciso segundo del artículo tercero
transitorio, según corresponda, el inmueble en que funciona
el establecimiento educacional, a fin de dar cumplimiento a
lo dispuesto en la letra a) quáter del artículo 6º del
decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de
Educación.
     Para efectos de la adquisición a que hace referencia
el inciso anterior, la nueva entidad sostenedora sin fines
de lucro podrá contraer obligaciones con instituciones
financieras públicas o privadas, de aquellas sujetas a la
fiscalización de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras de conformidad al decreto con
fuerza de ley Nº3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que
fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la
Ley General de Bancos y otros cuerpos legales que se
indican. En el caso de que dichas obligaciones se encuentren
caucionadas con hipotecas, deberá estarse a lo dispuesto en
el inciso final del artículo tercero transitorio.

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     La entidad sostenedora sin fines de lucro podrá
adquirir el inmueble en el que funciona el establecimiento
educacional imputando mensualmente, con cargo a la
subvención, hasta una doceava parte del 11% del avalúo
fiscal, según el valor de la unidad de fomento a la fecha
de celebración del contrato, hasta el término de
veinticinco años, contado desde el plazo a que se refiere
el inciso primero del presente artículo.
     En caso que el sostenedor haya sido beneficiario del
aporte suplementario por costo de capital adicional
establecido en la ley Nº19.532, que crea el régimen de
jornada escolar completa diurna, el precio de la compraventa
no podrá exceder el monto que resulte de restar al valor
del inmueble, lo que el sostenedor deberá devolver al Fisco
conforme a lo dispuesto en el artículo décimo transitorio.
     El monto que se impute mensualmente de conformidad al
inciso anterior, deberá ser razonablemente proporcionado en
consideración a los ingresos del establecimiento
educacional por concepto de subvención y aportes del
Estado, con el objeto de asegurar una adecuada prestación
del servicio educativo. La Superintendencia de Educación,
en uso de sus atribuciones, fiscalizará el cumplimiento de
lo dispuesto anteriormente.
     Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo, no
se aplicará la prohibición de celebrar actos o contratos
con personas relacionadas en los términos de la letra a)
del inciso sexto del artículo 3º y el artículo 3º bis
del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio
de Educación.
     El pago de lo dispuesto en este artículo se
considerará una operación que cumple con los fines
educacionales, de conformidad a lo dispuesto en el artículo
3º del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del
Ministerio de Educación.
     El sostenedor deberá remitir copia del o los contratos
que corresponda por la aplicación del presente artículo a
la Superintendencia de Educación.
     El Ministerio de Educación, mediante un reglamento que
deberá ser firmado por el Ministro de Hacienda, regulará
las materias señaladas en este artículo.
     Con todo, aquellos sostenedores que se acojan a lo
dispuesto en el inciso cuarto del artículo cuarto
transitorio, podrán celebrar el contrato señalado en el
inciso primero durante la extensión de plazo indicada en
dicho artículo.                                                 Ley 20993
                                                                Art. 2 N° 4
                                                                D.O. 28.01.2017
    
     Párrafo 2º
     De los créditos garantizados
  
    
     Artículo séptimo.- Las personas jurídicas sin fines
de lucro señaladas en el inciso siguiente, podrán adquirir
el inmueble en que funciona el respectivo establecimiento
educacional mediante créditos garantizados hasta por el
plazo de veinticinco años, los que se pagarán con los
recursos públicos entregados por concepto de subvención,
en conformidad a los artículos de este Párrafo.
     Con el objeto exclusivo de realizar la adquisición a
que hace referencia el inciso primero, los siguientes
sostenedores podrán contratar créditos con empresas
bancarias, de aquellas reguladas por el decreto con fuerza
de ley Nº3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija
el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley
General de Bancos y otros cuerpos legales que se indican:
     a) Aquel a quien se le haya transferido su calidad de
tal, en conformidad a lo establecido en el artículo segundo
transitorio de la presente ley.
     b) Aquel que se encuentre constituido como persona

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jurídica sin fines de lucro a la fecha de publicación de
esta ley.
     Para efectos de lo dispuesto en el presente Párrafo,
no se aplicará la prohibición de celebrar actos o
contratos con personas relacionadas en los términos de la
letra a) del inciso sexto del artículo 3º y el artículo
3º bis del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del
Ministerio de Educación.
     El contrato de crédito sólo podrá celebrarse dentro
de los plazos establecidos en los incisos primero y segundo
del artículo tercero transitorio. Con todo, aquellos
sostenedores que se acojan a lo dispuesto en el inciso
cuarto del artículo cuarto transitorio podrán celebrar
dicho contrato durante la extensión de plazo allí
indicado.                                                       Ley 20993
     Las empresas bancarias a que alude el inciso segundo       Art. 2 N° 5
podrán solicitar a quienes competa, previo a la                 D.O. 28.01.2017
celebración del respectivo contrato, la verificación de
los antecedentes presentados por el sostenedor.
   
 
     Artículo octavo.- Los sostenedores podrán, respecto
de los créditos que adquieran con empresas bancarias para
los fines a que se refiere el artículo séptimo
transitorio, contar con la garantía de la Corporación de
Fomento de la Producción, en representación del Fondo
señalado en el artículo undécimo transitorio, por el
monto total de aquel crédito, y en los términos pactados
entre el sostenedor y la empresa bancaria, siempre que se
cumpla con las siguientes condiciones:
     a) Que la operación sea respaldada con una tasación
aceptada, mediante resolución, por la Corporación de
Fomento de la Producción, sea que esta fuere realizada por
la empresa bancaria o por la comisión tasadora a que se
refiere el artículo noveno transitorio.
     b) Que en el respectivo contrato de crédito se
estipule expresamente lo siguiente:
     i. Los supuestos bajo los cuales se perderá el derecho
a impetrar la subvención y los casos en que procederá la
transferencia de la propiedad.
     ii. Que la propiedad adquirida quedará afecta al
servicio educativo de conformidad a lo señalado en el
artículo decimosexto transitorio.
     c) Que el sostenedor autorice expresamente al
Ministerio de Educación para descontar, retener y pagar
directamente a la empresa bancaria, la cuota mensual del
crédito respectivo, con cargo a la subvención de
conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo duodécimo transitorio, hasta por el plazo de
veinticinco años. En estos casos se entenderá que se
cumple la exigencia de destinar la subvención a fines
educacionales, en los términos del artículo 3º del
decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de
Educación. Cuando corresponda, esta cuota se considerará
como un gasto indispensable de aquellos a que hace
referencia la letra c) del artículo 92 de la ley Nº
20.529.                                                         Ley 20993
     d) Que la cuota mensual proyectada del crédito no          Art. 2 N° 6 a)
supere el 25% de los ingresos promedio mensuales                D.O. 28.01.2017
proyectados, considerando para dicha proyección la
matrícula promedio efectiva de los últimos tres años del
establecimiento educacional. Para este cálculo deberán
considerarse sólo aquellos ingresos señalados en el inciso
segundo del artículo duodécimo transitorio. Con todo, la
Dirección de Presupuestos podrá autorizar que la cuota del
crédito exceda este límite.                                     Ley 20993
     e) Que el sostenedor contrate y mantenga, mientras el      Art. 2 N° 6 b)
crédito se encuentre vigente, y con cargo al pago de dicho      D.O. 28.01.2017
crédito señalado en el literal c) precedente, un seguro

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destinado a la completa restitución de los daños que se
produzcan en el local escolar, y que cubra a lo menos los
riesgos de incendio, sismo y salida de mar, en caso que el
bien esté expuesto a este último riesgo. Este seguro se
contratará utilizando los modelos de texto de condiciones
generales de pólizas y cláusulas adicionales que la
Superintendencia de Valores y Seguros deposite para tal
efecto en el Depósito de Pólizas del literal e) del
artículo 3 del decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931,
los que estarán sujetos a las normas de contratación que
para estos efectos dicte dicha Superintendencia.                Ley 20993
     En el caso que, por cualquier causa legal distinta de      Art. 2 N° 6 c)
la señalada en el literal c) del inciso anterior, el            D.O. 28.01.2017
Ministerio de Educación retenga parte o todos los recursos
de la subvención, éste no dejará de pagar, con cargo a
ella, la cuota mensual del crédito que corresponda.
     En caso que la tasación a que se refiere el literal a)
anterior sea superior a la suma de 110 unidades de fomento
por estudiante matriculado en el establecimiento, el
crédito solo podrá ser garantizado por la Corporación de
Fomento de la Producción en la medida que cuente con la
aprobación de la Dirección de Presupuestos. Para efectos
de este cálculo, se considerará la matrícula promedio de
los últimos tres años.
     Los inmuebles adquiridos y que cuenten con garantía a
que hace referencia el artículo undécimo transitorio
tendrán el carácter de inembargables. Asimismo, éstos no
podrán ser objeto de gravamen alguno ni podrá celebrarse
respecto de ellos acto o contrato alguno.
     Los títulos en que consten los créditos celebrados de
conformidad a este artículo serán endosables.                   Ley 20993
Los títulos en que consten los créditos celebrados de           Art. 2 N° 6 d)
conformidad a este artículo serán endosables de acuerdo a       D.O. 28.01.2017
la forma determinada en el numeral 7) del artículo 69 del
decreto con fuerza de ley Nº 3, de 1997, del Ministerio de
Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y
concordado de la Ley General de Bancos y otros cuerpos
legales que se indican. 
     Igualmente, los créditos celebrados de conformidad a
este artículo quedarán excluidos de los procedimientos
concursales que establece la ley Nº 20.720, que sustituye
el régimen concursal vigente por una ley de reorganización
y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol
de la superintendencia del ramo.
   
 
     Artículo noveno.- Tanto la Corporación de Fomento de
la Producción como el sostenedor tendrán el derecho a
impugnar la tasación que realice el banco por el respectivo
crédito ante una comisión tasadora, compuesta por tres
peritos de reconocida experiencia en el rubro, los que
serán nombrados a razón de uno por la precitada
Corporación, uno por el sostenedor interesado, y uno de
carácter independiente.
     Los criterios técnicos que deberán considerar dichos
peritos serán reglamentados mediante decreto supremo del
Ministerio de Educación, que deberá llevar también la
firma de los Ministros de Hacienda y de Economía, Fomento y
Turismo. Dicho reglamento establecerá también el mecanismo
de designación.
     Los honorarios de los peritos tasadores serán de cargo
de quien impugne la tasación bancaria.
  
  
     Artículo décimo.- El vendedor del inmueble que haya
sido beneficiario del aporte suplementario por costo de
capital adicional de conformidad a la ley Nº19.532 y ejerza
la opción a que se refiere el inciso duodécimo del

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artículo 8º de dicha ley, deberá devolver al Fisco el
monto recibido por concepto del referido aporte, efectuadas
las deducciones a que se refiere el inciso decimotercero del
mismo artículo.
     Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se
entenderá ejercido el cambio de destinación en la fecha de
celebración del contrato de compraventa.
     Tanto el vendedor como el sostenedor comprador del
inmueble serán solidariamente responsables por la
devolución que corresponda en conformidad a este artículo.
  
     Artículo undécimo.- Créase un Fondo de Garantía de
Infraestructura Escolar, en adelante "el Fondo", con
personalidad jurídica propia, destinado de manera exclusiva
a garantizar el pago de los créditos señalados en el
artículo séptimo transitorio.
     Dicho Fondo se constituirá con un aporte, proveniente
de la liquidación de activos del Fondo para la Educación
creado por la ley Nº20.630, por un total de hasta
cuatrocientos millones de dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica (US$400.000.000), el que podrá ser realizado
mediante una o más transferencias. Éstas podrán
efectuarse hasta el plazo a que se refiere el inciso cuarto
del artículo séptimo transitorio. Adicionalmente,
formarán parte del Fondo los recursos que perciba de
conformidad a lo establecido en el inciso final del
artículo decimocuarto transitorio de esta ley, como
también la rentabilidad que genere la inversión de sus
recursos.
     El Fondo será administrado por la Corporación de
Fomento de la Producción, quién, además, tendrá su
representación legal, judicial y extrajudicial.
     Los recursos del Fondo podrán invertirse en los
instrumentos, operaciones y contratos que establezca el
Ministro de Hacienda mediante instrucciones, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 12 de la ley Nº20.128.
Tratándose de operaciones que consten en contratos de
derivados, tales como canjes o futuros, no constituirán
deuda pública para los efectos de la aplicación de las
normas del Título IV del decreto ley Nº1.263, de 1975.
     Mediante decreto supremo conjunto del Ministerio de
Hacienda, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y
del Ministerio de Educación, se establecerán los
mecanismos, procedimientos, límites, gastos y costos
imputables al Fondo y demás normas necesarias para su
funcionamiento. Dicho decreto deberá ser dictado dentro de
los ciento ochenta días siguientes a la publicación de la
presente ley.
     Una vez servidos completamente todos los créditos
garantizados por el Fondo, el remanente de sus recursos
será transferido íntegramente al Tesoro Público.
     El  Fondo sólo podrá caucionar obligaciones hasta un
monto que, en su conjunto, no exceda en 10 veces la
totalidad de su patrimonio. Dicha relación deberá ser
calculada dentro de los primeros diez días de cada mes
respecto al último día hábil del mes inmediatamente
anterior.                                                       Ley 20993
                                                                Art. 2 N° 7
                                                                D.O. 28.01.2017
  
     Artículo duodécimo.- El sostenedor que, en un año ,
destine para el pago del crédito más de un 30% de los
recursos que recibe por el establecimiento educacional cuyo
inmueble fue adquirido conforme a este Párrafo o más de un
25% durante tres años consecutivos, perderá el derecho a
impetrar la subvención al término del año escolar
siguiente. Se considerará para el cómputo de cada año el

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período entre el inicio de un año escolar y el inicio del
año escolar siguiente.                                          Ley 20993
     Para el cálculo del límite a que se refiere el inciso      Art. 2 N° 8 a), i),
anterior, se considerarán los recursos de la subvención de      ii), iii)
escolaridad, que regula el artículo 9º; el incremento de        D.O. 28.01.2017
zona de la subvención de escolaridad, a que se refiere el       Ley 20993
artículo 11; el incremento de ruralidad de la subvención        Art. 2 N° 8 a), iv)
de escolaridad, a que se refiere el artículo 12; la             D.O. 28.01.2017
subvención anual de apoyo al mantenimiento, a que se
refiere el artículo 37, y el aporte por gratuidad a que se
refiere el artículo 49 bis, todos del decreto con fuerza de
ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación. Igualmente,
se computará para dicho límite la suma de los cobros
efectuados a los padres y apoderados, así como las
donaciones en dinero que éstos efectúen.
     El Ministerio de Educación dictará, en marzo de cada
año, una resolución que individualice a los sostenedores
que se encuentren en la situación del inciso primero de
este artículo. De la inclusión en esta resolución,
deberá notificarse mediante carta certificada, a cada
sostenedor, a la Corporación de Fomento de la Producción y
a las empresas bancarias que corresponda.                       Ley 20993
     El sostenedor podrá impugnar dicha resolución              Art. 2 N° 8 b), i),
mediante un recurso de reposición ante el Subsecretario de      ii)
Educación, y jerárquico, en subsidio o directamente, ante       D.O. 28.01.2017
el Ministro de Educación, ambos, dentro del término de
cinco días contado desde la notificación por carta
certificada a que hace referencia el inciso anterior.
     Sin perjuicio de lo anterior, el Subsecretario o
Subsecretaria de Educación, mediante resolución fundada y
previo informe favorable de la Superintendencia de
Educación, de la Agencia de Calidad de la Educación y de
la Corporación de Fomento de la Producción, podrá
ordenar, por una sola vez, que se deje sin efecto la
pérdida del derecho a que se refiere el inciso primero.         Ley 20993
                                                                Art. 2 N° 8 c)
                                                                D.O. 28.01.2017
  
     Artículo decimotercero.- De producirse el supuesto a
que se refiere el inciso primero del artículo anterior, y
con el objeto de asegurar la continuidad del servicio
educacional, así como la reubicación de los estudiantes,
se procederá al nombramiento de un administrador
provisional para el establecimiento del respectivo
sostenedor. En este caso, el Ministerio de Educación
oficiará a la Superintendencia de Educación para que
proceda al respectivo nombramiento, en la forma y términos
establecidos en el Párrafo 6º del Título III de la ley
Nº20.529.
     En el evento que una vez finalizada la gestión del
administrador provisional aún quedaren estudiantes por
reubicar, aquel deberá informarlo al Secretario Regional
Ministerial, quien podrá disponer la reubicación, mediante
la apertura de cupos extraordinarios, en establecimientos
educacionales públicos o privados regidos por el decreto
con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de
Educación.
 
  
     Artículo decimocuarto.- Autorízase a la Corporación
de Fomento de la Producción para que, en representación y
con cargo al Fondo, en caso que el sostenedor pierda el
derecho a impetrar la subvención de conformidad a los
artículos duodécimo y decimotercero transitorios o por
cualquier otra causa legal, proceda a pagar las cuotas
insolutas del contrato a que hace referencia el artículo
octavo transitorio, operando la subrogación en los
términos del numeral 5º del artículo 1610 del Código
Civil.

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     En todos los casos que el sostenedor pierda el derecho
a impetrar la subvención, el Ministerio de Educación
oficiará a la Corporación, para que proceda, en
representación del Fondo, a dichos pagos y adquiera la
propiedad de acuerdo a los incisos siguientes.
     Tomando conocimiento de la notificación señalada en
el inciso anterior, la Corporación dictará una resolución
haciendo efectiva la garantía de pago, la que se
notificará por carta certificada al sostenedor. Con el solo
mérito de dicha resolución, el Fondo recuperará los
recursos públicos destinados al pago del crédito para la
compra del inmueble mediante la adquisición de éste para
el Fondo, el cual lo inscribirá a su nombre. Esta
resolución podrá impugnarse judicialmente de conformidad a
lo establecido en el artículo decimoquinto transitorio.
     La Corporación, en representación del Fondo, dentro
del plazo de dos años desde adquirido el inmueble de que
trata el inciso anterior, deberá transferirlo al Fisco, de
conformidad a los artículos 36 y siguientes del decreto ley
Nº1.939, o enajenarlo, mediante subasta pública de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 2º de la ley
Nº19.085. De proceder la subasta, tendrán una primera
opción de adjudicación quienes sean sostenedores de
establecimientos educacionales regidos por el decreto con
fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación.
     Los ingresos del Fondo quedarán exentos de toda clase
de impuestos o contribuciones. Los actos, contratos y
documentos necesarios para la constitución de las
garantías otorgadas por éste, quedarán exentos de los
impuestos establecidos en el decreto ley Nº 3.475, de 1980,
Ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas.                    Ley 20993
                                                                Art. 2 N° 9
                                                                D.O. 28.01.2017
 
     Artículo decimoquinto.- El sostenedor al que se le
notifique la resolución señalada en el artículo anterior
podrá reclamar de la misma, dentro del plazo de diez días
hábiles, contado desde la respectiva notificación, ante la
Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del
reclamante.
     La Corte de Apelaciones dará traslado de la
reclamación al Ministerio de Educación, notificándolo por
oficio y éste dispondrá del plazo de diez días hábiles
contado desde que se notifique la reclamación interpuesta,
para emitir su informe.
     Evacuado el traslado por el Ministerio de Educación, o
vencido el plazo de que dispone para emitir su informe, el
tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa
se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia
más próxima, previo sorteo de la Sala. La Corte podrá, si
lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no
podrá exceder de siete días, y escuchar los alegatos de
las partes.
     La Corte dictará sentencia dentro del término de
quince días. Contra la resolución de la Corte de
Apelaciones se podrá apelar ante la Corte Suprema, dentro
del plazo de diez días hábiles, la que conocerá en la
forma prevista en los incisos anteriores.
   
 
     Artículo decimosexto.- Pagada la última cuota del
crédito bancario garantizado, la Corporación dictará, a
requerimiento del respectivo sostenedor, una resolución en
que conste ello.
     Los inmuebles adquiridos según las disposiciones de
este Párrafo quedarán afectos a fines educativos y no
podrán ser destinados a otro fin. Cualquier estipulación
contractual o estatutaria en contrario no producirá efecto
alguno.

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     Párrafo 3º
     Reglas comunes a los Párrafos anteriores
 
     
     Artículo decimoséptimo.- El sostenedor que opte por
dejar de percibir la subvención deberá comunicar esta
decisión por escrito a los padres, madres o apoderados y a
la comunidad educativa del establecimiento al inicio del
año escolar anterior a aquel en que dejará de percibir
subvención.
     Esta comunicación deberá indicar expresamente si el
establecimiento educacional continuará o no en
funcionamiento y las medidas que se adoptarán al efecto.
     En todo caso, el sostenedor que haya sido beneficiario
del aporte suplementario por costo de capital adicional,
deberá hacer devolución del mismo conforme a la ley
Nº19.532 y su reglamento.
 
   
     Artículo decimoctavo.- En casos excepcionales,
debidamente fundados por decreto expedido por el Ministerio
de Educación, con la firma del Ministro de Hacienda, y
siempre que ello sea estrictamente necesario para garantizar
el derecho a la educación de los y las estudiantes, el
Estado podrá adquirir aquellos inmuebles en donde funciona
un establecimiento educacional, de propiedad de aquel
sostenedor que haya manifestado expresamente al Ministerio
de Educación su voluntad de no continuar prestando el
servicio educacional.
     Para ejercer esta facultad, el Estado deberá
considerar criterios tales como la matrícula y capacidad de
los establecimientos educacionales subvencionados en el
ámbito territorial circundante al establecimiento, en los
distintos niveles educativos; el cobro por alumno que
realicen dichos establecimientos, cuando corresponda; y la
categoría a la que están adscritos de acuerdo al artículo
17 de la ley Nº20.529. Asimismo, considerará la eficiencia
del inmueble, entendiendo por tal la infraestructura
esencial para la prestación del servicio educativo,
constituida por aulas, servicios higiénicos, talleres,
oficinas administrativas y otras dependencias esenciales.
     El Estado podrá ejercer esta facultad desde la entrada
en vigencia de esta ley. La ley de Presupuestos de cada año
dispondrá el monto máximo de recursos que podrá ser
destinado a la finalidad prevista en este artículo.
     En caso de que el sostenedor haya sido beneficiario del
aporte suplementario por costo de capital adicional
establecido en la ley Nº19.532, que crea el régimen de
jornada escolar completa diurna, el precio de la compraventa
no podrá exceder el monto que resulte de restar al valor
del inmueble, lo que el sostenedor deberá devolver al Fisco
conforme a lo dispuesto en el artículo décimo transitorio.
     Para estos efectos, el valor del inmueble será hasta
1,7 veces el avalúo fiscal de éste.
     El propietario podrá solicitar al Servicio de
Impuestos Internos la revisión del actual avalúo fiscal
del inmueble en donde funciona el establecimiento
educacional.
     Mediante un decreto del Ministerio de Educación, que
deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda, se
regularán las materias de que trata el presente artículo.
  
  
     Artículo decimonoveno.- La restricción contemplada en
la letra a) del inciso sexto del artículo 3º y lo
dispuesto en el artículo 3º bis nuevo que se introducen en
el decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio
de Educación, serán aplicables a aquellas personas que, en

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el plazo de dos años contado hacia atrás desde la
publicación de esta ley, hayan cumplido con alguna de las
relaciones señaladas en las letras a), b), c) y d) del
artículo 3º bis señalado.
 
    
     Artículo vigésimo.- Corresponderá a la
Superintendencia de Educación la fiscalización del
cumplimiento de lo establecido en las disposiciones
transitorias precedentes.
   
     Párrafo 4º
     De la eliminación del financiamiento compartido
  
    
     Artículo vigésimo primero.- Los establecimientos
educacionales que, a la fecha de publicación de la presente
ley, reciban subvención a establecimientos educacionales de
financiamiento compartido, de conformidad al Título II del
decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de
Educación, que se deroga por el número 13 del artículo
2º, podrán seguir afectos a dicho régimen hasta el año
escolar en el cual el cobro máximo mensual promedio por
alumno, establecido conforme a las reglas del artículo
siguiente, sea igual o inferior al aporte por gratuidad que
trata el numeral 16 del artículo 2º de esta ley, calculado
en unidades de fomento. Desde el año escolar en que se
cumpla esta condición, el establecimiento escolar no podrá
seguir afecto a dicho régimen.
     Durante el período en que no se cumpla la condición
indicada en el inciso precedente, se mantendrá vigente para
dichos establecimientos lo dispuesto en el Título II del
decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de
Educación, a excepción de los incisos primero y segundo
del artículo 24, el artículo 25 y los incisos primero,
segundo, tercero y cuarto del artículo 26. Tampoco serán
aplicables a dichos establecimientos, por el plazo
anteriormente señalado, las modificaciones introducidas por
el artículo segundo numerales 4, letra a); numeral 5,
letras j) y k), y numerales 8, 9, 11, 12 y 14.
     Con todo, la subvención estatal y los aportes que
continúen recibiendo estos establecimientos educacionales
estarán afectos al cumplimiento de fines educativos, de
conformidad a los artículos 3º y 3º bis del decreto con
fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación,
sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del
artículo segundo transitorio.
     Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero de
este artículo, y solamente durante el plazo señalado en el
inciso primero del artículo segundo transitorio, aquellos
establecimientos cuyos sostenedores no estén constituidos
como personas jurídicas sin fines de lucro podrán seguir
adscritos al régimen de financiamiento compartido, siempre
que efectúen cobros a sus alumnos de acuerdo a lo
establecido en los artículos vigésimo segundo, vigésimo
tercero y vigésimo quinto transitorios.
  
                                                                Ley 20993
     Artículo vigésimo segundo.- Durante el primer año          Art. 2
escolar desde la entrada en vigencia de la presente ley, los    D.O. 28.01.2017
establecimientos educacionales de financiamiento compartido
que sigan adscritos a este régimen, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo vigésimo primero transitorio,
podrán efectuar cobros mensuales por alumno, los que en
todo caso no podrán exceder al cobro mensual por alumno
correspondiente al año escolar 2015, de conformidad a lo
informado a los apoderados para dicho año mediante

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comunicación escrita y a la Secretaría Regional
Ministerial de Educación respectiva, según lo dispuesto en
el artículo 26 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998,
del Ministerio de Educación, convertidos en unidades de
fomento, al valor de dicha unidad al día 1 de agosto de
2015.
     A contar del inicio del año escolar siguiente, los
referidos límites máximos de cobro mensual disminuirán en
el mismo monto en que haya aumentado para cada
establecimiento el ingreso por subvenciones e incrementos a
que se refiere el inciso siguiente, calculado en promedio
mensual por alumno del año calendario en que se realice el
cálculo, respecto al año calendario inmediatamente
anterior. Los montos y cálculos a que se refiere este
inciso se contabilizarán en unidades de fomento de acuerdo
al valor de dicha unidad al 31 de agosto del año
respectivo.
     Para el cálculo del inciso anterior se considerarán
las siguientes subvenciones e incrementos:
     a) Subvención de escolaridad, que regula el artículo
9º del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del
Ministerio de Educación. Para estos efectos, se excluirá
el valor de la subvención en U.S.E, por aplicación del
factor del artículo 7º de la ley Nº19.933, a que se
refiere la tabla de dicho artículo.
     b) Incremento de zona de la subvención de escolaridad,
a que se refiere el artículo 11 del decreto con fuerza de
ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación.
     c) Incremento de ruralidad de la subvención de
escolaridad, a que se refiere el artículo 12 del decreto
con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de
Educación.
     d) Subvención anual de apoyo al mantenimiento, a que
se refiere el artículo 37 del decreto con fuerza de ley
Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación.
     Se entenderá por ingreso por subvenciones e
incrementos, calculado en promedio mensual por alumno,
aquél que resulte de dividir el monto total anual de estas
subvenciones e incrementos por doce meses y por la
asistencia promedio anual, en cada establecimiento.
     Para la realización del cálculo establecido en el
inciso anterior no se considerarán los incrementos de
subvención establecidos en el artículo 3, numerales 1) y
2), de la ley Nº 20.903, así como los establecidos en el
artículo cuadragésimo octavo transitorio de la misma ley.       Ley 20993
     A más tardar el 25 de enero de cada año, el                Art. 2 N° 10
Ministerio de Educación publicará, y notificará en su           D.O. 28.01.2017
caso, por comunicación electrónica, a cada establecimiento
educacional, el límite máximo de cobro del año escolar
siguiente o la obligación de no seguir cobrando el
financiamiento compartido, cuando se cumpla la condición
indicada en el inciso primero del artículo anterior.
     Durante el período de postulación, el sostenedor
deberá informar a los padres, madres o apoderados, mediante
comunicación escrita, el sistema de exenciones de cobro a
que se refiere el artículo 24 del decreto con fuerza de ley
Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación, y la
indicación del monto máximo de cobro por financiamiento
compartido.
     Mientras no se cumpla la condición dispuesta en el
artículo vigésimo primero transitorio, el registro a que
hace referencia el artículo 7º bis del decreto con fuerza
de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación,
introducido por el numeral 6 del artículo 2º de la
presente ley, deberá contener el sistema de exenciones de
cobro regulado en el inciso tercero del artículo 24 del
mismo decreto con fuerza de ley, y la indicación del monto
máximo de cobro por financiamiento compartido, el cual
deberá ser expresamente aceptado por los padres, madres,
apoderados o postulantes, en su caso, para hacer efectiva su
postulación.

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     Un reglamento del Ministerio de Educación, el que
deberá ser firmado por el Ministro de Hacienda, regulará
los procedimientos mediante los cuales se efectuarán los
cálculos y las comunicaciones para dar cumplimiento a lo
señalado en el artículo vigésimo primero transitorio y en
los incisos precedentes.
 
   
     Artículo vigésimo tercero.- Para los establecimientos
que sigan adscritos al régimen de financiamiento
compartido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
vigésimo primero transitorio, la subvención por alumno
para cada nivel y modalidad de enseñanza será el valor que
resulte de restar a la subvención que establece el
artículo 9º del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998,
del Ministerio de Educación, obtenida en los términos
señalados en los artículos 13 y 14 de dicha ley, las
siguientes cantidades calculadas sobre el cobro mensual
promedio del establecimiento educacional correspondiente,
expresado en unidades de fomento, considerando el valor de
ésta al primer día del año escolar correspondiente del
pago de la subvención correspondiente:
     a) 0% de lo que no sobrepase de 0,44 UF.
     b) 10% de lo que exceda de 0,44 UF y no sobrepase de
0,88 UF.
     c) 20% de lo que exceda de 0,88 UF y no sobrepase de
1,75 UF.
     d) 35% de lo que exceda de 1,75 UF.
     En los establecimientos educacionales que reciben su
subvención incrementada por efectos de la aplicación del
artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998,
del Ministerio de Educación, la resta a la subvención que
se establece en este artículo se efectuará después de
haberse calculado dicho incremento.
 
    
     Artículo vigésimo cuarto.- El Aporte por Gratuidad
establecido en el numeral 16 del artículo 2º de esta ley
se comenzará a pagar a contar del inicio del año escolar
siguiente al de su publicación.
     No obstante lo señalado en el numeral 16 del artículo
2º, el valor del aporte para el primer año de vigencia de
éste será de 0,25 unidades de subvención educacional, el
cual aumentará anualmente en 0,1 unidades de subvención
educacional hasta alcanzar las 0,45 unidades de subvención
educacional señaladas.
   
     Artículo vigésimo quinto.- Los establecimientos
educacionales que a la fecha de publicación de esta ley
estén acogidos al régimen de financiamiento compartido y
que opten por retirarse de este régimen para convertirse en
establecimientos gratuitos, deberán informar de ello al
Secretario Regional Ministerial de Educación respectivo,
para efectos de impetrar el aporte por gratuidad establecido
en esta ley. Lo anterior será requisito también para
impetrar la subvención escolar preferencial por alumnos
preferentes.
     Asimismo, los sostenedores de establecimientos
educacionales que opten por retirarse del régimen de
financiamiento compartido no podrán volver a realizar estos
cobros.
  
     Párrafo 5º
     De los procesos de admisión
     Artículo vigésimo sexto.- Facúltase al Presidente de

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la República para que mediante uno o más decretos con
fuerza de ley determine la fecha en que entrará en vigencia
lo dispuesto en el numeral 6) del artículo 2º de la
presente ley, de conformidad a la gradualidad territorial
que determinen los incisos siguientes.
     Para el primer año de postulación, se realizará el
proceso de admisión en una región de menos de 300.000
habitantes, y exclusivamente para el menor nivel o curso que
tengan los establecimientos educacionales de dicha región.
     Para el segundo año de postulación, se realizará
dicho proceso de admisión en cuatro regiones de menos de
1.000.000 de habitantes, y exclusivamente para el menor
nivel o curso que tengan los establecimientos educacionales
de dichas regiones. Para el caso de la región señalada en
el inciso anterior, el procedimiento de admisión se
extenderá a todos los cursos o niveles.
     Para el tercer año de postulación, se realizará el
procedimiento de admisión en todas las demás regiones del
territorio nacional no consideradas en los incisos
anteriores, y exclusivamente para el menor nivel o curso que
tengan los establecimientos educacionales de dichas
regiones. Para el caso de las cuatro regiones señaladas en
el inciso anterior, el procedimiento de admisión se
extenderá a todos los cursos o niveles.
     Para el cuarto año de postulación, en todas las
regiones del país se aplicará el nuevo procedimiento de
admisión.
     Respecto de aquellos establecimientos educacionales que
de acuerdo a un reglamento dictado por el Ministerio de
Educación, cumplan con características históricas, de
rendimiento académico destacado dentro de su región, que
sean gratuitos, que presenten una demanda considerablemente
mayor a sus vacantes y que hayan establecido procedimientos
de selección académica a la fecha de publicación de la
ley, iniciarán sus procesos de admisión, de acuerdo a la
gradualidad territorial a que se refieren los incisos
anteriores y de conformidad a los siguientes porcentajes.
     Dichos establecimientos educacionales podrán admitir a
sus estudiantes realizando sus pruebas de admisión de la
siguiente forma:
     i) El primer año para el 85% de sus cupos.
     ii) El segundo año para el 70% de los cupos.
     iii) El tercer año para el 50% de los cupos.
     iv) El cuarto año para el 30% de los cupos.
     v) El quinto año no se podrán realizar pruebas de
admisión.
     Los cupos que no son completados mediante pruebas de
admisión deberán serlo mediante el procedimiento descrito
en el artículo 7º ter del decreto con fuerza de ley Nº2,
de 1998, del Ministerio de Educación. Lo anterior es sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7º quinquies del
mismo decreto con fuerza de ley Nº2.
     Lo dispuesto en los incisos anteriores no podrá
aplicarse hasta sexto año de educación básica inclusive.
   
     Párrafo 6º
     De la subvención escolar preferencial
 
     
     Artículo vigésimo séptimo.- Para poder impetrar la
subvención escolar preferencial para alumnos preferentes y
los aportes a los que se refiere la ley Nº20.248 para los
alumnos preferentes, los establecimientos que a la fecha de
publicación de esta ley sean de financiamiento compartido
deberán convertirse en establecimientos educacionales
gratuitos. En consecuencia, no podrán efectuar cobro alguno
a ninguno de sus estudiantes, por lo que no regirá respecto
de éstos lo dispuesto en el Párrafo 2º de estas
disposiciones transitorias.

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     Artículo vigésimo octavo.- La subvención escolar
preferencial por alumnos preferentes se comenzará a pagar a
contar del inicio del año escolar siguiente a la
publicación de esta ley.
  
   
     Artículo vigésimo noveno.- Lo dispuesto en el
artículo 4º, numeral 6), de esta ley entrará en vigencia
a contar del inicio del año escolar siguiente a su
publicación.
  
   
     Artículo trigésimo.- Los niveles de tercer y cuarto
año de enseñanza media se incorporarán gradualmente a la
subvención escolar preferencial de alumnos preferentes y a
los aportes adicional y extraordinario correspondientes,
señalados en los artículos 14 bis, 20 y 27 de la ley
Nº20.248, en la misma gradualidad establecida en el
artículo duodécimo transitorio del mismo cuerpo legal.
 
  
     Párrafo 7º
     Disposiciones finales
 
     
     Artículo trigésimo primero.- Lo dispuesto en el
numeral 8) del artículo 1º de esta ley no será aplicable
a las solicitudes de reconocimiento oficial cuya resolución
se encuentre pendiente a la fecha de su entrada en vigencia.
Asimismo, dicho numeral no será aplicable a los
establecimientos educacionales que soliciten el
reconocimiento oficial de conformidad a lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 45 del decreto con fuerza de
ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación.
     
     Artículo trigésimo segundo.- Los sostenedores
particulares que, a la fecha de publicación de la presente
ley, no hayan dado cumplimiento al requisito establecido en
el literal a) del artículo 46 del decreto con fuerza de ley
Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 20.370
con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley
Nº1, de 2005, en conformidad a lo dispuesto en el artículo
1º transitorio del mismo cuerpo legal modificado por la ley
Nº20.668, tendrán el plazo establecido en el inciso
primero del artículo segundo transitorio para dar
cumplimiento a dicho requisito y transferir su calidad de
sostenedor en los mismos términos establecidos.
 
   
     Artículo trigésimo tercero.- Lo dispuesto en el
artículo 2º, número 5, letra n), de la presente ley,
será exigible dos años después de su entrada en vigencia.
   
  
     Artículo trigésimo cuarto.- El numeral v) del inciso
segundo del artículo 3º del decreto con fuerza de ley
Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación, que se
introduce por esta ley, entrará a regir en el plazo de un
año desde la publicación de ésta.
     Lo dispuesto en el numeral 13) del artículo cuarto de
la presente ley comenzará a regir en un plazo de tres años
desde la fecha de publicación de la ley.
     Antes de expirado el plazo a que se refiere el inciso

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anterior, el Presidente de la República enviará al
Congreso Nacional un proyecto de ley que perfeccione el
régimen jurídico de las personas o entidades técnicas
pedagógicas, velando por la calidad de sus servicios y
transparencia en el uso de los recursos.
   
 
     Artículo trigésimo quinto.- La Subsecretaría de
Educación, mediante resolución fundada, dispondrá la
organización de una unidad de apoyo a los sostenedores de
establecimientos educacionales regidos por el decreto con
fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación,
con el objeto de brindar asesoría técnica especializada a
éstos para el cumplimiento y aplicación de esta ley.
     Dicha unidad tendrá las siguientes funciones:
     a) Informar a los sostenedores de las normas
establecidas en la presente ley.
     b) Asesorar a los sostenedores sobre los aspectos
jurídicos, contables y de gestión que se requieran para el
cumplimiento de las nuevas exigencias establecidas en esta
ley.
     c) Celebrar convenios con sostenedores u otras personas
jurídicas para el cumplimiento de su objeto.
     d) Adoptar todas las medidas necesarias que permitan
otorgar asesoría técnica a los sostenedores para el
cumplimiento de esta ley.
  
  
     Artículo trigésimo sexto.- Las modificaciones
introducidas por los numerales 2), letras a), b), d) y e) y
los numerales 3), 4), 5) y 6) del artículo 3º de esta ley
entrarán en vigencia el primer día del año siguiente al
de su publicación.
     Por otro lado, el reglamento a que hace referencia el
artículo 56 de la ley Nº20.529 deberá dictarse dentro del
plazo de seis meses contado desde la entrada en vigencia de
la presente ley.
  
  
     Artículo trigésimo séptimo.- Créase un Fondo
destinado a la recuperación y fortalecimiento de la
educación pública, en todos sus niveles y modalidades, sea
que ésta se encuentre administrada, en tanto sostenedores
de establecimientos educacionales, por los municipios,
corporaciones municipales o sus sucesores legales en el
desempeño de tal función.
     Los recursos de dicho fondo deberán ser utilizados en
acciones que impacten en el desarrollo propio de las
actividades de los establecimientos educacionales señalados
en el inciso primero del presente artículo.
     El monto anual de este Fondo para los años 2016 a 2019
se establecerá en la ley de Presupuestos del Sector
Público respectiva, y ascenderá a $250.000.000 miles.
     Mediante decreto del Ministerio de Educación, visado
por el Ministerio de Hacienda, se establecerán los
mecanismos de distribución de estos recursos, los usos
específicos en que se emplearán, y las formas y
procedimientos de entrega y rendición de los mismos.
     La distribución de estos recursos a las entidades
señaladas en el inciso primero se formalizará mediante una
o más resoluciones del Ministerio de Educación, copia de
las cuales se remitirán a la Dirección de Presupuestos.
 
    
     Artículo trigésimo octavo.- Dentro de los cinco años
siguientes contados desde la entrada en vigencia de la
presente ley, el sostenedor de un establecimiento

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educacional que reciba aportes del Estado podrá efectuar
una consulta previa al Director Regional de la respectiva
Superintendencia de Educación, con el objeto de determinar
si una operación se enmarca dentro de los fines educativos,
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 3º del
decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de
Educación.
     Dicha consulta deberá ser presentada por escrito,
explicando la operación y señalando sus fundamentos para
considerarla conforme a un determinado fin educativo. La
Dirección Regional que corresponda responderá dentro del
plazo de treinta días hábiles.
     Estos pronunciamientos serán de público acceso,
constituyendo orientaciones o directrices para sus
solicitantes, y en ningún caso obstarán o vincularán el
ejercicio de las facultades o atribuciones de la referida
Superintendencia.".
 
  
     Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º
del Artículo 93 de la Constitución Política de la
República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como
Ley de la República.
      
     Santiago, 29 de mayo de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán,
Ministro de Educación.- Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de
Hacienda.- Jorge Insunza Gregorio De Las Heras, Ministro
Secretario General de la Presidencia.
     Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.-
Atentamente, Valentina Quiroga Canahuate, Subsecretaría de
Educación.
     
     Tribunal Constitucional
      
     Proyecto de ley que regula la admisión de los y las
estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe
el lucro en establecimientos educacionales que reciben
aportes del Estado, correspondiente al boletín Nº 9366-04
      
     La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien
suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputados
envío el proyecto enunciado en el rubro, aprobado por el
Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal, ejerciera el
control preventivo de constitucionalidad respecto de los
artículos 1º, números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9; 2º,
números 5, letras a) y f), y 6; 3º números 2, letra e), y
8, y los artículos segundo, decimoquinto y trigésimo
primero transitorios del proyecto de ley y por sentencia de
19 de mayo de 2015, en el proceso Rol Nº 2.781-15-CPR.
      
     Se declara:
      
     1. Que las normas contenidas en el artículo 1º,
números 1), 2), 3), 4), 7) y 9) (exceptuando su letra b)),
y en los artículos segundo, décimo quinto, incisos primero
y final, y trigésimo primero transitorio, todos del
proyecto de ley sometido a control, son constitucionales.
     2. Que el artículo 1º, númeral 8), inciso primero,
del proyecto de ley sometido a control no es contrario a la
Constitución, en el entendido de que el inicio de
actividades a que se refiere la norma alude exclusivamente a
las propias de la docencia.
     3. Que no se emite pronunciamiento, en examen
preventivo de constitucionalidad, respecto de los artículos
1º, numerales 6), 8), inciso segundo, y 9), letra b); 2º,
números 5), letras a) y f), y 6); 3º, numerales 2, letra
e) y 8), y los incisos segundo y tercero del artículo

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décimo quinto transitorio, todos del proyecto de ley bajo
análisis, en razón de que dichos preceptos no se refieren
a materias propias de Ley Orgánica Constitucional.
     4. Que igualmente el Tribunal no emite pronunciamiento,
en sede preventiva de constitucionalidad, sobre el artículo
2º, numerales 1), letra a); 3); 5), letra e); 7), letra a),
y 13); el artículo 4º, numeral 13), y los artículos
tercero, cuarto, quinto, vigésimo sexto y trigésimo octavo
transitorios, todos del proyecto de ley, en consideración a
que no versan sobre asuntos propios de Ley Orgánica
Constitucional.
      
     Santiago, 19 de mayo de 2015.- Marta de la Fuente
Olguín, Secretaria.


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Decreto 170
FIJA NORMAS PARA DETERMINAR LOS ALUMNOS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
QUE 
SERÁN 
BENEFICIARIOS 
DE 
LAS
SUBVENCIONES PARA EDUCACIÓN ESPECIAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fecha Publicación: 21-ABR-2010 | Fecha Promulgación: 14-MAY-2009
Tipo Versión: Última Versión De : 25-AGO-2010
Ultima Modificación: 25-AGO-2010 Decreto 235
Url Corta: https://bcn.cl/2f6ta
FIJA NORMAS PARA DETERMINAR LOS ALUMNOS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES QUE SERÁN BENEFICIARIOS DE LAS
SUBVENCIONES PARA EDUCACIÓN ESPECIAL
     Núm. 170.- Santiago, 14 de mayo de 2009.-
Considerando:
     Que, uno de los propósitos de las políticas
educacionales que impulsa el Ministerio de Educación es el
mejoramiento de la calidad de la Educación, posibilitando
con ello mejores oportunidades de enseñanza para las (los)
alumnas (os) de educación especial;
     Que, bajo este lineamiento se impulsó la dictación de
la Ley Nº 20.201, que creó una nueva subvención para
niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales e
incluyó nuevas discapacidades al beneficio de la
subvención establecido en el artículo 9º bis del DFL Nº
2, de 1998, del Ministerio de Educación;
     Que la misma ley estableció que por un reglamento
deberían fijarse los requisitos, instrumentos y pruebas
diagnósticas que habilitarían a los alumnos con
Necesidades Educativas Especiales y/o discapacidades para
gozar del beneficio de las subvenciones establecidas para
tales déficit;
     Que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 9
inciso segundo y 9 bis inciso segundo del DFL Nº 2, de
1998, del Ministerio de Educación, la determinación de los
requisitos, instrumentos y pruebas diagnósticas de los
alumnos con necesidades educativas especiales y
discapacidades que se beneficiarán de la subvención se
realizó escuchando previamente a los expertos en las áreas
pertinentes, y
     Visto: Lo dispuesto en la Ley Nº 18.956, que
reestructura el Ministerio de Educación y la Ley Nº
19.284, que establece norma para la integración social de
personas con discapacidad; decreto con Fuerza de ley Nº 2,
de 1998, del Ministerio de Educación; Ley Nº 20.201,
Decreto Supremo Nº 1, de 1998, del Ministerio de
Educación, que reglamenta el Capitulo II Título IV de la
Ley Nº 19.284, que establece normas para la integración
social de personas con discapacidad, Decreto Exento Nº
1300, de 2000, del Ministerio de Educación, sobre Planes y

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Programas para Escuelas de Lenguaje; Resolución Nº 1600,
de 2008, y sus modificaciones, de la Contraloría General de
la República y lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35
de la Constitución Política de la República de Chile,
     Decreto:
     NORMAS GENERALES.
     Artículo 1.- El presente reglamento regula los
requisitos, los instrumentos, las pruebas diagnósticas y el
perfil de los y las profesionales competentes que deberán
aplicarlas a fin de identificar a los alumnos con
Necesidades Educativas Especiales y por los que se podrá
impetrar el beneficio de la subvención del Estado para la
educación especial, de conformidad al Decreto con Fuerza de
Ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación.
     Artículo 2.- Para los efectos del presente reglamento
se entenderá por:
a.   Alumno que presenta Necesidades Educativas Especiales:
aquél que precisa ayudas y recursos adicionales, ya sean
humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso
de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los
fines de la educación.
.    Necesidades educativas especiales de carácter
permanente: son aquellas barreras para aprender y participar
que determinados estudiantes experimentan durante toda su
escolaridad como consecuencia de una discapacidad
diagnosticada por un profesional competente y que demandan
al sistema educacional la provisión de apoyos y recursos
extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar.
.    Necesidades educativas especiales de carácter
transitorio: son aquellas no permanentes que requieren los
alumnos en algún momento de su vida escolar a consecuencia
de un trastorno o discapacidad diagnosticada por un
profesional competente y que necesitan de ayudas y apoyos
extraordinarios para acceder o progresar en el currículum
por un determinado período de su escolarización.
b.   Evaluación diagnóstica: constituye un proceso de
indagación objetivo e integral realizado por profesionales
competentes, que consiste en la aplicación de un conjunto
de procedimientos e instrumentos de evaluación que tienen
por objeto precisar, mediante un abordaje
interdisciplinario, la condición de aprendizaje y de salud
del o la estudiante y el carácter evolutivo de éstas.
     Esta evaluación debe cumplir con el propósito de
aportar información relevante para la identificación de
los apoyos especializados y las ayudas extraordinarias que
los estudiantes requieren para participar y aprender en el
contexto escolar.
c.   Procedimientos, instrumentos y pruebas diagnósticas:

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Aquellas herramientas y procedimientos de observación y
medición que permiten evaluar de manera cuantitativa y/o
cualitativa al estudiante en el ámbito de exploración
requerido y que garanticen validez, confiabilidad y
consistencia, así como obtener información certera acerca
del o la estudiante, el contexto escolar y familiar en el
que participa.
     De acuerdo con lo anterior, los equipos de
profesionales, deben utilizar prioritariamente,
instrumentos, pruebas o test con normas nacionales.
Asimismo, se deberá utilizar, de acuerdo con las
instrucciones que establezca el Ministerio de Educación,
las versiones más recientes de los test o pruebas que se
definen en este reglamento, como también otros instrumentos
que se desarrollen en el futuro. Sin perjuicio de lo
anterior, los procesos de evaluación diagnóstica, siempre
deberán considerar la aplicación de pruebas formales o
informales de carácter pedagógico que contemplen áreas
relacionadas con los aprendizajes curriculares logrados por
el estudiante, correspondientes a su edad y curso y la
apreciación clínica del evaluador.
     Artículo 3.- Para recibir la subvención de educación
especial diferencial, de necesidades educativas especiales
de carácter transitorio y la subvención incrementada,
establecidas en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998,
del Ministerio de Educación, los estudiantes deberán
cumplir con el requisito de edad establecido en el Decreto
Supremo Nº 182, de 1992, y en el Decreto Supremo Nº 1, de
1998, ambos del Ministerio de Educación, sin perjuicio de
las normas especiales que dispone el presente reglamento.
     TÍTULO I
     DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
     Artículo 4.- La evaluación diagnóstica debe ser de
carácter integral e interdisciplinario. Deberá considerar,
en el ámbito educativo, la información y los antecedentes
entregados por los profesores, la familia del o la
estudiante o las personas responsables de éste, o el propio
alumno según corresponda, así como las orientaciones
técnico-pedagógicas que el Ministerio de Educación defina
para estas materias y, en el ámbito de la salud, los
criterios y dimensiones de la Clasificación Internacional
del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), y
las orientaciones definidas por el Ministerio de Salud, de
manera de tener una visión sistémica que dé cuenta de las
fortalezas, dificultades y factores contextuales de cada
estudiante.
     Conforme a los criterios y dimensiones de la
Clasificación Internacional del Funcionamiento de la
Discapacidad y de la Salud (CIF), la evaluación
diagnóstica debe entregar información referida a:
a)   Tipo y grado del déficit y su carácter evolutivo en

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el tiempo.
b)   Funcionamiento del o la estudiante en lo relativo a sus
funciones físicas; actividades que es capaz de desarrollar
y posibilidades de participación efectiva en el medio
escolar.
c)   Los factores contextuales, tanto ambientales como
personales que interactúan con el o la estudiante.
     Artículo 5.- Para proceder a la evaluación
diagnóstica, se deberá contar con el certificado de
nacimiento del o la estudiante, la autorización escrita del
padre, madre y/o apoderado cuando corresponda o del
estudiante adulto según corresponda y los antecedentes
escolares cuando estos existan.
     Artículo 6.- Los diagnósticos y expedientes de
evaluación serán confidenciales, debiendo los
profesionales que efectúen la evaluación y el sostenedor
del establecimiento educacional tomar las medidas necesarias
para resguardar este derecho, sin perjuicio de las
facultades fiscalizadoras que la ley confiere al Ministerio
de Educación.
     Artículo 7.- La evaluación diagnóstica se
registrará en un formulario único proporcionado por el
Ministerio de Educación a los profesionales competentes que
realicen esta actividad. Este formulario contendrá el
diagnóstico y la síntesis de la información recopilada en
el proceso de evaluación diagnóstica, deberá dar cuenta
de los antecedentes relevantes del o la estudiante, de su
familia y entorno y de las necesidades de apoyos
específicos que éstos necesitan en el contexto educativo y
familiar. Además, debe especificar los procedimientos y
pruebas empleadas en el proceso de evaluación y consignar
la fecha en que corresponde llevar a cabo la reevaluación.
La coordinación de profesionales para la elaboración del
formulario será de responsabilidad del sostenedor del
establecimiento educacional en que esté matriculado el
estudiante. Dicho formulario deberá contener la firma de
los o las profesionales responsables en los diferentes
ámbitos de la evaluación realizada.
     Artículo 8.- Cuando el equipo evaluador requiera
contar con mayores antecedentes e información para definir
el diagnóstico, deberá derivar a los estudiantes a otros
profesionales, médicos, asistentes sociales o
especialistas, debiendo dejar constancia de esta derivación
en el formulario único a que se refiere el artículo
anterior. Una vez recibido los informes médicos
solicitados, el equipo evaluador podrá determinar el
diagnóstico definitivo del o la estudiante.
     Artículo 9.- Los resultados de la evaluación del o la

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estudiante deberán ser informados por escrito y a través
de una entrevista a la familia u otra persona responsable
del estudiante o al estudiante adulto. Dicho informe deberá
describir de manera comprensible el diagnóstico y las
necesidades educativas especiales que se derivan del mismo.
     Artículo 10.- Los sostenedores de los establecimientos
con Programas de Integración Escolar que eduquen a niños y
niñas con necesidades educativas especiales de carácter
transitorias deberán acreditar, una vez transcurrido el
plazo de dos años desde que se otorgó el beneficio de la
subvención por el alumno o alumna que presenta los déficit
a que se refiere el artículo 20, una nueva evaluación que
confirme la permanencia del déficit que dio lugar al pago
de la subvención.
     Artículo 11.- La evaluación de los y las estudiantes
que presentan necesidades educativas especiales, deberá ser
un proceso que considerará, a lo menos, una evaluación
diagnóstica de ingreso, una evaluación diagnóstica de
egreso, evaluaciones periódicas de acuerdo a las pautas
técnicas que se fijen en el presente decreto para cada
déficit o discapacidad.
     Los alumnos con necesidades educativas especiales
deberán ser reevaluados anualmente. La reevaluación
constituye un nuevo proceso de evaluación que será de
carácter integral.
     No obstante lo dispuesto en el inciso anterior,
tratándose de estudiantes con necesidades educativas
especiales de carácter permanente, establecidas en el
Título IV de este reglamento, el profesional competente
establecerá en el formulario único a que se refiere el
artículo 7º, la fecha de aplicación de exámenes médicos
o pruebas estandarizadas.
     La evaluación diagnóstica será financiada con los
recursos de la subvención especial, sin perjuicio de los
aportes que pueda realizar la familia del alumno o alumna.
     Artículo 12.- Anualmente, el establecimiento
educacional deberá elaborar un informe que dé cuenta de
los avances obtenidos, determine la continuidad y el tipo de
apoyos requeridos. Este informe deberá ser elaborado de
acuerdo a las instrucciones que establezca el Ministerio de
Educación y estar documentado con evidencias del trabajo
realizado durante el año escolar.
     Artículo 13.- Toda la documentación que se reúna en
el proceso de evaluación es de propiedad de la familia del
o la estudiante o del estudiante adulto. Sin embargo, ésta
deberá estar disponible para efectos del control y
fiscalización del Ministerio de Educación.

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     Artículo 14.- El egreso deberá ser documentado con un
informe psicopedagógico que dé cuenta del trabajo
realizado con el o la estudiante y las orientaciones
pertinentes. La familia o los apoderados o el estudiante
adulto, deberán recibir un informe con la síntesis de los
aspectos más importantes del trabajo realizado y con
recomendaciones que orienten los apoyos que deben continuar
dándole al estudiante.
     Los antecedentes del o la estudiante deben ser
devueltos a la familia o al estudiante adulto, debiendo la
escuela dejar una copia del informe que contiene la
síntesis diagnóstica y de las intervenciones realizadas
durante el período en que éste o ésta fue beneficiaria de
la subvención de necesidades educativas especiales de
carácter transitorio, la de educación especial diferencial
y el incremento de la subvención especial diferencial, si
corresponde.
     TÍTULO II
     DEL PROFESIONAL COMPETENTE
     Artículo 15.- Se entenderá por profesional
competente, aquél idóneo que se encuentre inscrito en el
Registro Nacional de Profesionales de la Educación Especial
para la Evaluación y Diagnóstico.
     Artículo 16.- Será requisito para la evaluación
diagnóstica que ésta sea efectuada por los siguientes
profesionales idóneos:

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     Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior,
para diagnosticar una discapacidad permanente o transitoria
en niños, niñas, jóvenes y adultos pertenecientes a
comunidades que se comuniquen en otra lengua, como la
comunidad sorda, o los pueblos originarios, el profesional
que realice dicho diagnóstico se deberá comunicar en la
lengua de que se trate o en su defecto disponer de un
intérprete. Igualmente, quien realice dicho diagnóstico
deberá tener conocimiento de la cultura, idiosincrasia,
valores y cosmovisión de la comunidad a la que pertenece el
niño, niña o joven que evalúa.
     En el caso de evaluar a estudiantes que experimentan
barreras visuales, auditivas y motoras, los profesionales
deberán utilizar los medios alternativos o aumentativos de
comunicación que sean necesarios de acuerdo con las

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necesidades de cada uno de ellos.
     Artículo 17.- Podrán inscribirse en el Registro
Nacional de Profesionales de la Educación Especial para la
Evaluación y Diagnóstico los profesionales competentes que
acrediten contar con un título profesional de aquellos a
que se refiere el artículo anterior y que cumplan con los
requisitos establecidos en la Ley Nº 20.370 y la Ley Nº
20.244.
     Los interesados deberán inscribirse a través del
sistema informático que el Ministerio de Educación
disponga al efecto, debiendo remitir, además, a la
Secretaría Regional Ministerial correspondiente, los
certificados y demás antecedentes que acrediten contar con
la debida competencia.
     Artículo 18.- Será inhábil para realizar
diagnósticos de ingreso y egreso, el profesional que tenga
la calidad de sostenedor de una escuela especial o de un
establecimiento con proyectos de integración o el cónyuge,
hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad; inclusive, de un
sostenedor de los mismos establecimientos.
     Artículo 19.- Será considerada infracción grave al
Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de
Educación, el uso de parte del sostenedor de un
diagnóstico fraudulento para obtener la subvención de
educación especial diferencial y de necesidades educativas
especiales de carácter transitorio.
     El profesional competente que realice un diagnóstico
fraudulento, de conformidad a lo señalado en el inciso
anterior, será considerado no idóneo para los efectos de
este reglamento y eliminado del Registro Nacional de
Profesionales de la Educación Especial para la Evaluación
y Diagnóstico, sin perjuicio de las acciones judiciales que
correspondan.
     En caso de discrepancia, controversia o apelación,
serán los profesionales del Ministerio de Educación, en
consulta con organismos auxiliares competentes, los que
deberán decidir en última instancia.
     El Ministerio de Educación realizará la consulta por
escrito a los organismos a que se refiere el inciso
anterior, con el fin que emitan un pronunciamiento técnico
sobre la materia objeto de la discrepancia. Serán
considerados organismos auxiliares competentes, entre otros,
las universidades y la Red de Servicios de Salud.
     TÍTULO III
     DEL DIAGNÓSTICO DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
BENEFICIARIOS(AS) DE LA SUBVENCIÓN DE NECESIDADES

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EDUCATIVAS ESPECIALES DE CARÁCTER TRANSITORIO
     Artículo 20.- Serán beneficiarios de la subvención
de necesidades educativas especiales de carácter
transitorio aquellos que en virtud de un diagnóstico
realizado por un profesional competente, en conformidad a
las normas de este reglamento, presenten algunos de los
siguientes déficit o discapacidades:
a)   Trastornos Específicos del Aprendizaje,
b)   Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL),
c)   Trastorno Déficit Atencional con y sin Hiperactividad
(TDA) o Trastorno Hipercinético,
d)   Rendimiento en pruebas de coeficiente intelectual (CI)
en el rango límite, con limitaciones significativas en la
conducta adaptativa.
     Artículo 21.- Los niños y niñas del nivel de
educación parvularia que presentan Trastornos Específicos
del Lenguaje y no reciban ningún tipo de atención
educativa formal regular, podrán asistir a una escuela
especial de lenguaje.
     Artículo 22.- Los establecimientos de educación
regular que eduquen a estudiantes que presenten necesidades
educativas especiales transitorias asociadas a trastornos
específicos del aprendizaje, déficit atencional y aquellos
en que las evaluaciones de funcionamiento intelectual se
ubican en el rango límite, para impetrar el beneficio de la
subvención educacional deberán contar con un proyecto o
programa de integración escolar aprobado por el Ministerio
de Educación, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 1, de 1998, del Ministerio de Educación.
     Párrafo 1º
     Del Trastorno Específico del Aprendizaje
     Artículo 23.- Se entenderá por Trastorno Específico
del Aprendizaje, en adelante dificultades específicas del
aprendizaje, a una dificultad severa o significativamente
mayor a la que presenta la generalidad de estudiantes de la
misma edad, para aprender a leer; a leer y a escribir; y/o
aprender matemáticas.
     Las dificultades específicas del aprendizaje se
caracterizan por un desnivel entre capacidad y rendimiento;
por estar delimitadas a áreas específicas como lectura,
escritura y matemáticas y por ser reiterativos y crónicos,
pudiendo presentarse tanto en el nivel de educación básica
como media.
     Esta dificultad, presumiblemente asociada al desarrollo

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psicolingüístico y referido al ámbito neurocognitivo, no
obedece a un déficit sensorial, motor o intelectual, ni a
factores ambientales, problemas de enseñanza o de
estimulación, como tampoco a condiciones de vulnerabilidad
social o trastorno afectivo. Debe tratarse de una dificultad
que persiste a pesar de la aplicación de medidas
pedagógicas pertinentes en las áreas señaladas, conforme
a la diversidad de estilos, capacidades y ritmos de
aprendizaje de los y las estudiantes de un curso.
     Artículo 24.- Para efectos de este reglamento las
dificultades específicas del aprendizaje se clasifican en:
a)   Dificultades específicas del aprendizaje de la
Lectura: Se presenta cuando está afectada la capacidad de
comprensión de lectura, el reconocimiento de palabras
leídas, la capacidad de leer en voz alta y el rendimiento
de actividades que requieren leer. Se manifiesta a través
de una lectura oral lenta con omisiones, distorsiones y
sustituciones de las palabras, con paros, correcciones, y/o
bloqueos. Los y las estudiantes presentan dificultades
específicas en:
-    Los procesos de codificación y velocidad de
procesamiento de la información, habilidad para captar
significados globales y en memorizar la información para
usarla en la comprensión global del texto.
-    El desarrollo de un vocabulario visual y en la
utilización de estrategias adecuadas y eficientes para
retener los códigos fonológicos pertinentes, para su
posterior comprensión.
-    Un desarrollo insuficiente de las destrezas
auditivo-fonémicas para procesar; analizar y sintetizar, la
información del habla; para retener e integrar la
información de los fonemas que componen los vocablos de un
idioma. Dicho procesamiento es intrínseco a la capacidad de
entender el lenguaje hablado y tiene por objetivo que los
estímulos auditivos que configuran las palabras se
incorporen al léxico o "diccionario personal" para lograr
la comprensión oral.
b)   Dificultades específicas de la lectura y escritura: Se
produce cuando un o una estudiante con dificultades en la
lectura presenta además, dificultades de
escritura/ortografía, tales como: omisión de las letras,
sílabas o palabras; confusión de letras con sonido
semejante; inversión o transposición del orden de las
sílabas; invención de palabras; uniones y separaciones
indebidas de sílabas, palabras o letras; producción de
textos de baja calidad o utilización de oraciones más
cortas y con mayor número de errores gramaticales.
c)   Dificultad específica del aprendizaje de las
matemáticas: aquella que no se explica por una discapacidad
intelectual o de una escolarización inadecuada. Esta
dificultad afecta al aprendizaje de los conocimientos
aritméticos básicos de adición, sustracción,
multiplicación y división, concepto de número o
resolución de problemas prenuméricos más que a

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conocimientos matemáticos abstractos.
     Artículo 25.- Los y las estudiantes que presenten
necesidades educativas especiales asociadas a dificultades
específicas del aprendizaje, podrán recibir la subvención
de necesidades educativas especiales transitorias, una vez
concluido el primer año de educación general básica, y de
conformidad a lo establecido en el artículo 10 del presente
reglamento.
     Artículo 26.- La evaluación diagnóstica debe
considerar un proceso de detección y derivación y un
proceso de evaluación diagnóstica integral. En la
detección y derivación se requiere acreditar que el
establecimiento educacional previamente ha implementado en
el primer y segundo año de la educación general básica y
en el nivel 1 de educación básica de la modalidad de
adultos, las siguientes medidas pedagógicas:
a)   Respecto de todos los alumnos y alumnas del curso:
-    Priorización de las habilidades lectoras, de escritura
y matemáticas.
-    Implementación de distintas estrategias de
aprendizaje.
-    Evaluación continua basada en el currículum y
monitoreo constante del progreso de los aprendizajes.
-    Apoyo personalizado a los y las alumnas conforme a los
resultados de las evaluaciones aplicadas.
b)   En relación con los y las estudiantes que presentan
mayores dificultades y cuyo rendimiento y ritmo de progreso
es inferior o cualitativamente distinto al de sus pares:
-    Aplicación de evaluaciones para identificar áreas
deficitarias y en las que el o la estudiante presenta mayor
habilidad.
-    Diseño e implementación, por parte del equipo
docente, de estrategias de apoyo pedagógico e
intervenciones individualizadas, con la asesoría de la
Dirección, Unidad Técnico Pedagógica y profesores
especialistas.
-    Evaluación sistemática a fin de verificar los
resultados de los apoyos implementados.
-    Información a padres y apoderados sobre el proceso de
apoyo y logros en el aprendizaje de sus hijos, hijas o
pupilos, e incorporación de la familia en la planificación
y seguimiento de este proceso.
     En el caso de persistir las dificultades en los
estudiantes, se deberá derivar a evaluación diagnóstica
integral, adjuntando datos relevantes del o la estudiante,
de su contexto familiar, y escolar.
     Artículo 27.- La evaluación diagnóstica integral
debe considerar la información aportada por la familia, por
los profesores, profesoras y profesionales de la educación

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especial y el médico. Su aplicación requiere de los
siguientes procedimientos:
a.   Anamnesis.
b.   Examen de salud y revisión de la historia médica del
o la estudiante, en el cual se descarten problemas de
audición, visión u otros que presumiblemente puedan estar
afectando el aprendizaje del niño o niña.
c.   Evaluación Pedagógica y Psicopedagógica que aporte
información relevante referida al o la estudiante, al
contexto escolar y familiar.
d.   Informe psicológico cuando exista la probabilidad de
discapacidad intelectual o de dificultades emocionales.
     Artículo 28.- Los profesionales competentes deberán
elegir los instrumentos evaluativos de carácter
psicopedagógicos que sean pertinentes con la edad, el curso
y la cultura a la cual pertenece el o la estudiante. Sin
perjuicio de lo anterior, el proceso de evaluación deberá
considerar la aplicación de al menos una prueba validada
para estudiantes en Chile en las áreas de comprensión
lectora, nivel lector, habilidades psicolingüística,
escritura y matemáticas.
     Artículo 29.- Para determinar si las características
de aprendizaje que presenta un estudiante corresponden a las
exigencias para el diagnóstico de dificultades específicas
del aprendizaje, deberán cumplirse los siguientes
criterios:
a.   El o la estudiante no progresa adecuadamente y sus
dificultades son significativamente mayores que otros niños
o niñas de su misma edad o curso, en las áreas de:
expresión oral, comprensión oral, destrezas básicas
lectoras, habilidades de fluidez lectora, comprensión
lectora, expresión escrita, cálculo matemático, solución
de problemas matemáticos, aun cuando se le han
proporcionado las experiencias de aprendizaje y la
instrucción apropiada a sus necesidades individuales de
aprendizaje (ritmo y estilo de aprendizaje y conocimientos
previos).
b.   En las evaluaciones con normas estandarizadas, rinde
por lo menos, dos desviaciones por debajo del estándar
esperado para su nivel de edad, de inteligencia y de
escolaridad.
c.   Presenta un retraso pedagógico de dos años y más en
los sectores de aprendizaje lenguaje y comunicación, y/o en
las matemáticas, aun cuando se le han proporcionado los
apoyos educativos apropiados.
     Párrafo 2º
     Del Trastorno Específico del Lenguaje.

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     Artículo 30.- Para efectos de este reglamento, se
entenderá por Trastorno Específico del Lenguaje a una
limitación significativa en el nivel de desarrollo del
lenguaje oral, que se manifiesta por un inicio tardío y un
desarrollo lento y/o desviado del lenguaje. Esta dificultad,
no se explica por un déficit sensorial, auditivo o motor,
por discapacidad intelectual, por trastornos
psicopatológicos como trastornos masivos del desarrollo,
por deprivación socio-afectiva, ni por lesiones o
disfunciones cerebrales evidentes, como tampoco, por
características lingüísticas propias de un determinado
entorno social, cultural, económico, geográfico y/o
étnico. Tampoco deben considerarse como indicador de
Trastorno Específico del Lenguaje, las dislalias ni el
Trastorno Fonológico.
     El profesional que realiza el proceso evaluativo debe
resguardar, en la administración de las pruebas, formales o
informales y en la observación clínica y psicopedagógica
de el o la estudiante, que todas estas características no
queden registradas como indicadores de Trastorno Específico
del Lenguaje.
     Artículo 31.- El niño o niña con Trastorno
Específico del Lenguaje que asiste a una escuela especial
de lenguaje, será beneficiario de la subvención de
necesidades educativas especiales de carácter transitorio,
cuando la evaluación diagnóstica multiprofesional confirme
la presencia del trastorno, que para los efectos de este
reglamento será a partir de los 3 años de edad, hasta los
5 años 11 meses.
     Artículo 32.- El Trastorno Específico del Lenguaje
puede ser clasificado en expresivo o mixto. Para su
diagnóstico, se hará referencia a la Clasificación CIE 10
de la Organización Mundial de la Salud, a la Clasificación
DSM IV-R de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría y
a las orientaciones del Ministerio de Salud y del Ministerio
de Educación. En caso de publicarse nuevas revisiones de
estos sistemas de Clasificación Internacional, se
utilizarán los criterios de la versión disponible más
reciente de cada una de ellas, de acuerdo a orientaciones
del Ministerio de Salud.
     Artículo 33.- Para determinar y evidenciar la
existencia de un Trastorno Específico del Lenguaje
expresivo, deben estar presentes los siguientes criterios
diagnósticos:
a.   Las puntuaciones obtenidas mediante evaluaciones del
desarrollo del lenguaje expresivo, normalizadas y
administradas individualmente, quedan sustancialmente por
debajo de las obtenidas mediante evaluaciones normalizadas
del desarrollo del lenguaje receptivo.
b.   El Trastorno Específico del Lenguaje puede expresarse

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a través de alguna de las siguientes manifestaciones:
     i.   Errores de producción de palabras, incapacidad 
          para utilizar los sonidos del habla en forma 
          apropiada para su edad, un vocabulario muy 
          limitado, cometer errores en los tiempos verbales 
          o experimentar dificultades en la memorización de
          palabras o en la producción de frases de longitud
          o complejidad propias del nivel evolutivo del 
          niño o niña.
     ii.  Las dificultades del lenguaje expresivo 
          interfieren significativamente en el aprendizaje 
          y en la interacción comunicativa.
     iii. No se cumplen criterios de trastorno mixto del 
          lenguaje receptivo-expresivo ni de   trastorno 
          generalizado del desarrollo.
     Artículo 34.- Para determinar y evidenciar la
existencia de un Trastorno Específico del Lenguaje mixto,
deben estar presentes los siguientes criterios
diagnósticos:
a.   Las puntuaciones obtenidas mediante una batería de
evaluaciones del desarrollo del lenguaje receptivo -
expresivo, normalizada y administradas individualmente,
quedan sustancialmente por debajo de lo esperado para la
edad del niño o niña. Las manifestaciones lingüísticas,
incluyen las propias del trastorno del lenguaje expresivo,
así como dificultades para comprender palabras, frases o
tipos específicos de palabras, tales como los términos
espaciales.
b.   Las dificultades del lenguaje receptivo-expresivo
interfieren significativamente en el aprendizaje y en la
interacción comunicativa.
c.   No se cumplen criterios de trastorno generalizado del
desarrollo.
     Artículo 35.- Para establecer el diagnóstico
diferencial, en algunos casos y bajo el criterio del
fonoaudiólogo evaluador, los niños o niñas deberán ser
derivados a interconsulta con otros profesionales
especialistas, tales como otorrino, psicólogo o neurólogo,
según corresponda. La información proporcionada será un
antecedente determinante para ratificar o descartar un
diagnóstico de Trastorno Específico del Lenguaje.
     En todo caso, si este tipo de interconsulta, que puede
influir en el diagnóstico definitivo, tiene una demora de
más de 6 meses, se deberá proceder a hacer una nueva
evaluación fonoaudiológica para actualizar el
diagnóstico.

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     Las interconsultas de carácter complementario
realizadas por el otorrino, dentista u otros profesionales y
cuyo resultado no influye en el diagnóstico diferencial, no
constituirán impedimento para que un niño o niña se
matricule en una escuela especial o se incorpore a un
proyecto de integración escolar.
     Artículo 36.- Para los efectos de lo dispuesto en este
reglamento, no será considerado como Trastorno Específico
del Lenguaje todas aquellas dificultades del lenguaje que
resulten como consecuencias de otro déficit o discapacidad.
     Artículo 37.- La evaluación diagnóstica del
Trastorno Específico del Lenguaje debe considerar la
detección y derivación y la evaluación diagnóstica
integral.
     La detección y derivación será de responsabilidad
del establecimiento y contemplará procedimientos diversos
dependiendo si el niño o niña está o no escolarizado.
     Cuando asiste a la escuela regular los procedimientos
de detección y derivación deben considerar lo siguiente:
a.   Observación directa del comportamiento y
funcionamiento social del niño o niña, en el aula y fuera
de ella.
b.   Evaluación del estudiante por el profesor o educadora
de aula, basada en el currículum.
c.   Entrevista con la familia o apoderado del estudiante.
d.   Revisión de antecedentes escolares, si los tuviese.
     En caso de detectar dificultades, se debe derivar a la
evaluación diagnóstica integral, adjuntando datos
relevantes del o la estudiante, de su contexto familiar,
escolar y/o comunitario. Cuando el niño o niña no está
escolarizado o no tiene antecedentes escolares, entonces
corresponderá a la escuela realizar una anamnesis detallada
que oriente la decisión de realizar o no un proceso de
evaluación integral.
     La evaluación diagnóstica integral debe considerar la
evaluación fonoaudiólogica, médica, la información
proporcionada por la familia o tutores del alumno o alumna y
los profesores o educadoras si corresponde.
     La evaluación de los niños y niñas, hasta los 5
años 11 meses debe considerar lo siguiente:
a.   Anamnesis.
b.   Examen de salud en el cual se descarten problemas de
audición, visión u otra condición de salud que pueda
afectar su capacidad de aprendizaje.

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c.   Evaluación pedagógica y psicopedagógica.
d.   Revisión de evaluaciones previas de otros
especialistas, si existieran.
e.   Observación del niño o niña en aspectos tales como:
características físicas, características
anátomo-funcionales de los órganos fonoarticulatorios, de
la audición y del comportamiento e interacciones
comunicativas, entre otras.
f.   Evidencia del cumplimiento de criterios de
especificidad del Trastorno Específico del Lenguaje y de
exclusión de co-morbilidad.
g.   Determinación del cumplimiento de los criterios
diagnósticos del CIE/DSM.
h.   Elaboración de informe de derivación a especialista,
cuando corresponda, adjuntando datos relevantes del o la
estudiante y su contexto (familiar, escolar y comunitario).
i.   Informe Psicológico cuando exista sospecha de
discapacidad intelectual o de dificultades emocionales.
     La evaluación de los niños y niñas, a partir de los
6 años de edad, en escuelas con Programas de Integración,
debe considerar:
a.   Anamnesis.
b.   Examen de salud en el cual se descarten problemas de
audición, visión u otra condición de salud que pueda
afectar su capacidad de aprendizaje.
c.   Observación del niño o niña en aspectos tales como:
características físicas, características
anátomo-funcionales de los órganos fonoarticulatorios, de
la audición y del comportamiento e interacciones
comunicativas, entre otras.
d.   Registros de lenguaje; transcripción o grabación de
uno o varios tipos de discurso del niño.
e.   Evaluación de las habilidades pragmáticas de la
comunicación.
f.   La aplicación de pruebas formales, que sean apropiadas
para el rango de edad del niño que se evalúa. Esto, sin
perjuicio de que se puedan utilizar otras pruebas validadas
y recomendadas por el Ministerio de Educación.
g.   Evaluación pedagógica y psicopedagógica.
h.   Evaluación del nivel fonético-fonológico, a través
de la realización y registro de un barrido articulatorio.
     La evaluación psicopedagógica a que hacen referencia
los incisos anteriores, debe considerar información

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relevante referida al estudiante, al contexto escolar y
familiar y debe determinar las necesidades educativas
especiales y los apoyos que se deben disponer para los
niños y niñas, tanto en el contexto escolar y familiar.
     Artículo 38.- Para la evaluación fonoaudiológica
realizada a niños desde 3 a 5 años 11 meses de edad,
deberán utilizarse las siguientes pruebas con normas de
referencia nacional:
     Pruebas para medir comprensión del lenguaje:
a.   TECAL, versión adaptada por la Universidad de Chile.
b.   SCREENING TEST OF SPANISH GRAMMAR - sub prueba
comprensiva, versión adaptada por la Universidad de Chile.
     Pruebas para medir expresión del lenguaje:
a.   TEPROSIF, versión adaptada por la Universidad de Chile
b.   SCREENING TEST OF SPANISH GRAMMAR de A. Toronto - sub
prueba expresiva, versión adaptada por la Universidad de
Chile.
     El fonoaudiólogo debe resguardar que en la aplicación
de las pruebas a que se refiere este artículo se logre
evaluar cada uno de los niveles del lenguaje comprensivo y
expresivo y sus aspectos fonológico, léxico y
morfosintáctico, complementando con una evaluación del
nivel pragmático.
     El fonoaudiólogo, de acuerdo a su criterio
profesional, podrá complementar la aplicación de pruebas
formales, con otras de carácter formal o informal, que le
faciliten información para establecer el diagnóstico de
Trastorno Específico del Lenguaje.
     Para la evaluación fonoaudiológica de los niños o
niñas mayores de 6 años, se deberán utilizar los
criterios señalados en el inciso séptimo del artículo
7º, aplicando procedimientos evaluativos formales o
informales; con normas y pruebas validadas a nivel nacional.
En todo caso, siempre se deberá informar sobre todos los
niveles y aspectos del lenguaje.
     La interpretación de los puntajes obtenidos en estas
pruebas debe tener en cuenta las normas de estandarización
de cada test y el manejo y significación de los parámetros
estadísticos de medición, puntaje standard, desviación
standard, percentiles, u otros, según los requerimientos de
cada test, sin perjuicio de incorporar también en el
informe aspectos cualitativos que puedan enriquecer los
resultados obtenidos por el niño o niña en el proceso de
evaluación.
     Artículo 39.- Los estudiantes diagnosticados con

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Trastorno Específico del Lenguaje que asisten a un
establecimiento con Programa de Integración Escolar,
podrán ser beneficiarios de la subvención de necesidades
educativas especiales de carácter transitorio desde el
primer nivel de transición de educación parvularia en
adelante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del
presente reglamento.
     Párrafo 3º
     Del Trastorno de Déficit Atencional o Trastorno
Hipercinético.
     Artículo 40.- Se entenderá por Trastorno de Déficit
Atencional, o Trastorno Hipercinético o Síndrome de
Déficit Atencional, al trastorno de inicio temprano, que
surge en los primeros 7 años de vida del o la estudiante y
que se caracteriza por un comportamiento generalizado, con
presencia clara de déficit de la atención, impulsividad
y/o hiperactividad. Este comportamiento se evidencia en más
de un contexto o una situación, tales como el hogar, la
escuela y/o actividades sociales, entre otras, y produce un
malestar clínicamente significativo o una alteración en el
rendimiento social o académico del o la estudiante.
     El Trastorno de Déficit Atencional tiene su origen en
factores neurobiológicos, genéticos y no obedece a
factores socio ambientales, como pobreza de estimulación,
condiciones de vida extrema, privación afectiva, así como
tampoco a trastornos sensoriales, discapacidad intelectual,
trastornos afectivos o de ansiedad, entre otros.
     Los factores psicosociales y familiares no constituyen
causas de origen del Trastorno de Déficit Atencional, no
obstante son factores determinantes en su manifestación, ya
que influyen en la intensidad y duración del trastorno y en
las posibilidades de integración y logro de aprendizajes
del o la estudiante, por lo que deben ser considerados en la
elección de los apoyos educativos.
     Artículo 41.- El Trastorno de Déficit Atencional se
caracteriza por la presencia de inatención o desatención y
en algunos casos por impulsividad y/o hiperactividad en el o
la estudiante. Cognitivamente, se caracteriza además, por
alteraciones en el funcionamiento ejecutivo, referidas a
dificultades en la planificación y organización,
identificación de metas, resolución de problemas, memoria
de trabajo, entre otras.
     El diagnóstico de Trastorno de Déficit Atencional,
deberá considerar la clasificación de la Organización
Mundial de la Salud CIE 10 y las orientaciones del
Ministerio de Salud, sin perjuicio de que para efectos
clínicos se utilice complementariamente la clasificación
DSM IV-R de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría.
En caso de publicarse nuevas revisiones de estos sistemas de
Clasificación Internacional, se utilizarán los criterios

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de la versión disponible más reciente de cada una de
ellas, de acuerdo a orientaciones del Ministerio de Salud.
     Artículo 42.- Los y las estudiantes con diagnóstico
de Trastorno de Déficit Atencional y que además presentan
las siguientes co-morbilidades, también serán considerados
beneficiarios de la subvención de necesidades educativas
especiales de carácter transitorio:
-    Trastornos disociales F91. -Trastornos afectivos F30 y
F39. -Trastornos de las emociones de comienzo habitual en la
infancia F93. - Epilepsia G40.
-    Trastornos de Tic F95.
     Artículo 43.- Será considerado criterio de exclusión
para diagnosticar Trastorno de Déficit Atencional, si las
dificultades presentadas son secundarias, es decir derivan
de otras circunstancias que no son propias del Trastorno de
Déficit Atencional. En estos casos, los o las estudiantes
serán derivados al centro de salud correspondiente para que
reciban la atención especializada que requieran, siendo de
competencia del establecimiento educacional entregar los
apoyos educativos que cualquier niño, niña o adolescente
necesite en tales circunstancias.
     Artículo 44.- El estudiante que presenta Trastorno de
Déficit Atencional o Trastorno Hipercinético recibirá la
subvención de necesidades educativas especiales de
carácter transitorio, para los efectos de este reglamento,
a partir de los 6 años de edad en adelante, cuando la
evaluación diagnóstica multiprofesional confirme la
presencia del trastorno y éste afecte significativamente el
aprendizaje escolar y/o la participación del o la
estudiante en la escuela, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 10 del presente reglamento.
     Artículo 45.- La evaluación diagnóstica debe
considerar un proceso de detección y derivación y un
proceso de evaluación diagnóstica integral.
     La detección y derivación por parte de la escuela
debe considerar lo siguiente:
a.   Anamnesis.
b.   Observación directa del comportamiento y
funcionamiento social del o la estudiante en el aula y fuera
de ella, al menos por un semestre, a cargo del Profesor de
aula y/o Profesor(a) de educación especial.
c.   Evaluación pedagógica realizada por el profesor(a) de
aula.
d.   Entrevista a la familia o apoderado del o la estudiante
o del estudiante adulto.
e.   Revisión de antecedentes escolares.

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f.   Revisión de evaluaciones previas de otros
especialistas, si existieran.
g.   Elaboración de informe de derivación a especialista,
cuando corresponda, adjuntando datos relevantes del o la
estudiante y su contexto, familiar, escolar y comunitario.
h.   Aplicación de pruebas en base a criterios como el Test
de Conners. Las escuelas que cuentan con el "Programa
Habilidades para la Vida" pueden aplicar el cuestionario
TOCA-RR para profesores y el cuestionario PSC para padres.
     La evaluación diagnóstica integral debe considerar la
evaluación médica, psicopedagógica y la información
proporcionada por el contexto escolar y familiar, recogida
en el proceso de detección.
     La evaluación médica debe comprender: examen de salud
y revisión de la historia médica del o la estudiante, en
el cual se descarten problemas de audición y visión;
evaluación médica de los síntomas específicos del
Trastorno de Déficit Atencional, de comorbilidad,
cumplimiento o no de los criterios diagnósticos del CIE/DSM
y la realización del diagnóstico diferencial, considerando
los antecedentes médicos, escolares y familiares.
     La evaluación psicopedagógica debe comprender:
evaluación psicopedagógica que aporte información
relevante referida al estudiante, al contexto escolar y
familiar, determinación del grado de severidad del
Trastorno de Déficit Atencional y de cómo éste afecta en
el aprendizaje, en las relaciones sociales, en el hogar y en
la escuela u otro lugar y la determinación de las
necesidades educativas especiales asociadas al Trastorno de
Déficit Atencional y apoyos requeridos por el estudiante.
     Párrafo 4º
     Rendimiento en pruebas de coeficiente intelectual en el
rango límite, con limitaciones significativas en la
conducta adaptativa.
     Artículo 46.- Se entenderá por rendimiento en el
rango límite a la obtención de un puntaje entre 70 a 79,
ambos inclusive, en una prueba de evaluación psicométrica
de coeficiente intelectual, que cumpla los requisitos de
confiabilidad y validez estadística y que posea normas
estandarizadas para la población a la que pertenece el
alumno evaluado.
     Artículo 47.- El rendimiento del estudiante, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, tiene
las siguientes características:
a)   Presenta en las distintas áreas del currículo un
aprendizaje más lento y/o dificultoso, a pesar de la
aplicación de las medidas pedagógicas pertinentes,

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incluyendo el apoyo personalizado.
b)   Presenta dificultades para la adquisición de
habilidades prácticas, sociales y/o conceptuales necesarias
para un buen funcionamiento en la vida diaria, de acuerdo a
su edad y contexto de referencia.
c)   Las dificultades presentadas no obedecen a un déficit
sensorial, motor, o a discapacidad intelectual, como tampoco
se deben a trastornos psicopatológicos, ni emocionales
severos, ni a la pertenencia del estudiante a una distinta
comunidad lingüística, cultural o étnica.
d)   Para participar y progresar en el currículo, estos
estudiantes requieren de respuestas educativas flexibles y
ajustadas a sus necesidades y de la entrega de apoyos
específicos de diverso tipo e intensidad.
     Artículo 48.- Será requisito para ser beneficiario de
la subvención de necesidades educativas de carácter
transitorio que los alumnos cursen sus estudios en
establecimientos de educación regular que cuenten con
Programas de Integración Escolar, para los efectos de este
reglamento, a partir de los 6 años en adelante. Los apoyos
especializados los podrán recibir en distintos momentos de
su trayectoria escolar, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 10 del presente reglamento.
     Artículo 49.- Para los efectos de la evaluación de
los alumnos de que trata este párrafo se aplicará lo
establecido en el párrafo 1º, Título IV del presente
reglamento.
     Artículo 50.- La evaluación diagnóstica debe
considerar un proceso de detección y derivación y un
proceso de evaluación diagnóstica integral. En la
detección y derivación será requisito acreditar que el
establecimiento educacional previamente ha implementado
medidas pedagógicas que se apliquen en el marco de la
educación general y deberán comprender, entre otras, las
siguientes acciones:
a)   Respecto de todos los alumnos:
     -   Implementación de estrategias de aprendizaje 
         personalizadas y ajustadas a las diferencias 
         individuales de los estudiantes.
     -   Evaluación continua basada en el currículum y un 
         monitoreo constante del progreso de los 
         aprendizajes.
     -   Apoyo personalizado a los alumnos conforme a los 
         resultados de las evaluaciones aplicadas.
b)   En relación a los alumnos que presentan mayores
dificultades:

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     -   Aplicación de evaluaciones para identificar el 
         tipo e intensidad de los apoyos que requiere para 
         participar y progresar en sus aprendizajes.
     -   Diseño e implementación de estrategias de apoyo 
         pedagógico e intervenciones más individualizadas
a 
         estos alumnos.
     -   Evaluación sistemática a fin de verificar los 
         resultados de los apoyos implementados.
     -   Información a los padres y/o apoderados sobre el 
         proceso de apoyo personalizado que reciben sus 
         hijos o pupilos y de los avances en los 
         aprendizajes logrados, e incorporación de dichos 
         padres y apoderados en la planificación y 
         seguimiento de este proceso.
     En el caso de persistir las dificultades en los
estudiantes, se deberá derivar a evaluación diagnóstica
integral, adjuntando datos relevantes del o la estudiante,
de su contexto familiar, escolar y/o comunitario.
     La evaluación diagnóstica integral debe considerar la
información aportada por los profesores, profesoras y
profesionales de la educación especial, por el o los
profesionales de la salud, por la familia o el estudiante
adulto.
     Artículo 51.- Para la evaluación diagnóstica
integral se deben aplicar los siguientes procedimientos:
a.   Anamnesis.
b.   Examen de salud y revisión de la historia médica del
o la estudiante, en el cual se descarten problemas de
audición, visión u otros que presumiblemente puedan estar
afectando el aprendizaje del estudiante.
c.   Antecedentes escolares.
d.   Evaluación pedagógica y psicopedagógica que aporte
información relevante referida al o la estudiante, al
contexto escolar y familiar.
e.   Evaluación del funcionamiento intelectual, de las
habilidades adaptativas y de los apoyos que el estudiante
requiere en su proceso de aprendizaje.
     TITULO IV
     DEL DIAGNÓSTICO DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
BENEFICIARIOS(AS) DEL INCREMENTO DE LA SUBVENCIÓN ESPECIAL
DIFERENCIAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 9º BIS DEL DFL Nº
2, DE 1998, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

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     Artículo 52.- Los establecimientos que atiendan
alumnos y alumnas con discapacidad visual, auditiva,
disfasia severa, trastorno autista, deficiencia mental
severa o multidéficit y que de acuerdo a las necesidades
educativas especiales de dichos alumnos o alumnas deban ser
atendidos en cursos de no más de ocho estudiantes,
percibirán por ellos un incremento de la subvención
establecida en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1998,
del Ministerio de Educación.
     Artículo 53.- La evaluación diagnóstica debe ser de
carácter integral e interdisciplinario. En el ámbito
educativo, debe considerar la información y los
antecedentes entregados por los profesores y la familia del
o la estudiante o sus apoderados, así como las
instrucciones técnico-pedagógicas que el Ministerio de
Educación defina para estas materias y, en el ámbito de la
salud, los criterios y dimensiones de la Clasificación
Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la
Salud (CIF) y las orientaciones definidas por el Ministerio
de Salud, de manera de tener una visión sistémica del o la
estudiante que dé cuenta de las fortalezas, dificultades y
factores contextuales de éstos, a fin de establecer la
severidad de la discapacidad y la intensidad de los apoyos
que requieren en el contexto escolar y familiar.
     Párrafo 1º
     Deficiencia Mental Severa.
     Artículo 54.- La deficiencia mental, en adelante
discapacidad intelectual, se definirá por la presencia de
limitaciones sustantivas en el funcionamiento actual del
niño, niña, joven o adulto, caracterizado por un
desempeño intelectual significativamente por debajo de la
media, que se da en forma concurrente con limitaciones en su
conducta adaptativa, manifestada en habilidades prácticas,
sociales y conceptuales y que comienza antes de los 18
años.
     Artículo 55.- La evaluación de la discapacidad
intelectual debe basarse en el Modelo Multidimensional de la
Discapacidad Intelectual y en el marco conceptual de la
Organización Mundial de la Salud.
     Artículo 56.- El proceso de evaluación diagnóstica
debe entregar información respecto de las habilidades
intelectuales, conducta adaptativa, participación,
interacción y roles sociales, salud física, mental,
factores etiológicos y contexto.
     Asimismo, debe considerar la función diagnóstica, la
función de clasificación y descripción y la función de
planificación de apoyos.

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     Artículo 57.- La función diagnóstica debe cumplir
con el propósito de identificar la discapacidad intelectual
y determinar el tipo de apoyos que se le deben proveer al o
la estudiante en el contexto escolar, familiar y social.
Este diagnóstico exige que se cumplan los siguientes
requisitos:
a.   Limitaciones significativas del funcionamiento
intelectual;
b.   Limitaciones significativas de la conducta adaptativa,
y
c.   Que la edad de aparición sea anterior a los 18 años.
     Artículo 58.- Las limitaciones significativas del
funcionamiento intelectual, se expresan con un puntaje igual
o menor a 69 puntos de coeficiente intelectual, en una
prueba de inteligencia estandarizada para la población a la
que pertenece la persona evaluada.
     Para determinar el nivel de funcionamiento intelectual
en base al coeficiente intelectual se deberá usar la
clasificación CIE-10 siguiente:
     Tabla de clasificación del rendimiento intelectual en
base al coeficiente intelectual:
     Artículo 59.- Si existe presunción de bajo nivel
intelectual y el coeficiente intelectual no puede ser
especificado debido a que las habilidades intelectuales no
son posibles de evaluar mediante los test usuales, se
recurrirá al juicio clínico del especialista para
determinar el grado de limitación del funcionamiento
intelectual. El juicio clínico, para estos efectos, se
orientará tanto por las normas establecidas por el
Ministerio de Salud y por la CIF respecto al funcionamiento,
la discapacidad y la salud de una persona, como por las
pautas para el diagnóstico de retraso mental de la CIE-10
F70 -79 y las dimensiones propuestas por la Asociación
Americana de Discapacidad Intelectual 2002.
     Artículo 60.- El juicio clínico podrá además
sustentarse y acompañarse con información aportada por
otros instrumentos y/o procedimientos para orientar el
diagnóstico, tales como, observación clínica, hora de

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juego diagnóstica, tableros de comunicación, tests
gráficos, escalas o cuestionarios no estandarizados en
Chile o adaptaciones a los tests estandarizados, entre
otros, debiendo registrarse las razones que fundamentan la
utilización de los procedimientos y/o instrumentos
escogidos, así como sobre las ventajas y limitaciones de
esta elección. Al igual que en los otros casos, el término
retraso mental utilizado en la CIE-10, será reemplazado por
el de discapacidad intelectual.
     Artículo 61.- Sólo cuando el estudiante obtiene en la
evaluación de sus habilidades intelectuales un coeficiente
intelectual entre 20 y 34 puntos inclusive, correspondiente
al rango de discapacidad intelectual severa, podrá acceder
al incremento de la subvención de educación especial
diferencial de que trata este título.
     Si el estudiante obtiene en la evaluación de sus
habilidades intelectuales, un coeficiente intelectual entre
70 y 79 puntos inclusive, correspondiente al rango límite,
podrá acceder al beneficio de la subvención de necesidades
educativas especiales transitorias, a partir de los 6 años
en adelante.
     Artículo 62.- Para evaluar el funcionamiento
intelectual de los y las estudiantes entre 6 y 16 años de
edad, se exigirá la utilización de la "Escala de
Inteligencia de Wechsler para Niños - WISC-III"
estandarización chilena o la versión estandarizada más
reciente que la reemplace. Sólo en casos excepcionales, el
profesional podrá utilizar pruebas adaptadas y/o con normas
extranjeras, debiendo fundamentar en el registro de
evaluación las razones de esta elección.
     Artículo 63.- Se entiende que existen limitaciones
significativas de la conducta adaptativa si el o la
estudiante presenta limitaciones que afectan el
funcionamiento esperado en la vida diaria, en la capacidad
para responder a cambios vitales, a las demandas del
ambiente y cuando los resultados en las escalas
anteriormente señaladas se encuentran a más de dos
desviaciones estándar por debajo de la media en la
evaluación de uno de los tres componentes: conceptual,
práctica, social o en una puntuación global de éstos.
     Artículo 64.- Los estudiantes diagnosticados con
discapacidad intelectual severa podrán beneficiarse del
incremento de la subvención a partir de los 6 años de
edad.
     Excepcionalmente cuando un niño o niña menor de 6
años presenta un retraso global del desarrollo en dos o
más áreas, a causa de un cuadro clínico, enfermedad o
dificultad de etiología conocida y/o reconocible o de
evolución y pronóstico poco favorable, progresivo o
deteriorante y, debidamente evaluado, podrá recibir la

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subvención de que trata este título. En estos casos la
evaluación deberá ser abordada interdisciplinariamente
aplicando los criterios señalados en los artículos 59 y
60.
     Artículo 65.- La función de clasificación y
descripción del proceso de evaluación, se orienta a
identificar capacidades y limitaciones en cada una de las
dimensiones señaladas en el artículo 56 y a obtener datos
que permitan elaborar el perfil de apoyos que el estudiante
requiere para mejorar su funcionamiento individual y
participar en su comunidad.
     El perfil de apoyos considerará la frecuencia, la
intensidad y el tipo de apoyo que el estudiante requiere
para realizar una determinada actividad en los diferentes
ámbitos de funcionamiento y etapa de ciclo vital en que se
encuentre. La evaluación se orienta a identificar el tipo e
intensidad de apoyos y la persona responsable de
proporcionarlos en las siguientes áreas: desarrollo humano,
enseñanza y educación, vida en el hogar, vida en la
comunidad, empleo, salud y seguridad, conductual social,
protección y defensa. Según su intensidad los apoyos
pueden ser intermitentes, limitados, extensos o
generalizados.
     Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, en
el proceso de evaluación se podrán utilizar otros
instrumentos y/o métodos, que permitan enriquecer la
identificación del potencial del o la estudiante y de los
apoyos que es necesario proveerles especialmente tanto en el
contexto escolar, social como familiar.
     Artículo 66.- Los apoyos deberán ser proporcionados
por el profesor o profesora de aula en conjunto con los/las
profesionales especializados. Asimismo, éstos deben ser
facilitados por la familia, la comunidad y por otros
profesionales, según el niño, niña, joven o adulto lo
requiera.
     Artículo 67.- El diagnóstico deberá considerar,
además, los siguientes procedimientos:
a.   Anamnesis.
b.   Examen de salud y revisión de la historia médica del
o la estudiante, en el cual se descarten problemas de
audición, visión u otros que presumiblemente puedan estar
afectando el aprendizaje del niño o niña.
c.   Antecedentes escolares.
d.   Evaluación pedagógica y psicopedagógica de carácter
funcional que aporte información relevante referida al o la
estudiante, al contexto escolar y familiar.
e.   Informe psicológico de funcionamiento intelectual y

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habilidades adaptativas.
f.   Evaluación y determinación del perfil de apoyos en
los contextos educativos, sociales y comunitarios.
     Párrafo 2º
     Discapacidad Visual.
     Artículo 68.- La Discapacidad Visual es una
alteración de la senso-percepción visual, que se puede
presentar en diversos grados y ser consecuencia de distintos
tipos de etiologías. Este déficit se presenta en personas
que poseen un remanente visual de 0.33 o menos en su
medición central y se manifiesta a través de limitaciones
cuantitativas y cualitativas en la recepción, integración
y manejo de la información visual que es fundamental para
el logro de un desarrollo integral armónico y la
adaptación al medio ambiente.
     Se puede presentar como:
a.   Baja visión, consiste en una disminución de la
visión que se presenta de diferentes modos, sin embargo, la
capacidad visual resulta funcional para la vida cotidiana,
ya que aun cuando la dificulta, no imposibilita la
realización de acciones que implican el uso de la
percepción visual mediante la utilización de ayudas
ópticas.
b.   Ceguera, se presenta cuando la visión es menor o igual
a 0.05, considerando siempre el mejor ojo y con la mejor
corrección. Condición que no resulta ser funcional para la
vida cotidiana, por lo tanto, su desempeño se basa en el
uso del resto de los sentidos.
     Artículo 69.- La evaluación diagnóstica debe
considerar procedimientos de detección y derivación y la
evaluación diagnóstica integral. La detección y
derivación por parte de la escuela, es un procedimiento que
debe aplicarse a todos los estudiantes que ingresan al
sistema escolar y debe considerar lo siguiente:
a.   Anamnesis
b.   Observación directa del comportamiento y
funcionamiento del o la estudiante en el   aula y fuera de
ella, cuando corresponda.
c.   Evaluación pedagógica y revisión de antecedentes
escolares, cuando corresponda.
d.   Entrevista a la familia o apoderado del o la estudiante
o al estudiante adulto.
e.   Revisión de evaluaciones previas de otros
especialistas, si existieran.

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f.   Elaboración de informe de derivación a especialista,
cuando corresponda, adjuntando datos relevantes del o la
estudiante y su contexto, familiar, escolar y comunitario.
     La evaluación diagnóstica integral debe considerar la
información aportada por el médico, por la familia o por
el estudiante adulto, los profesores y profesionales de
educación especial. Estos antecedentes darán origen a un
programa de estimulación visual que incluye, además, las
ayudas que son necesarias de incorporar para un mejor
aprovechamiento de la visión que el estudiante posee.
     Su aplicación requiere de la integración y análisis
de la información recogida a través de los siguientes
procedimientos:
a.   Anamnesis.
b.   Examen de salud y revisión de la historia médica del
o la estudiante.
c.   Evaluación oftalmológica y definición de las ayudas
ópticas requeridas para un mejor aprovechamiento de la
visión que el o la estudiante posee, como por ejemplo:
lentes, lupas, telescopios, otras.
d.   Antecedentes escolares.
e.   Evaluaciones que permitan identificar el nivel de
aprendizaje alcanzado en los diferentes subsectores de
aprendizaje. El o la estudiante con discapacidad visual debe
participar del programa de estudio regular con las
adecuaciones curriculares que permitan y aseguren su acceso
y participación.
f.   Evaluación funcional de la visión.
g.   Evaluación psicopedagógica realizada por un profesor
especialista en discapacidad visual o con experticia en esta
discapacidad; que aporte información relevante referida al
o la estudiante, al contexto escolar y familiar.
     Artículo 70.- Para estudiantes con baja visión, se
debe realizar una evaluación funcional de ella que permita
identificar el manejo visual que el estudiante posee:
tamaño de la letra impresa para acceder al código escrito,
identificación de colores, necesidades de mayor o menor
luminosidad, visión central o periférica, entre otros.
     Artículo 71.- Para estudiantes ciegos se debe realizar
una evaluación funcional del desarrollo táctil. Esta
evaluación dará origen a un programa que favorezca el
desarrollo táctil específico para cada estudiante.
     Artículo 72.- Será necesario evaluar el desarrollo de
habilidades que les permitan a los y las estudiantes
orientarse y movilizarse en un espacio, tomando como puntos

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de referencia los estímulos auditivos y táctiles
disponibles en vías de desarrollar un desplazamiento
adecuado y autónomo. Para estos efectos, se deberá evaluar
la capacidad del o la estudiante para localizar la fuente
sonora e identificar su trayectoria utilizando puntos de
referencia como la pared o algún elemento estático dentro
del ambiente donde se desenvuelve y uso de mapas mentales
para aprender un determinado recorrido.
     Párrafo 3º
     Multidéficit.
     Artículo 73.- Se entenderá por multidéficit, en
adelante discapacidades múltiples, la presencia de una
combinación de necesidades físicas, médicas,
educacionales y socio/emocionales y con frecuencia también,
las pérdidas sensoriales, neurológicas, dificultad de
movimientos y problemas conductuales que impactan de manera
significativa en el desarrollo educativo, social y
vocacional.
     Para los efectos de este reglamento la sordoceguera
será considerada como discapacidad múltiple y constituye
una discapacidad con características únicas, que se
caracteriza por la existencia de una discapacidad auditiva y
una discapacidad visual lo suficientemente severas como para
afectar la comunicación, la movilidad y el acceso a la
información y al entorno.
     Artículo 74.- La evaluación integral del estudiante
con discapacidades múltiples es un proceso dinámico,
flexible y funcional que debe basarse en un enfoque
multidisciplinario y global y no sólo en la aplicación de
instrumentos formales o de técnicas específicas aisladas.
     Las escalas e instrumentos de evaluación que se
utilicen deben considerar la edad del o la estudiante, sus
características, necesidades y el tipo de destrezas que se
pretende evaluar, así como el contexto cultural, social e
individual en que éste se desarrolla.
     Los resultados de la evaluación deben señalar los
apoyos y recursos que la persona requiere para alcanzar su
máximo desarrollo y aprendizaje.
     Artículo 75.- La evaluación integral debe considerar,
además de lo dispuesto en el artículo anterior, los
siguientes aspectos:
a.   Anamnesis.
b.   Observación directa del comportamiento y
funcionamiento del o la estudiante en el aula y fuera de
ella, si procede.
c.   Evaluación pedagógica y psicopedagógica de carácter

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funcional.
d.   Entrevista a la familia o apoderado del o la estudiante
o al estudiante adulto.
e.   Revisión de evaluaciones previas de otros
especialistas, si existieran.
f.   Elaboración de informe de derivación a especialista,
cuando corresponda, adjuntando datos relevantes del o la
estudiante y su contexto, familiar, escolar y comunitario.
g.   Evaluación y determinación del perfil de apoyos en
los contextos educativos, sociales y comunitarios.
     Artículo 76.- El proceso de evaluación diagnóstica
integral debe entregar información de tipo cualitativa en
las áreas cognitiva, sensorial, comunicación, motricidad,
habilidades de la vida diaria y socio afectiva. El área
cognitiva evalúa el nivel de comprensión y exploración
que presenta el estudiante sobre su medio ambiente. El área
sensorial evalúa el o los canales sensoriales básicos para
la comunicación y adquisición de los aprendizajes
posteriores. El área comunicación evalúa los aspectos de
expresión y comprensión del estudiante y determina los
medios que utiliza para comunicar sus necesidades, entre
otros aspectos. El área motricidad debe determinar los
patrones motrices que utiliza el estudiante para explorar el
medio y como éstos influyen en la adquisición de los
aprendizajes. El área habilidades de la vida diaria evalúa
si el estudiante es dependiente o independiente en sus
quehaceres rutinarios. En el área socio afectiva se debe
evaluar las relaciones sociales y el interés que presenta
el estudiante por establecerlas.
     El equipo de profesionales deberá seleccionar los
instrumentos destinados a evaluar las distintas áreas que
se encuentran en diferentes escalas de desarrollo. El
Ministerio de Educación impartirá instrucciones generales
respecto de las técnicas de evaluación y los instrumentos
utilizados para medir las diferentes áreas a que se refiere
este artículo.
     Párrafo 4º
     Discapacidad Auditiva.
     Artículo 77.- Desde la perspectiva audiológica, se
considerará discapacidad auditiva a una alteración de la
senso-percepción auditiva en diversos grados y que se
caracteriza por limitaciones cuantitativas y cualitativas de
la recepción, integración y manejo de la información
auditiva, que incide de manera significativa en el
desarrollo y el aprendizaje.
     La discapacidad auditiva no solo considera el grado de
pérdida de la audición de la persona sino también las

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barreras que experimentan en el entorno escolar, familiar,
social y que deben identificarse para asegurar la
participación y aprendizaje escolar.
     Se consideran personas con discapacidad auditiva
aquéllas con hipoacusia (pérdida parcial de la audición)
o con sordera (pérdida severa o total de la audición).
     La evaluación diagnostica integral deberá considerar,
además de la perspectiva audiológica, la perspectiva
socioantropológica, en el sentido que las personas sordas
conforman una comunidad con características, valores y
costumbres propias y que desarrollan una lengua de carácter
viso gestual, esto es, la lengua de señas.
     Serán beneficiarios del incremento de la subvención
de educación especial diferencial a que se refiere este
Título, los estudiantes que presentan una pérdida auditiva
igual o superior a 40 decibeles.
     Artículo 78.- La evaluación diagnóstica debe ser
multidisciplinaria y considerar la detección y derivación
y la evaluación diagnóstica integral.
     La detección y derivación por parte del
establecimiento educacional requiere contar con los
siguientes procedimientos:
a.   Anamnesis.
b.   Observación directa del comportamiento y
funcionamiento del o la estudiante en el aula y fuera de
ella, cuando corresponda.
c.   Evaluación pedagógica y revisión de antecedentes
escolares, si corresponde.
d.   Entrevista a la familia o apoderado del o la estudiante
o al estudiante adulto.
e.   Revisión de evaluaciones previas de otros
especialistas, si existieran.
f.   Elaboración de informe de derivación al especialista,
cuando corresponda, adjuntando datos relevantes del o la
estudiante y su contexto, familiar, escolar y comunitario.
     La evaluación integral debe considerar la información
aportada por el médico, por la familia, por los profesores
y profesionales de educación especial. Su aplicación
requiere de la integración y análisis de la información
recogida, a través de los siguientes procedimientos:
a.   Anamnesis.
b.   Examen de salud y revisión de la historia médica del
o la estudiante, en el cual se determine el grado de
pérdida auditiva, uso y estado de implementación auditiva,

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edad de adquisición de la sordera y etiología.
c.   Antecedentes escolares y evaluación pedagógica.
d.   Evaluación del desarrollo del lenguaje, expresivo y
comprensivo, que los estudiantes muestran a través de
conversaciones, en clases o situación de juegos, entre
otros.
e.   Dominio de la Lengua de Señas, en los casos que
corresponda.
f.   Evaluación psicopedagógica y de carácter funcional
referida al estudiante, al contexto escolar y familiar.
     La evaluación de carácter funcional de la audición
debe identificar el manejo auditivo que el estudiante posee
y, entre otros aspectos, la postura que adopta al escuchar,
si fija la mirada en los labios del interlocutor y mantiene
control visual del entorno, si reacciona a sonidos de
diferentes intensidades y cómo es su respuesta frente a
ellos.
     En el ámbito educativo, la evaluación para el caso de
estudiantes sordos/as usuarios de Lengua de Señas, debe
considerar la participación de personas sordas que utilizan
esta lengua y profesores competentes en ella. En el caso de
estudiantes sordos/as que han desarrollado la vía auditiva
y verbal deberá considerarse la participación de un
fonoaudiólogo y profesores de educación especial, sin
perjuicio de la participación de otros profesionales en el
proceso de evaluación.
     Párrafo 5º
     Disfasia Severa.
     Artículo 79.- La Disfasia Severa o Trastorno Complejo
o Central del Lenguaje es una alteración grave y permanente
de todos los componentes del lenguaje -fonológico,
morfológico, semántico, sintáctico y/o pragmático- y de
los mecanismos de adquisición del sistema lingüístico. Se
caracteriza por un desarrollo atípico de la comprensión o
expresión del lenguaje hablado o escrito y por problemas de
procesamiento del lenguaje y/o de abstracción de la
información significativa, para el almacenamiento de corto
y largo plazo, que afecta de manera significativa la vida
social y escolar de las personas que lo presentan.
     Este trastorno tiene una base etiológica de índole
neurobiológica determinada genéticamente, que no se
explica por déficit sensoriales, cognitivos, neurológicos,
sociales o emocionales.
     Se podrá impetrar la subvención educacional desde el
momento que sea diagnosticada esta discapacidad por los
profesionales competentes.

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     Artículo 80.- La evaluación diagnóstica integral
debe considerar:
a.   Anamnesis y entrevista a la familia.
b.   Evaluación médica y fonoaudiológica que determine el
cumplimiento de los criterios diagnósticos para Trastorno
Complejo o Central del Lenguaje. El proceso de evaluación
diagnóstica integral debe profundizar el estudio de los
siguientes aspectos: Trastorno Léxico - Sintáctico y
Trastorno Semántico Pragmático.
c.   Evaluación pedagógica y psicopedagógica de carácter
funcional, que aporte información relevante referida al
estudiante, al contexto escolar y familiar.
d.   Evaluación de características observadas en el hogar
con informes, entrevistas o videos.
e.   Evaluación y determinación del perfil de apoyos en
los contextos educativos, sociales y comunitarios.
     Párrafo 6º
     Trastorno Autista.
     Artículo 81.- El Trastorno Autista o Trastorno del
Espectro Autista, consiste en una alteración cualitativa de
un conjunto de capacidades referidas a la interacción
social, la comunicación y la flexibilidad mental, que
pueden variar en función de la etapa del desarrollo, la
edad y el nivel intelectual de la persona que lo presenta.
     En el caso de la interacción social, el retraso puede
ir desde la falta de interacción social por dificultad para
comprender situaciones sociales simples, hasta un
aislamiento completo. En el caso de la comunicación, las
alteraciones pueden ir desde una desviación en los aspectos
semánticos y pragmáticos del lenguaje, hasta un lenguaje y
comunicación verbal y no verbal incomprensibles y
desajustadas con el contexto social.
     La flexibilidad contempla desde una rigidez de
pensamiento y conductas ritualistas, estereotipadas y
perseverativas hasta contenidos obsesivos y limitados de
pensamiento y en la ausencia de juego simbólico.
     Se podrá impetrar la subvención educacional desde el
momento que sea diagnosticada esta discapacidad por los
profesionales competentes.
     Artículo 82.- La evaluación diagnóstica debe ser
realizada por un equipo multidisciplinario con experiencia
en trastornos del desarrollo y del espectro autista y debe
considerar lo siguiente:

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a.   Anamnesis y entrevista a la familia.
b.   Evaluación médica que determine el cumplimiento de
los criterios diagnósticos del Trastorno del Espectro
Autista.
c.   Evaluación pedagógica y psicopedagógica que aporte
información relevante referida al estudiante, al contexto
escolar y familiar.
d.   Evaluación de características observadas en el hogar
con informes, entrevistas o videos.
e.   Evaluación y determinación del perfil de apoyos en
los contextos educativos, sociales y comunitarios.
     TÍTULO V
     DEL FRACCIONAMIENTO.
     Artículo 83.- El valor en USE de la subvención de
necesidades educativas especiales de carácter transitorio,
establecida en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1998,
del Ministerio de Educación, considera tanto los montos de
la subvención regular como la fracción destinada a
financiar las acciones y los apoyos especializados que se
requieren en los establecimientos educacionales que educan
estudiantes que las presentan. Por tanto, el fraccionamiento
se refiere sólo a aquella porción que corresponde a los
recursos destinados a la modalidad de Educación Especial,
impartida a través de programas de integración escolar.
     Artículo 84.- Para efectos de impetrar la subvención
de necesidades educativas especiales de carácter
transitorio, los sostenedores de establecimientos de
educación regular, deberán ejecutar un Programa de
Integración Escolar, cumpliendo con lo dispuesto en el
Decreto Supremo Nº 1, de 1998, del Ministerio de Educación
y lo señalado en el presente reglamento.
     Artículo 85.- El Programa de Integración Escolar debe
ser parte del Proyecto Educativo Institucional del
Establecimiento y del Plan Anual de Desarrollo Educativo
Municipal, PADEM, cuando corresponda. Su diseño e
implementación debe estar articulado con el Plan de
Mejoramiento Educativo de la escuela, en el Marco de la
Subvención Escolar Preferencial, que regula la Ley Nº
20.248, si procediere.
     Artículo 86.- Será requisito para la aprobación de
un programa de integración escolar por parte de la
Secretaría Ministerial de Educación respectiva, que su
planificación, ejecución y evaluación contemple la
utilización de la totalidad de los recursos financieros
adicionales que provee la fracción de la subvención de la

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educación especial diferencial o de necesidades educativas
especiales de carácter transitorio en lo siguiente:
a.   Contratación de recursos humanos especializados, de
acuerdo con las orientaciones técnicas que el Ministerio de
Educación definirá para estos efectos. Cuando el programa
de integración escolar es comunal, el tiempo que utilicen
los profesionales para trasladarse de un establecimiento a
otro, cuando realicen los apoyos en distintos
establecimientos, debe ser considerado en la planificación,
de modo de no afectar las horas de trabajo comprometidas en
el convenio por cada grupo de alumnos.
b.   Coordinación, trabajo colaborativo y evaluación del
programa de integración escolar: La planificación de este
aspecto debe considerar las orientaciones técnicas que el
Ministerio de Educación defina en esta materia. Contempla
la asignación de 3 horas cronológicas para los profesores
de educación regular para la planificación, evaluación y
seguimiento de este programa, involucrando en estos procesos
a la familia.
c.   Capacitación y perfeccionamiento sostenido orientado
al desarrollo profesional de los docentes de educación
regular y especial. y otros miembros de la comunidad
educativa, como mínimo una vez al año, con el propósito
de mejorar la calidad de las respuestas educativas a la
diversidad del estudiantado y a las necesidades educativas
especiales.
d.   Provisión de medios y recursos materiales educativos
que faciliten la participación, la autonomía y progreso en
los aprendizajes de los y las estudiantes: equipamientos o
materiales específicos, materiales de enseñanza adaptados,
tecnológicos, informáticos y especializados; sistemas de
comunicación alternativo, aumentativo o complementario al
lenguaje oral o escrito, eliminación de barreras
arquitectónicas de menor envergadura. Estos recursos no se
pueden destinar a la construcción de salas de clases ni a
la compra de vehículos u otras acciones que no estén
directamente vinculadas con el proceso de enseñanza,
aprendizaje de los estudiantes.
     Artículo 87.- Los establecimientos en régimen de
Jornada Escolar Completa Diurna, deberán disponer de un
mínimo de 10 horas cronológicas semanales de apoyo de
profesionales o recursos humanos especializados, por grupos
de no más de 5 alumnos por curso.
     Los establecimientos sin régimen de Jornada Escolar
Completa Diurna, deberán disponer de un mínimo de 7 horas
cronológicas semanales de apoyo de los profesionales o
recursos humanos especializados, por grupos de no más de 5
alumnos por curso.
     Las características de los apoyos a que se refieren
los incisos anteriores y el contexto en los que éstos deben
proveerse se establecerán a través de resolución del

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Ministerio de Educación.
     Lo dispuesto en este artículo se aplicará a los
estudiantes con Trastornos Específicos del Lenguaje
integrados en establecimientos educacionales con Programa de
Integración Escolar.
     Artículo 88.- Los apoyos a que se refiere el artículo
anterior, para el caso de los alumnos con Trastornos
Específicos del Lenguaje, deberán considerar atención
fonoaudiológica, la que deberá realizarse a través de
sesiones individuales o en pequeños grupos de hasta tres
niños o niñas con una duración mínima de 30 minutos cada
una.
     Artículo 89.- El programa de integración escolar
deberá establecer una planificación con los tiempos que
los profesionales competentes destinarán al desarrollo de
las siguientes acciones:
a)   Apoyo a los estudiantes en la sala de clases regular;
b)   Acciones de planificación, evaluación, preparación
de materiales educativos y   otros, en colaboración con el
o los profesores de la educación regular;
c)   Trabajo con el alumno de forma individual o en grupos
pequeños; con la familia; con otros profesionales, y con el
equipo directivo del establecimiento educacional.
     Con todo, el tiempo destinado al apoyo de los
estudiantes en la sala de clases regular no podrá ser
inferior a 8 horas pedagógicas semanales en
establecimientos con jornada escolar completa diurna y de 6
horas pedagógicas semanales en establecimientos sin jornada
escolar completa diurna.
     El pago de la subvención se realizará de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Subvenciones y a la planificación
establecida en el Programa de Integración Escolar.
     Artículo 90.- El Programa de Integración Escolar
deberá contar con un cronograma de adquisición de recursos
didácticos específicos y de ayudas técnicas que permitan
satisfacer las necesidades educativas especiales que
presentan los estudiantes y su respectivo inventario.
     Artículo 91.- El Programa de Integración Escolar debe
establecer sistemas de información y de participación
dirigidos a la familia y/o a los apoderados, de manera de
mantenerlos informados acerca de los progresos y resultados
en los aprendizajes que han alcanzado sus hijos, así como
las metodologías y estrategias de apoyo que se requieren de
la familia.

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     Artículo 92.- El Programa de Integración Escolar debe
contar con un sistema de evaluación y seguimiento por
establecimiento, de las distintas acciones realizadas. Esta
información debe ser sistematizada a través de un "Informe
Técnico de Evaluación Anual", que deberá entregarse al
Departamento Provincial de Educación respectivo, al Consejo
Escolar y estar disponible para las familias de los
estudiantes que presentan necesidades educativas especiales,
a lo menos una vez al año, antes del 30 de enero de cada
año.
     El informe a que se refiere el inciso anterior debe
adjuntar un anexo con información detallada del uso de los
recursos otorgados por concepto de subvención de educación
especial.
     Además, debe incluir facturas, boletas, copia de los
contratos y una planilla de pago de los profesionales
contratados. El Informe debe ser incorporado en la cuenta
pública que deba efectuar el sostenedor del
establecimiento, de conformidad a lo establecido en la Ley
de Subvenciones.
     TÍTULO VI
     DISPOSICIONES FINALES.
     Artículo 93.- Los estudiantes que presentan
necesidades educativas especiales de carácter transitorio,
para los efectos de este reglamento, podrán recibir la
subvención hasta los 21 años de edad, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 10 de este Reglamento.
Excepcionalmente, el Departamento Provincial de Educación
respectivo, podrá autorizar estudiantes de mayor edad de la
modalidad de adultos, cuando éstos presenten dificultades
específicas en el área de la lectura y el cálculo,
conforme lo dispone el párrafo 1º del Título III.
     Artículo 94.- Los establecimientos con programas de
integración escolar podrán incluir por curso un máximo de
2 alumnos con necesidades educativas especiales permanentes
y 5 con necesidades educativas especiales transitorias.
Tratándose de estudiantes sordos, excepcionalmente podrán
incluirse más de 2 alumnos en una sala de clases. Cualquier
otra circunstancia que implique una variación en el número
de alumnos por curso deberá ser autorizada por la
Secretaría Ministerial de Educación correspondiente,
teniendo a la vista los antecedentes e informes de los
equipos multiprofesionales y de los supervisores, según
corresponda.
     Artículo 95.- La planificación de las adaptaciones
curriculares y de los apoyos especializados dirigidas a los
estudiantes que presentan necesidades educativas especiales
de carácter transitorio y permanentes deberán cumplir con
las instrucciones y orientaciones que defina para estos

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efectos el Ministerio de Educación.
     Artículo 96.- Los sostenedores de los
establecimientos, aun cuando desarrollen un programa de
integración escolar en colaboración con una escuela
especial, serán los responsables de dicho programa para
todos los efectos ante el Ministerio de Educación y
deberán impetrar el monto total de la subvención de
Educación Especial diferencial y/o de necesidades
educativas especiales de carácter transitorio.
     Artículo 97.- Las situaciones no previstas en el
presente reglamento, serán resueltas por las Secretarías
Regionales Ministeriales de Educación, dentro de la esfera
de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones que
corresponden a la División de Educación General del
Ministerio de Educación.
     Artículo 98.- Modifíquese el decreto exento Nº
1.300, de 2002, del Ministerio de Educación, en el
siguiente sentido:
a)   Deróguense sus artículos 4º y 7º.
b)   Reemplázase la letra a) del artículo 10 por la
siguiente: "a. Del ingreso: El ingreso de los alumnos a una
escuela especial de lenguaje o a un proyecto de integración
escolar se regirá por lo dispuesto en el Reglamento que
fija normas para determinar los alumnos con necesidades
educativas especiales que serán beneficiarios de las
subvenciones para educación especial.".
     Artículo Transitorio.- Los alumnos diagnosticados con
Trastorno Específico del Lenguaje y que fueron matriculados
en escuelas especiales de lenguaje con anterioridad de la
entrada en vigencia del presente decreto, y que a esa fecha
tenían menos de 3 años, podrán ser beneficiarios de la
subvención de necesidades educativas especiales de
carácter transitorio de que trata dicho decreto, hasta el
término del presente año escolar.                               Decreto 235,
                                                                EDUCACIÓN
                                                                Art. ÚNICO
                                                                D.O. 25.08.2010
     Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Mónica
Jiménez de la Jara, Ministra de Educación.- Andrés
Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.
     Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a
Ud., Cristián Martínez Ahumada, Subsecretario de
Educación.
     CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
     División Jurídica

Decreto 170, EDUCACIÓN (2009)
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Cursa con alcances el decreto Nº 170, de 2009, del
Ministerio de Educación
     Santiago, 13 de abril de 2010.
     Nº 19.063.- Esta Contraloría General ha tomado razón
del decreto individualizado en la suma, que fija normas para
Determinar los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales
que serán Beneficiarios de las Subvenciones para Educación
Especial, por ajustarse a derecho.
     No obstante, es necesario hacer presente, en primer
lugar, que no resulta pertinente la cita que se efectúa en
sus vistos a la ley Nº 19.284 -que establece normas para la
Integración Social de las Personas con Discapacidad-,
comoquiera que dicho texto legal fue derogado por la ley Nº
20.422 -que establece normas sobre Igualdad de Oportunidades
e Inclusión Social de Personas con Discapacidad-, y que los
preceptos que por disposición de este último texto legal
se mantienen vigentes, no resultan pertinentes en la
especie.
     Enseguida, en relación con lo dispuesto en el inciso
cuarto de su artículo 11, cumple con hacer presente que
esta Contraloría General entiende que los aportes que pueda
realizar la familia del alumno o alumna para financiar la
evaluación diagnóstica que dicho precepto contempla,
tienen el carácter de voluntarios respecto de sus
aportantes.
     Del mismo modo, cabe manifestar que los requisitos que
se establecen en su artículo 17, contemplados en las leyes
Nºs. 20.370 y 20.244, deben entenderse exigibles
únicamente respecto de aquellos profesionales a quiénes se
refieren dichos textos legales.
     A continuación, es útil precisar que lo dispuesto en
su artículo 25 en cuanto a que, en el caso que indica, la
subvención de necesidades educativas especiales
transitorias podrá percibirse "una vez concluido el primer
año de educación general básica", debe entenderse en el
sentido de que para tal efecto basta con finalizar dicho
año escolar, independientemente de la aprobación o
reprobación del mismo.
     Asimismo, en relación con lo preceptuado en su
artículo 36, esta Contraloría General entiende que las
dificultades del lenguaje que no serán consideradas como
"trastorno específico del lenguaje", para los fines de que
se trata, son aquellas que derivan de otro déficit o
discapacidad cuyo diagnóstico se encuentre regulado en el
instrumento en estudio.
     Por otra parte, en cuanto a lo dispuesto en su
artículo 48, cabe señalar que lo que allí se dispone es
sin perjuicio de que la respectiva subvención pueda
también percibirse cuando el estudiante asista a un
establecimiento de educación especial, y se cumplan, por
cierto, los demás requisitos exigidos por el ordenamiento
jurídico para tal efecto.
     Además, es pertinente manifestar que todas aquellas
disposiciones que aluden al ingreso de los alumnos a los
establecimientos de educación especial o a programas de
integración de educación regular, contenidas en los
artículos 21, 35 y 98 del acto administrativo en examen,

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deben entenderse referidas a la percepción de la respectiva
subvención, y no al derecho a asistir a tales
establecimientos o a cursar dichos programas.
     Finalmente, es dable manifestar que el diagnóstico de
discapacidades practicado por los profesionales que se
indican en el decreto en estudio, es sin perjuicio de las
facultades que la mencionada ley Nº 20.422, otorga a las
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, y de los
certificados que ellas emitan.
     Con los alcances que anteceden, se cursa el documento
del epígrafe.
     Saluda atentamente a Ud., Ramiro Mendoza Zúñiga,
Contralor General de la República.
Al señor
Ministro de Educación
Presente.


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Ley 20201
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Ley 20201
MODIFICA EL DFL Nº 2, DE 1998, DE EDUCACION, SOBRE SUBVENCIONES A
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y OTROS CUERPOS LEGALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fecha Publicación: 31-JUL-2007 | Fecha Promulgación: 06-JUN-2007
Tipo Versión: Única De : 31-JUL-2007
Url Corta: https://bcn.cl/2sdbn
LEY NUM. 20.201
MODIFICA EL DFL Nº 2, DE 1998, DE EDUCACION, SOBRE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES Y OTROS CUERPOS LEGALES
     Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al
siguiente
     Proyecto de ley:
     "Artículo 1º.- Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del
Ministerio de Educación, en el siguiente sentido:
     1.- Agrégase, en la letra a) del artículo 6º, a continuación del guarismo
"21º" y antes de la expresión "de la ley Nº 18.962;" el guarismo "y 21° bis".
     2.- En el artículo 9º:
     a) Sustitúyese, en el inciso primero, el apartado "Educación General Básica
Especial Diferencial 4,8216" por el de "Educación Especial Diferencial 4,8216".
     b) Intercálase, en el inciso primero, entre el nuevo apartado "Educación
Especial Diferencial 4,8216" y el apartado "Educación Media Humanístico Científica
1,7631", un nuevo apartado denominado "Necesidades Educativas Especiales de Carácter
Transitorio 4,8216".
     c) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto,
séptimo y octavo, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser noveno y así
correlativamente:
     "Para los efectos de esta ley, se entenderá por Necesidades Educativas
Especiales de Carácter Transitorio, aquellas no permanentes que requieran los
alumnos en algún momento de su vida escolar a consecuencia de un trastorno o
discapacidad diagnosticada por un profesional competente, y que necesitan de ayudas y
apoyos extraordinarios para acceder o progresar en el currículum por un determinado
período de su escolarización. El Reglamento determinará los requisitos,
instrumentos o pruebas diagnósticas para establecer los alumnos con necesidades
educativas especiales que se beneficiarán de la subvención establecida en el inciso
anterior, debiendo primero escuchar a los expertos en las áreas pertinentes. Con
todo el Reglamento considerará entre otras discapacidades a los déficit
atencionales y a los trastornos específicos del lenguaje y aprendizaje.
     Se entenderá por profesional competente, el idóneo que se encuentre inscrito
en la Secretaría Ministerial de Educación respectiva. En todo caso, será inhábil

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para realizar diagnósticos de ingresos y egresos, el profesional que tenga la
calidad de sostenedor de una escuela especial o de un establecimiento con proyectos
de integración o el cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, de un sostenedor de los mismos
establecimientos.
     Se cancelará la inscripción, en la Secretaría Regional Ministerial de
Educación, del profesional que efectúe diagnósticos con clara intención
fraudulenta destinada a obtener la subvención, sin perjuicio de las acciones
judiciales que correspondan.
     Será considerada infracción grave a esta ley, el uso de parte del sostenedor
de un diagnóstico fraudulento para obtener la subvención de que trata este
artículo.
     En caso de discrepancia, controversia o apelación, serán los profesionales del
Ministerio de Educación, en consulta con organismos auxiliares competentes, los que
deberán decidir en última instancia.
     Lo dispuesto en los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto de este artículo
será aplicable a los diagnósticos de los alumnos que perciban la subvención de
Educación Especial Diferencial.
     El monto de subvención para alumnos de Educación Especial Diferencial y/o con
Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio fijado en el inciso
primero, cuando se trate de alumnos atendidos en la enseñanza regular, podrá
fraccionarse y pagarse en relación a las horas de atención que efectivamente
requiera el alumno para la superación de su déficit, de acuerdo a lo establecido en
el reglamento correspondiente. En las escuelas de educación especial que desarrollen
en su totalidad el plan y programas de estudio correspondiente, en ningún caso se
aplicará este fraccionamiento.".
     d) Sustitúyese, en el inciso cuarto, que pasa a ser undecimo, la expresión
"educación general básica especial diferencial" por la de "educación especial".
     e) Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso sexto, que pasa a
ser décimotercero:
     uno) Reemplázase la frase "considerados de educación especial diferencial" por
la de "considerados de educación especial", y
     dos) Sustitúyese la frase "subvención de la Educación General Básica
Especial Diferencial." por la de "subvención de la Educación Especial Diferencial o
subvención de Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio, según
corresponda.".
     f) Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso séptimo que ha
pasado a ser inciso décimocuarto:
     uno) Sustitúyese la frase "considerados de educación especial diferencial" por
la de "considerados de educación especial", y
     dos) Reemplázase la frase "subvención general básica especial diferencial"
por la de "subvención de la Educación Especial Diferencial o subvención de
Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio, según corresponda.".
     3. Sustitúyese el inciso primero del artículo 9º bis, por los siguientes:
     "Artículo 9° bis.- Sin perjuicio de lo establecido en las tablas del artículo

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precedente, los establecimientos que atiendan alumnos con discapacidad visual,
auditiva, disfasia severa, trastorno autista, deficiencia mental severa o con
multidéficit, que de acuerdo a las necesidades educativas especiales de dichos
alumnos deban ser atendidos en cursos de no más de ocho estudiantes, percibirán por
ellos un incremento de la subvención establecida en el artículo anterior, en 4,00
Unidad de Subvención Educacional (USE), y en 4,51 Unidad de Subvención Educacional
(USE) si se encontraren adscritos al sistema de Jornada Escolar Completa Diurna, el
que se pagará conforme a las normas generales establecidas para los montos de
subvención señalados en el artículo 9º.
     El reglamento determinará los requisitos, instrumentos o pruebas diagnósticas
para establecer los alumnos con discapacidades que se beneficiarán de lo dispuesto
en el inciso anterior, debiendo primero escuchar a los expertos en las áreas
pertinentes.".
     4. Sustitúyese, en el inciso cuarto del artículo 14, la expresión "Educación
General Básica Especial Diferencial" por la siguiente "Educación Especial".
     5. Intercálase, en el inciso primero del artículo 23, entre las expresiones
"educación general básica diurna", y la frase "y de educación media diurna", la
expresión ", educación especial".
     6. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 36, la expresión
"educación general básica especial diferencial" por la siguiente: "educación
especial".
     7. En el artículo 37:
     a) Sustitúyese, en el inciso primero el apartado "Educación Básica Especial
Diferencial 1,5674", por el de "Educación Especial Diferencial 1,5674".
     b) Agrégase, en el mismo inciso primero, entre el nuevo apartado "Educación
Especial Diferencial 1,5674" y el apartado "Educación Media Humanístico-Científica
0,5792", el nuevo apartado "Necesidades Educativas Especiales de Carácter
Transitorio 1,5674".
     8. En el artículo 41:
     a) Sustitúyese, en el inciso primero, el apartado "Educación General Básica
Especial Diferencial $ 1.353" por el de "Educación Especial Diferencial $ 1.353".
     b) Intercálase, en el mismo inciso primero, entre el nuevo apartado "Educación
Especial Diferencial $ 1.353 " y el apartado "Educación Media Científica-Humanista
$ 561", el nuevo apartado "Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio
$ 1.353".
     c) Sustitúyese, en el inciso segundo, el apartado "Educación General Básica
Especial Diferencial $ 2.374" por el de "Educación Especial Diferencial $ 2.374".
     d) Agrégase, en el mismo inciso segundo, entre el nuevo apartado "Educación
Especial Diferencial $ 2.374" y el apartado "Educación Media Científico-Humanista $
985", el nuevo apartado "Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio $
2.374".
     e) Sustitúyese, en el inciso sexto, el apartado "Educación General Básica
Especial Diferencial $ 2.516,44" por el de "Educación Especial Diferencial $
2.516,44".
     f) Intercálase, en el mismo inciso sexto, entre el nuevo apartado "Educación

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Especial Diferencial $ 2.516,44" y el apartado "Educación Media Científico-
Humanista $1.044,10", el nuevo apartado "Necesidades Educativas Especiales de
Carácter Transitorio $ 2.516,44".
     9. En el artículo quinto transitorio:
     a) Sustitúyese, en el inciso segundo, el apartado "Educación Básica Especial
Diferencial 0,0813 USE" por el de "Educación Especial Diferencial 0,0813 USE".
     b) Agrégase, en el mismo inciso segundo, a continuación del nuevo apartado
"Educación Especial Diferencial 0,0813 USE", el nuevo apartado "Necesidades
Educativas Especiales de Carácter Transitorio 0,0813 USE".
     Artículo 2º.- Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, en el artículo 16
de la ley Nº 19.410, pasando el actual tercero a ser cuarto y final:
     "En la evaluación de desempeño de las escuelas especiales que no cuenten con
información de niveles de logro provenientes de la aplicación del sistema de
medición de la calidad de la educación del artículo 19 de la ley Nº 18.962, no se
considerarán los factores establecidos en las letras a) y b) de este artículo,
debiendo redistribuirse proporcionalmente los porcentajes asignados en el reglamento
para estos factores en los porcentajes asignados por el mismo reglamento a los
factores c), d), e) y f) del mismo artículo.".
     Artículo 3°.- Reemplázase el artículo 31 de la ley 19.284, por el siguiente:
     "Artículo 31.- A los alumnos y alumnas del sistema educacional de enseñanza
pre básica, básica o media que padezcan de patologías o condiciones
médico-funcionales que requieran permanecer internados en centro especializados o en
el lugar que el médico tratante determine o que estén en el tratamiento médico
ambulatorio, el Ministerio de Educación les proporcionará la correspondiente
atención escolar en el lugar que por prescripción médica deban permanecer, la que
será reconocida para efectos de continuación de estudios y certificación de
acuerdo con las normas que establezca ese Ministerio.".".
     Habiéndose rechazado el requerimiento interpuesto en su contra, y por cuanto he
tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto
como Ley de la República.
     Santiago, 6 de junio de 2007.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la
República.- Yasna Provoste Campillay, Ministra de Educación.- Andrés Velasco
Brañes, Ministro de Hacienda.
     Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Pilar
Romaguera Gracia, Subsecretaria de Educación.


